El Gobierno de Javier Milei desmanteló el programa de cuidados paliativos del Instituto Nacional del Cáncer (INC), lo que despertó un gran revuelo entre los trabajadores sanitarios que mantienen, desde hace meses, un conflicto abierto con la actual conducción nacional por las políticas de ajuste en el ámbito de la salud.
La noticia fue revelada por la médica, Mariana Pechenik, referente del área en cuestión, quien denunció a través de sus redes sociales que, con esta medida, se afectará gravemente la atención de los pacientes que padecen cáncer en el país, particularmente en las provincias más empobrecidas.
En ese sentido, Pechenik, que trabajó en el ámbito de los cuidados paliativos durante años, expresó su profundo pesar al señalar que el programa, que supo ser un pilar en la formación de recursos humanos especializados y en el tratamiento del dolor a nivel nacional, fue gravemente desmantelado.
“Los cuidados paliativos argentinos estamos de luto”, describió la médica en su publicación, a través de la cual detalló que el programa no solo ofrecía becas y formación para profesionales del área, sino que también suministraba morfina y metadona a las 24 jurisdicciones del país para apoyar el tratamiento del dolor severo por cáncer.
La profesional de la salud explicó que la medida de recorte incluye la suspensión de las compras de opioides, como la morfina y la metadona, que son esenciales para el tratamiento del dolor en pacientes con cáncer. Además, Pechenik denunció la desvinculación de seis de los ocho integrantes del equipo de trabajo del INC, lo que dejó al programa prácticamente sin personal calificado.
“Causa: recorte. Consecuencias: aumento de la prevalencia del cáncer, aumento de los padecimientos asociados a la enfermedad, más pacientes sin recibir atención de personal calificado en cuidados paliativos ni alivio del dolor”, señaló la especialista.
La denuncia de Pechenik también puso en evidencia la gravedad de la situación al asegurar que el Instituto Nacional del Cáncer, junto con la Asociación Argentina de Cuidados Paliativos e institutos privados de formación, había estado trabajando arduamente para superar la falta de conocimiento sobre esta área en el sistema de salud argentino. “Esta política nacional es un descuido profundo a nuestros derechos humanos”, advirtió.
Organizaciones médicas alertan sobre el impacto del ajuste en pacientes con cáncer
El desmantelamiento del sistema de cuidados paliativos y la interrupción de la entrega de medicación oncológica se enmarcan en un contexto de recortes más amplios en el sector salud. Al respecto, la Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa) también alertó sobre las consecuencias del ajuste que pesa sobre otros programas, como la suspensión de la entrega de medicamentos oncológicos desde principios de 2024.
En este marco, la interrupción de la atención de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), que fue disuelta bajo el pretexto de una reorganización, ha sumado más dificultades para los pacientes que dependen de estos tratamientos.
La falta de respuestas de la Dadse ha provocado serias demoras en la provisión de medicación, lo que, según denuncian desde Fesprosa, derivó en al menos 60 muertes hasta la fecha.
Asimismo, la organización médica destacó que la disolución de la Dadse no fue simplemente una reestructuración administrativa, sino una maniobra que podría haber buscado eludir un fallo judicial. El gremio exige que el actual Ministro de Salud, Mario Lugones, cumpla con la medida cautelar dictada por el juez Marcelo Bruno Dos Santos, que obligaba al Gobierno a reestablecer la atención y la entrega de medicamentos.
Por su parte, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) informó que el INC sufrió una subejecución de su presupuesto de un 55% en 2024, lo que compromete tanto la atención actual como el futuro de las políticas oncológicas en el país. Las organizaciones médicas y de derechos humanos han manifestado su preocupación por el impacto a largo plazo de estas medidas, que afectan especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Por su parte, la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos (AAMyCP) ha expresado su alarma por la falta de respuestas oficiales ante los recortes y la interrupción de los programas. La organización señaló que este vaciamiento pone en peligro avances importantes en políticas como la Ley de Oncopediatría, aprobada en 2022, cuya implementación depende de una adecuada asignación de recursos.
Finalmente, esta situación escaló en una fuerte reacción por parte de los trabajadores de la salud, quienes han convocado a una marcha para el próximo 27 de febrero. El objetivo de esta manifestación es visibilizar el descontento frente a lo que consideran un abandono estatal del sistema público de salud y su preocupación por el impacto de los recortes no solo en los pacientes con cáncer, sino en el sistema sanitario en su conjunto.
