Los judiciales bonaerenses aceptaron este viernes por amplía mayoría la oferta salarial del 7% a cobrar en dos tramos que presentó el Ejecutivo provincial, a cargo de Axel Kicillof, a la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).
Según detallaron desde el gremio, la oferta fue aceptada por las departamentales de San Martín, La Matanza, La Plata, Mercedes, Lomas de Zamora, Necochea, Quilmes, Morón, San Isidro, Trenque Lauquen, Avellaneda-Lanús, Zárate Campana, Azul, Pergamino, Mar del Plata y Bahía Blanca, mientras que por el rechazo lo hicieron las departamentales de Dolores, Junín, Moreno, General Rodríguez y San Nicolás.
Vale recordar que, la administración de Axel Kicillof propuso una suba del 7% en dos tramos, bajo el mismo esquema que ofreció al resto de los regímenes estatales. El aumento contempla un 5% correspondiente a julio y un 2% a cobrar en agosto, ambos calculados sobre los salarios de junio, además del compromiso de retomar las conversaciones paritarias en septiembre próximo.
El Gobierno bonaerense también incluyó en la oferta la implementación completa del esquema de actualización de las subcategorías que las partes acordaron en negociaciones anteriores. El proceso comenzó en mayo pasado con la subcategoría E, continuó con los porcentajes correspondientes a las categorías A, B, C y D, y concluirá con el pago de los salarios de este mes.
La implementación del esquema tendrá como último paso el pago de la subcategoría A1 a los empleados judiciales con más de 30 años de antigüedad. No obstante, el gremio sostiene otros reclamos ante el Estado provincial y la Suprema Corte bonaerense, entre ellos la cobertura de vacantes y la creación de nuevos cargos.
De hecho, el sindicato que conduce Hugo Russo llegó a la última reunión con la expectativa de discutir estos reclamos que sostienen desde hace meses, al considerar que la falta de personal profundiza la sobrecarga laboral en numerosas dependencias judiciales y afecta las condiciones en las que los empleados desarrollan sus tareas.
Por otro lado, el antecedente de acuerdo más cercano ocurrió durante el primer trimestre de 2026, cuando las asambleas de las 20 departamentales aprobaron por amplia mayoría un incremento acumulado del 9%. Aquel esquema incluyó un 1,5% liquidado en febrero, un 5% correspondiente a marzo y un 2,5% previsto para abril, además de una instancia posterior de monitoreo salarial.
A pesar de la aceptación de aquella propuesta, la AJB mantuvo sus planteos ante la Suprema Corte bonaerense por la situación de los trabajadores con menor antigüedad, y la incorporación de jubilados y pensionados al Acuerdo 4093 de subcategorías. Ante la falta de respuestas, las asambleas facultaron a la conducción provincial del gremio a definir eventuales medidas de fuerza para exigir avances concretos en ambas demandas.
En medio de la tensión salarial, los reclamos pendientes de los judiciales bonaerenses
A pesar de que los judiciales bonaerenses aceptaron la propuesta salarial de Kicillof, la AJB mantiene abierta su agenda de reclamos ante la Suprema Corte provincial. El conflicto alcanzó uno de sus puntos más tensos en el mes de abril, cuando el gremio encabezó dos jornadas provinciales de protesta por la falta de respuestas del máximo tribunal.
La primera medida tuvo lugar el 8 de abril e incluyó asambleas, recorridas y acciones de visibilización en los 20 departamentos judiciales. Una semana después, la organización que conduce Hugo Russo convocó a un paro de actividades y al retiro de los lugares de trabajo para exigir mejoras en la carrera judicial, los salarios y las condiciones laborales.
Entre sus principales demandas, la AJB reclamó la implementación integral del esquema de subcategorías, la cobertura de vacantes y la creación de nuevos cargos para reducir la sobrecarga laboral, aunque estos dos últimos pedidos todavía continúan vigentes. A su vez, el sindicato planteó la necesidad de sancionar una Ley de Paritarias, conformar una mesa técnica de carrera judicial y atender los problemas edilicios y de seguridad en las dependencias.
Tras las medidas de fuerza, las autoridades gremiales se reunieron con Sergio Torres, quien acababa de asumir la presidencia de la Suprema Corte, y lograron la creación de una mesa de trabajo para analizar la carrera administrativa del personal, una decisión que permitió contener parcialmente el conflicto por las condiciones laborales.
