Con la intención de promover la medida de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, el senador del PRO, Guillermo Montenegro, presentó un proyecto de ley para adecuar la normativa bonaerense al nuevo Régimen Penal Juvenil, sancionado por el Congreso el pasado febrero, con el que se bajó la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
El texto, que cuenta con 34 páginas, apunta a reordenar la mayoría de los artículos del sistema de responsabilidad juvenil de la provincia de Buenos Aires para que coincidan con el régimen establecido por la Ley 27.801, uno de los caballitos de batalla que Milei logró aprobar en el Congreso durante el período extraordinario.
“La sanción de la Ley 27.801 marca un avance considerable en materia del régimen penal juvenil. Esto marca la transición de una visión puramente tutelar del menor a una de responsabilidad penal respecto de los delitos cometidos, con amplia participación de la víctima y responde a la necesidad de actualizar la legislación vigente para hacer frente a los cambios socioculturales que han tenido lugar en las últimas décadas”, consideró el exintendente de Mar del Plata.
En este sentido, Montenegro aclaró que su iniciativa no viene a derogar por completo la ley bonaerense vigente (N° 13.634), sino que se orienta a “reconfigurarla” mediante la sustitución e incorporación de artículos, respetando su estructura y numeración original. Justamente, uno de los cambios es la baja de la imputabilidad a 14 años, uno de los pilares del Régimen Penal Juvenil de Milei.
“Se viene registrando un crecimiento en los casos de delitos cometidos por menores, ya sea individualmente o instigados o coordinados por mayores que buscaban aprovecharse de la situación de inimputabilidad para delinquir con impunidad. Estos no se han limitado a hurtos, habiéndose reportado casos de delitos graves tales como el robo agravado por el uso de armas, tortura y homicidio agravado, destacándose el uso de menores por parte de organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico”, alegó Montenegro en los fundamentos de la iniciativa.
Los puntos clave del Régimen Penal Juvenil bonaerense de Montenegro
Para establecer la baja de edad de imputabilidad, el proyecto modifica el artículo 32 de la Ley 13.634 con el objeto de que el régimen “sea aplicable a las personas adolescentes desde los catorce años de edad hasta las 0 horas del día en que cumplan 18 años, imputadas de delito en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro”.
Otro punto importante del texto que ingresó Montenegro es la reforma del artículo 18, que actualmente estipula la integración del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil. En rasgos generales, el proyecto le cede el control de este régimen a los “jueces, fiscales, defensores y órganos con capacitación especializada en el trato con jóvenes en conflicto con la ley penal”.
El articulado también propone dejar en claro la naturaleza del nuevo régimen, el cual buscará “fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”, como así también “procurar que supere el riesgo social y la conflictividad puesta en evidencia en la comisión del delito”.
Asimismo, Montenegro cambia la manera de verificar la edad del menor. Antes se hacía con los títulos de estado correspondientes o con un dictamen pericial efectuado por un forense. Ahora, se tendrá en cuenta la edad al momento de la comisión del hecho, se acreditará con DNI, partidas de los Registros correspondientes o cualquier otro documento que permita determinarla y, en caso de que los informes no resultaran concluyentes, se presumirá la minoría de edad.
La propuesta cuenta con derogaciones. El documento libertario pide suprimir el artículo 36, que garantiza que el niño juzgado goce de derechos reconocidos a los mayores, como ser informado de los motivos de la investigación, y el artículo 39, que prohíbe a los organismos administrativos con funciones de policía llevar antecedentes sobre los delitos atribuidos a niños.
A diferencia de la normativa actual, que expone que los agentes fiscales podrán no iniciar la persecución al niño cuando consideren una mejor solución del conflicto jurídico, la normativa de Montenegro expone que el Ministerio Público Fiscal solo podrá prescindir del ejercicio de la acción penal cuando el delito tenga una pena máxima menor a 6 años, siempre y cuando el hecho no contemple la muerte de la víctima o una grave violencia física.
También, el senador libertario propone una regulación más estricta de medidas cautelares, que incluye prohibiciones de salir del país y de contacto con determinadas personas dictadas por un juez, arresto domiciliario, y prisión preventiva solo por riesgo de fuga. Además, apunta a un refuerzo en la protección de la víctima, que contará con asistencia psicológica, patrocinio jurídico gratuito y, si es de su interés, participación en mediación con el adolescente imputado.
Por último, el marco normativo apunta a que la privación de la libertad sea el último recurso a aplicar y por el tiempo más breve posible. La encarcelación deberá ser cumplida en establecimientos exclusivos y especializados para adolescentes con actividades sociopedagógicas obligatorias. Bajo ningún punto de vista se podrá imponer una pena perpetua y la condena máxima para adolescentes será de 15 años.
