El Gobierno bonaerense promulgó hoy una ley que crea el Registro Único de Trabajadores Estatales y Estudiantes que hayan sido víctimas de asesinato o desaparición durante la dictadura cívico-militar, que tuvo lugar en Argentina entre 1974 y 1983.
La Ley 15.204, que fue sancionada por la Legislatura bonaerense el 5 de noviembre pasado y se publicó este jueves en el Boletín Oficial, establece que "todos los organismos provinciales así como los establecimientos del sistema educativo deberán, en un plazo no mayor a 90 días, presentar la lista de personas asesinadas y/o desaparecidas, registradas en sus diferentes archivos".
En ese sentido, el Registro Único de Trabajadoras y Trabajadores Estatales y de Estudiantes funcionará en el organismo que el Poder Ejecutivo determine como autoridad de aplicación, que deberá constatar la información recibida y notificar a los familiares directos de las los detenidos o desaparecidos, quienes podrán oponerse a que el nombre de su familiar sea exhibido.
En todas las dependencias, instituciones estatales y establecimientos del Sistema Educativo Provincial deberá colocarse en la entrada del inmueble, a la vista de los visitantes y trabajadores del mismo, una o varias placas identificatorias para homenajear a quienes desempeñaban tareas en ese organismo.
Bajo ese contexto, la iniciativa que se presentó en la Cámara baja el 24 de marzo y aprobada en el Senado el 5 de noviembre, sostiene que las las placas contarán con una foto, apellido, nombre, tarea desempeñada u ocupación, curso lectivo en caso de estudiantes y fecha de desaparición.
Como informó Diputados Bonaerenses, este proyecto fue propuesto por el diputado provincial mandato cumplido por Unidad Ciudadana, y actual subsecretario de Asuntos Municipales de la provincia de Buenos Aires, Santiago Révora.
El funcionario señaló que el objetivo es realizar un "reconocimiento público y laboral a todos aquellos compañeros que durante la época previa y durante la dictadura sufrieron apremios ilegales, desapariciones, tortura y muerte".
Asimismo, Révora aclaró que la normativa que fue promulgada este jueves "viene a complementar la Ley 13.584, que obliga al Estado provincial a identificar a los Centros Clandestinos de Detención en el ámbito de la provincia".