Con el conflicto laboral de Lustramax aún sin resolverse y luego de varios fallos judiciales favorables para los casi 30 trabajadores despedidos de la planta en enero de este año, un grupo de exempleados anunció una nueva protesta para este viernes frente al barrio donde reside la senadora bonaerense de La Libertad Avanza, Florencia Arietto, a quien responsabilizan por impedir la reincorporación dictada por la Justicia de un delegado gremial.
Según dejaron trascender los trabajadores despedidos de la empresa que elabora productos de limpieza, artículos descartables, bazar y papelería, esta tarde realizarán una movilización a la intersección de la ruta 197 y Alejandro Vitale, el ingreso al barrio San Carlos de Pablo Nogués donde reside la propia Arietto. Allí, familiares de exempleados de Lustramax, estudiantes y vecinos del distrito bonaerense de Malvinas Argentinas protestarán a casi seis meses del inicio del conflicto, y denunciarán que la empresa aún incumple la resolución judicial dictada en marzo que ordenó la reincorporación inmediata de los obreros cesanteados.
En tanto, el delegado gremial Leandro Gómez explicó que la movilización de los trabajadores de Lustramax tiene como principal objetivo visibilizar el incumplimiento del fallo judicial. El conflicto comenzó a mediados de enero, cuando la empresa despidió a 29 trabajadores, una decisión que dio lugar a protestas, acampes y distintas instancias judiciales que todavía mantienen enfrentadas a las partes.
En este sentido, la figura de Arietto volvió a quedar en el centro de la polémica por su intervención en el conflicto y su defensa a la postura de la empresa. En enero de este año, la diputada nacional del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, la había calificado como “la dueña de la patota“, y meses después se viralizaron imágenes en las que la senadora libertaria aparecía empujando a trabajadores para impedirles el ingreso a la planta de Lustramax, incluso horas después de que la Justicia dictara la resolución que les permitía regresar a sus puestos de trabajo.
La protesta en las inmediaciones del hogar de la senadora bonaerense también ocurre pocos días después de que los trabajadores denunciaran penalmente a Arietto por presunta desobediencia judicial y persecución sindical, luego de su incorporación como abogada de la empresa. Además, la asociación civil Nace un Derecho presentó una denuncia ante el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora por publicaciones de la legisladora en redes sociales contra abogados laboralistas que respaldaron a los despedidos de Lustramax.
De acuerdo con la presentación judicial impulsada por los operarios, el conflicto se agravó luego de que el Tribunal de Trabajo N.º 7 de Pilar ordenara la reinstalación inmediata del delegado gremial Leandro Gómez. Los trabajadores sostienen que Arietto se presentó en los portones de la fábrica para impedir físicamente su ingreso y bloquear el cumplimiento de la resolución judicial, un episodio que, según denunciaron, estuvo acompañado por la presencia de efectivos de la Gendarmería Nacional sin una orden del fiscal interviniente.
En ese contexto, Gómez aseguró que actualmente cuenta con tres fallos favorables y con pedidos de aplicación de astreintes por el incumplimiento de la empresa, al tiempo que afirmó que las denuncias penales promovidas por Lustramax contra los trabajadores que protestaron tras los polémicos despidos fueron archivadas por la Justicia al considerar que se trata de un conflicto estrictamente laboral y no de un hecho de naturaleza penal.
Por último, los trabajadores adelantaron que profundizarán la campaña nacional y regional a través de asambleas abiertas, colectas para sostener el fondo de lucha y caravanas junto a organizaciones sindicales, sociales, políticas y estudiantiles, e insistieron en que el conflicto de Lustramax constituye un antecedente de lo que consideran un “ensayo de la reforma laboral” que combina despidos masivos, conflictos por la representación sindical y cuestionamientos al cumplimiento de resoluciones judiciales.
Lustramax: un conflicto que se profundiza y suma a Arietto como protagonista
El conflicto en Lustramax comenzó el 13 de enero de este mismo año, cuando la empresa despidió a 29 trabajadores de su planta de Tortuguitas, entre personal efectivo y empleados en período de prueba. La decisión derivó en protestas, un corte sobre la autopista Panamericana y denuncias por deudas salariales, atrasos en los aportes a la obra social y la utilización de un Proceso Preventivo de Crisis presentado días antes por la firma para justificar las cesantías, pese a que los balances de los últimos años reflejaban un crecimiento patrimonial.
Diez días más tarde, el conflicto ingresó en una nueva etapa judicial luego de que Lustramax solicitara el desalojo del acampe instalado frente a la planta. En ese marco, los trabajadores denunciaron que la empresa buscaba desarticular la organización sindical con cartas documento, restricciones de ingreso y pedidos de destitución de delegados, mientras que los representantes gremiales sostuvieron que las medidas respondían al intento de recuperar derechos laborales perdidos tras años de organización interna.
A inicios de febrero, el conflicto llegó a la Legislatura bonaerense. Las senadoras de Unión por la Patria Mónica Macha y Laura Clark presentaron un proyecto para expresar solidaridad con los despedidos y cuestionaron que la empresa hubiera desconocido la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo provincial, que ordenaba la reincorporación de los trabajadores, incluidos dos delegados con fueros gremiales.
Por su parte, la senadora libertaria Arietto tomó una posición pública en defensa de la empresa. A través de sus redes sociales criticó la decisión del Ministerio de Trabajo de extender la conciliación obligatoria, afirmó que los trabajadores “obstaculizaban el funcionamiento normal de la planta“, y sostuvo que el conflicto evidenciaba problemas estructurales del sistema laboral argentino, en el marco del debate por la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.
Con el correr de los meses, Arietto profundizó su involucramiento en el conflicto al asumir la representación legal de Lustramax. Según denunciaron los trabajadores, la legisladora actuó en defensa de la empresa durante el proceso judicial y fue señalada por impedir el cumplimiento de resoluciones que ordenaban la reinstalación del delegado sindical Leandro Gómez, situación que derivó en denuncias penales por presunta desobediencia judicial y persecución sindical, además de presentaciones ante el Colegio de Abogados.
En este escenario, los trabajadores sostienen que el conflicto trascendió el ámbito de la fábrica y se convirtió en un caso emblemático del debate sobre los derechos laborales y la reforma impulsada por el Gobierno nacional. Por esa razón, además de mantener el reclamo por la reincorporación de los despedidos, los trabajadores resolvieron trasladar las protestas a distintos ámbitos institucionales y políticos, entre ellos la puerta del barrio donde reside Arietto, a quien responsabilizan por respaldar la estrategia empresarial durante todo el conflicto.
