Este viernes, la diputada bonaerense del Unión por la Patria, Soledad Alonso, alertó que el proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el presidente Javier Milei al Congreso elimina la garantía de movilidad automática para las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH), lo que implicaría que esos beneficios dejarían de actualizarse de manera obligatoria por el índice jubilatorio y quedarían sujetos a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.
En tanto, la diputada cuestionó que el Gobierno nacional presente la eliminación de la movilidad como una herramienta flexible que permitiría otorgar aumentos mayores a los obligatorios, cuando en los hechos el esquema “dejaría a millones de familias sin una protección mínima” contra la pérdida de poder adquisitivo: “¿A quién quieren hacerle creer que esto es para mejorar los ingresos de la gente?”, lanzó Alonso en su publicación.
Es preciso mencionar que, la diputada bonaerense no sólo denunció a la administración libertaria por la exclusión de dos programas claves para las madres, niños, niñas y adolescentes, sino que advirtió que su eliminación del Presupuesto 2026 se da en un contexto en el que el Gobierno insiste en que “lo peor ya pasó”, mientras realiza recortes en las áreas más sensibles para las familias de bajos recursos.
En ese sentido, Alonso sostuvo que el proyecto oficial busca derogar los artículos centrales de la Ley 27.160, norma que establece que las asignaciones familiares deben acompañar como mínimo la evolución de los haberes previsionales. De este modo, los incrementos dejarían de ser automáticos y pasarían a depender de la decisión política del Ejecutivo nacional.
“Hoy las asignaciones familiares y la AUH se actualizan automáticamente con el índice de las jubilaciones. Si se aprueba el presupuesto tal como está, eso ya no va a ser así”, advirtió Alonso en sus redes sociales, al tiempo que remarcó que el oficialismo pretende instalar la idea de que con esta medida se mejorarían los ingresos, cuando en realidad se abre la puerta a congelamientos o ajustes por debajo de la inflación.
Es que, el planteo de la diputada se suma a las críticas de diversos sectores políticos y sociales que advirtieron sobre los efectos del presupuesto en la población más vulnerable. El recorte de la garantía de movilidad para asignaciones familiares y la AUH podría afectar directamente a los hogares de menores recursos, que dependen de estas transferencias para cubrir necesidades básicas en un escenario inflacionario todavía complejo.
Por su parte, el Gobierno nacional presentó el Presupuesto 2026 como un hito de su administración, mientras que Milei lo defendió en cadena nacional como “el primero en décadas que garantiza el equilibrio fiscal e impide que el Tesoro se financie con emisión monetaria”.
Al mismo tiempo, el jefe de Estado aseguró que habrá incrementos en las partidas de jubilaciones, salud y educación “por encima de la inflación”, aunque no mencionó con precisión qué ocurrirá con las transferencias sociales directas.
En este sentido, el debate parlamentario promete ser intenso, ya que la eliminación de la movilidad para las asignaciones se suma a otros puntos polémicos, como la decisión de reducir el alcance del régimen de Zona Fría en las tarifas de gas o la falta de previsión de mayores giros automáticos para las provincias, mientras los gobernadores y bloques dialoguistas aparecen como piezas clave en la negociación.
El Presupuesto 2026 generó nuevas tensiones entre Nación y Provincia
El pasado lunes, el presidente Javier Milei presentó en cadena nacional los lineamientos centrales del Presupuesto 2026, donde anunció aumentos en partidas para salud, universidades y jubilaciones, insistió en que “los años más duros ya pasaron” y agradeció el apoyo social a su programa de ajuste.
Sin embargo, desde la provincia de Buenos Aires surgieron reclamos inmediatos. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, señaló que el proyecto debería contemplar mayores fondos para educación, salud y obra pública, aunque se mostró escéptico respecto de que la administración nacional atienda esas demandas.
El gobernador Axel Kicillof, por su parte, postergó el envío del Presupuesto provincial 2026 y de la Ley Impositiva a la Legislatura bonaerense, a la espera de conocer en detalle los números nacionales. La decisión se fundamentó en la necesidad de contar con datos macroeconómicos precisos para proyectar ingresos y gastos.
Según informó el ministro de Economía provincial, Pablo López, la administración bonaerense no puede avanzar con su propio cálculo de recursos hasta conocer la letra chica del proyecto nacional, lo que refleja la dependencia de las provincias respecto del reparto de fondos federales y anticipa que la discusión del Presupuesto 2026 estará atravesada por fuertes tensiones políticas.
