El gobierno de la provincia de Buenos Aires estableció un marco obligatorio para el uso de Inteligencia Artificial (IA) en todo el sector público. La medida, formalizada mediante la Resolución 9/25 de la Subsecretaría de Gobierno Digital, apunta a fijar criterios comunes para el desarrollo, implementación y supervisión de estos sistemas dentro de la administración de Axel Kicillof.
Las autoridades explicaron que la aceleración en el uso social y estatal de la IA, potenciada en los últimos años por herramientas de uso masivo como ChatGPT, exige reglas claras para evitar que la innovación choque con derechos básicos. En ese sentido, desde el Ejecutivo bonaerense remarcaron que cualquier avance tecnológico deberá garantizar la protección de la ciudadanía y no generar impactos negativos sobre sus libertades individuales.
El nuevo reglamento toma como referencia estándares internacionales, entre ellos la AI Act de la Unión Europea (UE), y clasifica los sistemas de IA en cuatro niveles de riesgo. El primer nivel, definido como inaceptable, quedará estrictamente prohibido y abarca prácticas como el scoring social, mecanismos de manipulación subliminal y la explotación de situaciones de vulnerabilidad.
Un segundo nivel contempla los usos de alto riesgo que la normativa oficial autoriza únicamente bajo condiciones estrictas de control. El listado incluye tecnologías vinculadas a la identificación biométrica, la administración de justicia, la gestión del empleo o la toma de decisiones que puedan afectar derechos sensibles.
Además, el esquema incorpora la categoría de riesgo limitado, que engloba herramientas extendidas como los chatbots genéricos utilizados por dependencias públicas y empresas. Para esos casos, la Provincia introduce la “autodeterminación informativa”, que obliga a cada organismo a advertir de manera explícita cuando una persona interactúa con un sistema automatizado.
Por otra parte, el documento también establece una serie de lineamientos destinados a preservar garantías básicas, como la necesidad de reducir sesgos en el desarrollo de modelos, asegurar la trazabilidad de los procesos, proteger los datos personales y reforzar los criterios de transparencia y auditoría.
Finalmente, la regulación crea el Registro de Inteligencia Artificial con el objetivo de que todos los organismos que utilicen o desarrollen sistemas de IA inscriban esas herramientas de manera obligatoria. Este registro funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Gobierno Digital, que lidera Sandra D’Agostino, y busca unificar la información sobre los sistemas activos en el Estado bonaerense.
Senado bonaerense: Torchio impulsa un Observatorio Provincial de Inteligencia Artificial
El senador de Unión por la Patria, Walter Torchio, volvió a mover la agenda tecnológica con un proyecto que propone la creación de un Observatorio Provincial de Inteligencia Artificial. El legislador plantea que la provincia de Buenos Aires necesita una herramienta institucional que oriente el uso de estas tecnologías en el diseño de políticas públicas y que actúe como marco de referencia para su desarrollo responsable.
El proyecto oficialista señala que el Observatorio debería recopilar y producir información actualizada, además de generar análisis y recomendaciones sobre regulaciones, estrategias y políticas vinculadas a la IA. En este marco, Torchio fundamentó la iniciativa en el impacto cultural, económico y jurídico que producen estas tecnologías y alegó que su incorporación requiere una mirada que combine innovación con garantías para la ciudadanía.
En esa línea, el senador provincial también retoma debates internacionales y destaca la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (UE) como antecedente que clasifica los sistemas según niveles de riesgo. Al respecto, el proyecto bonaerense rescata este enfoque para remarcar la necesidad de orientar la innovación con principios éticos, reglas claras, mecanismos de auditoría y criterios que protejan la seguridad y privacidad de datos personales.
Finalmente, a través de la fundamentación, Torchio propone que el Observatorio funcione como un espacio de articulación entre el Estado, la academia, el sector privado y la sociedad civil. Por caso, el legislador plantea que esta instancia permitiría fomentar la capacitación, monitorear estándares éticos y acompañar la reconversión laboral, además de abrir un debate público amplio sobre el impacto de la IA en la provincia de Buenos Aires.
