Uno de los elevadores del Puerto Quequén está administrado desde hace tres décadas por una empresa de capitales multinacionales que maneja unas dos millones de toneladas de granos por año, con un perjuicio fiscal que llega al millón de dólares anuales. La diputada Natalia Sánchez Jauregui propone recuperar el control de la terminal de cargas para volcar recursos a hospitales, vías terrestres y mayor inversión portuaria. Los detalles.