La diputada bonaerense de Unión por la Patria (UxP), Soledad Alonso, advirtió sobre la inconstitucionalidad del nuevo régimen de cese laboral que impulsa el Gobierno nacional. La legisladora cuestionó que el esquema propuesto por la administración de Javier Milei, “libera de responsabilidad al empleador” y “transfiere el riesgo al trabajador”.
En esta línea, la diputada Alonso rechazó la Resolución 1071/2025 de la Comisión Nacional de Valores (CNV), que, junto con la Resolución 1066/25, sienta las bases para reemplazar el actual sistema de indemnización por despido previsto en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.
El nuevo modelo, implementado por vía administrativa y sin tratamiento legislativo, plantea que los empleadores hagan aportes mensuales a un fondo financiero privado que será utilizado en caso de desvinculación laboral. “La protección contra el despido arbitrario no puede quedar en manos del mercado financiero. Eso no es un avance: es un retroceso que viola la Constitución”, expresó Alonso.
Para la legisladora de UxP, el régimen de cese laboral, desconoce la antigüedad como criterio de cálculo indemnizatorio, no cuenta con garantía estatal y deja a los trabajadores expuestos a los vaivenes de la especulación financiera.
Además, la representante legislativa por Campana, alertó que el nuevo sistema desvincula al empleador de su obligación histórica de pagar indemnizaciones justas, y coloca la carga del despido sobre los aportes acumulados en un fondo que podría no alcanzar a cubrir el daño causado.
En ese sentido, Alonso sostuvo que el Ejecutivo nacional impulsa esta modificación bajo el pretexto de modernizar el sistema laboral y disminuir la litigiosidad, pero que en realidad impone un cambio estructural sin debate público, sin ley del Congreso y sin diálogo con las representaciones del mundo del trabajo. “Esto no es solo una reforma técnica. Es un cambio profundo en el sistema de relaciones laborales”, señaló.
El nuevo esquema, denominado por la normativa como Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral (PICs), busca crear instrumentos financieros donde cada empleador haría aportes mensuales equivalentes a un porcentaje del salario del trabajador. Sin embargo, no especifica cómo se garantizará que ese fondo cubra el total de la indemnización en caso de despido, ni qué sucederá si el capital invertido pierde valor por inflación, devaluación o caída de activos.
Al respecto, Alonso remarcó que este modelo “no tiene garantía estatal” y “desconoce principios básicos del derecho laboral argentino”. Desde su punto de vista, la medida no solo lesiona derechos adquiridos, sino que también vulnera preceptos constitucionales que consagran la protección del trabajo y la reparación ante un despido sin causa.
El Gobierno reglamentó los fondos de cese laboral previstos en la Ley Bases
El Gobierno nacional oficializó este lunes el marco regulatorio de los Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral (PICs), creados a partir de los cambios que la Ley Bases introdujo en el régimen de indemnizaciones por despido.
La nueva normativa permite que cada trabajador aporte mensualmente una parte de su salario a un fondo individual, destinado a cubrir una eventual desvinculación. Sin embargo, este mecanismo no será obligatorio, ya que su implementación dependerá de lo que cada sector establezca en su convenio colectivo de trabajo.
El artículo 96 de la Ley N° 27.742, aprobada en junio de 2024, habilita a los gremios y empleadores a reemplazar la indemnización tradicional por “un fondo o sistema de cese laboral”, bajo los criterios que defina el Poder Ejecutivo.
Con la publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno habilitó tres modalidades para poner en marcha estos fondos. Cada una podrá utilizarse como alternativa al actual sistema, que establece el pago de un mes de sueldo bruto por cada año de servicio.
Los esquemas disponibles son los siguientes:
– Régimen de Cuentas Bancarias de Cese Laboral
– Régimen de Fondos Comunes de Inversión Abiertos de Cese Laboral
– Régimen de Fideicomisos Financieros de Cese Laboral
