En las últimas horas, los senadores bonaerenses de La Libertad Avanza, Betina Riva y Carlos Curestis, presentaron una solicitud de informes al Poder Ejecutivo de Axel Kicillof sobre la situación de los institutos de menores de la provincia de Buenos Aires, en un intento por esclarecer la capacidad, los recursos y los programas de reinserción que se aplican en estos centros.
Es preciso mencionar que, la iniciativa de los libertarios con banca en la Legislatura bonaerense surge tras el conmocionante crimen de Kim Gómez en la ciudad de La Plata, y busca poner en debate la problemática de la responsabilidad penal juvenil y las condiciones de los espacios de internación.
El documento presentado por el Senado abarca varios ejes fundamentales relacionados con el funcionamiento de los institutos de menores, entre ellos, se solicita información sobre la cantidad total de establecimientos en la provincia, su capacidad real y la ocupación actual. Además, los legisladores bonaerenses buscan conocer si existen planes para aumentar la cantidad de plazas destinadas a menores con medidas de seguridad o que cumplen condenas por delitos.
Otro aspecto relevante del pedido de informes de Riva y Curestis es la composición del personal que trabaja en estos centros, discriminado por profesiones e instituciones. Es que, entre otras cosas, los senadores requieren conocer cuántos días y horas semanales trabajan los encargados del tratamiento de los menores, así como los distintos tipos de terapias que se aplican dentro de los institutos.

En este sentido, el pedido de informes indaga sobre los resultados obtenidos en términos de reinserción educativa y laboral de los adolescentes que transitaron los institutos de menores que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, y la reducción de la reincidencia delictiva.
En tanto, el documento también enfatiza la importancia del seguimiento a las familias de los menores que son devueltos a sus hogares por razones de inimputabilidad, y se pregunta cuáles son las estrategias que se implementan para garantizar su reinserción social y qué cantidad de profesionales están asignados a esta tarea.
Uno de los puntos centrales del pedido de informes de los senadores libertarios es el seguimiento y tratamiento de menores con consumos problemáticos, que son restituidos a sus familias por razones de inimputabilidad. En ese marco, los legisladores solicitan información detallada sobre los tipos de tratamiento que ofrece la provincia, su eficacia y los criterios utilizados para determinar su aplicación.
Asimismo, el Senado bonaerense demanda datos sobre la asistencia que se brinda a las víctimas de delitos cometidos por menores inimputables, al tiempo que pide precisar cuántos casos recibieron asistencia letrada y terapéutica, cuál es la frecuencia de estos servicios, en qué centros se prestan y el número de profesionales involucrados en estas tareas.
Es preciso mencionar que, fue el asesinato de Kim Gómez el que reavivó el debate sobre la inimputabilidad de los menores y la efectividad del sistema de responsabilidad penal juvenil. Es que, desde que sucedió hasta la fecha, distintos sectores de la oposición bonaerense argumentan que “no se pueden aplicar medidas de seguridad o encierro debido a la falta de plazas en los institutos de menores de la provincia”.
Es por eso que, en el pedido de informes solicitado a la administración bonaerense, los senadores libertarios buscan esclarecer cuánta veracidad hay en esa justificación, y si en la provincia de Buenos Aires existen planes concretos para ampliar la capacidad de alojamiento de estos establecimientos.
La iniciativa también plantea una discusión sobre las estrategias que se implementan para evitar la reincidencia y garantizar que los menores institucionalizados puedan construir una vida lejos del delito. En este sentido, se hace referencia a la teoría de Cesare Beccaria sobre la importancia de “penas prácticas y seguras” para disuadir futuras conductas delictivas, enfatizando que “una política coherente y sostenida en el tiempo podría ser más efectiva en los jóvenes, quienes tienen mayores posibilidades de reinserción si acceden a oportunidades educativas y laborales”.
El documento también destaca la importancia de abordar de manera integral la situación de las familias de los menores infractores, mientras plantea la necesidad de evaluar si los jóvenes cuentan con entornos que puedan favorecer su reinserción o si, por el contrario, “pertenecen a dinámicas donde el delito es una forma de vida“.


Por caso, el pedido de informes subraya la relevancia de la asistencia a las víctimas de delitos cometidos por menores, y en el marco de la Ley de Víctimas, busca conocer qué medidas se están implementando para garantizar acompañamiento y asistencia letrada a quienes han sufrido delitos violentos.
En este contexto, la senadora bonaerense que firmó el proyecto remarcó que “no se trata de una cuestión ideológica, sino de un problema concreto que requiere soluciones efectivas y urgentes”. “Nuestro sistema penal establece una responsabilidad diferenciada entre adultos y menores, pero eso no significa que estos últimos deban quedar en libertad sin consecuencias ante cualquier delito. No podemos seguir avalando una retórica que equipara víctimas y victimarios“, sostuvo.
Cabe señalar que, el debate sobre la justicia penal juvenil y la capacidad de los institutos de menores sigue abierto en la provincia de Buenos Aires. Ahora, se espera que el ministerio a cargo de Andrés Larroque responda al pedido de informes y brinde detalles sobre la situación actual y las medidas que se tomarán para mejorar el sistema.