Este martes el ingreso a la destilería de YPF amaneció vallada y custodiada en un gran despliegue policial, tras el violento enfrentamiento entre dos facciones de la UOCRA y frente a una posible nueva protesta por parte del gremio.
En ese sentido, concluidas 24 horas del feroz episodio que dejó un saldo de cinco personas heridas, la mañana transcurre en medio de una tensa calma con las fuerzas de seguridad.
Los incidentes se produjeron a partir de las denuncias realizadas por la facción que responde al ex secretario general del gremio, Juan Pablo “Pata Medina”, debido a los “aprietes” por parte del interventor Carlos Vergara.
En consecuencia, Cristian “Puly” Medina y Agustín Medina, hijos del gremialista afirmaron que Vergara utiliza “barrabravas traídos de Rosario” para disciplinar a los trabajadores que reclaman mejores condiciones laborales.
“Acá la problemática es la intervención. Una vez que mi papá cae detenido, nombran a un organizador que no se dedicó a normalizar las obras. Nosotros somos lo afectados”, apuntó Agustín Medina.
Además, agregó que “no elevan nuestro reclamo a la patronal y encima vienen con 20 mafiosos a apretar a los trabajadores, cuando sus familias están sufriendo. A mí me amenazó el jefe de la barra de Estudiantes”.
Desde la destilería AESA niegan la existencia de un conflicto laboral y gremial, y atribuyen lo sucedido a un enfrentamiento sindical por la colocación de empleados en la empresa.
Sin embargo, el hijo del ex secretario general del gremio de la construcción advirtió que “desde ahora exigiremos puestos de trabajos y emprenderemos medidas en donde debamos hacerlo (gremio, obra YPF, autopistas)”.
“La UOCRA pertenece a los trabajadores de la región y no a desconocidos que vienen desde afuera, ya sean barras tira tiros o narcos”, manifestó Medina tras el incidente que se extendió durante toda la mañana.
Por último, durante la tarde del lunes, un grupo de 200 personas vinculadas al gremio se acercaron hasta la fiscalía de 7 entre 57 para realizar una presentación judicial contra los interventores por presunta “intimidación”.
