(*) Por Maricel Etchecoin
El Gobierno Nacional desarticuló la subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que se encuentra bajo la órbita jerárquica de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia, lo que implica, no solo dejar a nuestro país sin un organismo que implemente políticas públicas que promuevan una vida libre de violencias y sin discriminación, sino que incumple con lo establecido por la Convención Interamericana de Belém do Pará, que establece el compromiso de los países firmantes para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer.
Es imprescindible remarcar que, durante la gestión de Alberto Fernández, la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que manejó un presupuesto exorbitante, no supo dar respuesta a esta problemática. Por el contrario, los femicidios siguieron en aumento, lo que demuestra que el éxito de las políticas públicas no depende del tamaño del Estado sino de la eficiencia y la eficacia en el abordaje integral de las violencias y la buena administración de los recursos.
En este sentido, recordar que el primer levantamiento masivo de mujeres que ante la inacción del Estado reclamaron protección y justicia se dio en el marco del 3 de junio del 2015, fecha que quedará en la historia por la contundencia del movimiento, lo que se resumió en la consigna de “Ni Una Menos”, y desde ese momento, se tomó aún más conciencia de la transversalidad y el alcance de esta problemática.
Una de cada dos mujeres sufre o ha sufrido algún hecho de violencia por razones de género, hechos que, si no se abordan a tiempo, pueden dejar secuelas difícilmente de superar, lo que se agrava aún más cuando se detecta quiénes son los agresores.
Por ello, en este contexto, el Estado es el principal responsable de promover políticas públicas, espacios de contención, programas que propendan a un abordaje de esta problemática, pero por sobre todo debe existir un organismo que concentre las acciones en materia de prevención y erradicación de la violencia por razones de género, destacando que debe existir una asistencia integral de estas víctimas.
Efectivamente los datos son alarmantes: entre enero y mayo del 2024 se registró en el país un total de 137 muertes violentas, y como consecuencia, un total de 78 niños, niñas y adolescentes quedaron sin su madre De ese total son 132 femicidios, dos trans-travesticidios y tres lesbicidios, este último un crimen de odio, como hacía mucho tiempo no se veía.
Retomando el punto inicial, la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de disolver la subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, es otro gran retroceso. Con esta determinación es el mismo Estado quien, nuevamente, hoy revictimiza a quienes padecen este flagelo, dado que no contarán ya con ningún organismo que a tal fin aborde esta problemática.
En consecuencia, no debemos olvidar que, la Violencia por razones de género existe desde tiempos inmemoriales y con múltiples facetas, que es el resultado de una lamentable cultura patriarcal que impone conductas de dominio y abuso de poder, por ello la sociedad debe dar señales contundentes de que esta problemática debe erradicarse y el Estado como principal obligado tiene la responsabilidad primordial a la protección de los derechos humanos y entre ellos el resguardo y cuidado de la vida humana.
(*) La autora es presidenta del bloque de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados bonaerense
