Esta mañana, el juez federal de Mercedes, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, le otorgó al municipio de Luján, encabezado por el intendente de La Cámpora, Leonardo Boto, 60 días hábiles administrativos para que cumpla con la orden emitida hace varios meses para que la comuna bonaerense deje de arrojar las 120 toneladas diarias de residuos que produce en el basural a cielo abierto La Quema.
Asimismo, el ultimátum firmado por Tezanos Pinto para que el municipio de Luján resuelva la situación del basural, insiste en que el municipio debe encontrar una alternativa para los residuos, como llevarlos a la Coordinación Ecológica Aérea Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), al considerar que el tiradero La Quema es el más grande del país, y ya contaminó napas de agua y tierras linderas.
De esta manera, y frente a la falta de políticas por parte de la gestión que gobierna Luján, se refuerza la teoría del juez federal de que el municipio es reticente a remediar la situación del basural, que es objeto de pleito constante entre los funcionarios locales y los vecinos, ya que estos últimos no dejan de denunciar las consecuencias de que el tiradero continúe en funcionamiento.
En este contexto, Tezanos Pintos remarcó que la administración a cargo de Boto no mostró siquiera indicios de buena voluntad para cumplir con el mandato judicial que se emitió hace varios meses, ya que desde abril del año pasado esperan una propuesta alternativa por parte del municipio para desarmar el basural de Lujan.
Cabe destacar que, la reactivación del conflicto del basural de Luján, deja en jaque al intendente camporista, en un momento clave de cara a las elecciones 2023, donde el funcionario intentará poner en valor todo el trabajo realizado en los cuatro años de gestión que lleva. Mientras tanto, Boto busca construir un consenso con los recicladores que viven del tiradero, que denuncian constantemente enfermedades a causa del trabajo que realizan.
Es preciso mencionar que, durante la administración anterior a la de Boto, que estaba a cargo de Oscar Luciani (PRO), se había aprobado una ordenanza en el Consejo Deliberante que autorizaba al poder Ejecutivo de Luján a la suscripción del convenio con la CEAMSE con el objetivo de disponer un nuevo espacio para los residuos sólidos urbanos, que se firmó en 2016.
Más tarde, en 2019, Luciani realizó una ampliación de ese acuerdo, que estipulaba transportar las más de 120 toneladas diarias de basura que produce el municipio de Luján al relleno sanitario ubicado en el kilómetro 6,5 del Camino del Buen Ayre, en la localidad bonaerense de José León Suárez.
En paralelo, el actual secretario de Desarrollo Productivo de Luján, Juan Pablo Redondo, expresó que ese convenio firmado por Luciani con el CEAMSE tiene características “muy alejadas de la realidad”. “Firmaron un acuerdo marco, que es una simple acción política de carácter comunicacional, maquillada de ordenanza, pero nunca hubo un convenio real o una agenda de trabajo entre el Municipio y el organismo para avanzar en el desarmado del basural”, explicó el funcionario.
En este contexto, se dieron inicio a las obras que buscan que haya una planta de reciclado y de relleno sanitario, pero que vecinos del lugar a la presentación de una denuncia por perjudican la situación del barrio, la cual deribó en que se dictamine el freno de la construcción y que se sigan vertiendo residuos en el predio.
La novedad en la medida judicial, es que ante la presentación de Boton para que se le dieran más días de prórroga a fin de concretar una nueva estrategia para el servicio de recolección de la municipalidad, ya que en un principio fue alrededor de una semana lo que dictaminó el Juez federal.
