Este miércoles, a través de una medida publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó a la jueza, Ana María Figueroa, para que continúe con sus funciones en la Cámara Federal de Casación Penal por otros cinco años más.
De esta manera, el decreto 1896/2023 que oficializó a la jueza, Ana María Figueroa, lleva las firmas del presidente, Alberto Fernández, del jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi, y del ministro de Justicia, Martín Soria.
Es preciso mencionar que, la semana pasada en la sesión de la Cámara Alta del Congreso de la Nación, los parlamentarios dieron doble empate en la votación para aprobar el pliego de Figueroa, de manera que fue la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala, la que definió el resultado a favor.
En ese sentido, una vez resuelta la votación del pliego para el cargo en la Cámara Federal de Casación Penal, sólo hacía falta la publicación del decreto que firmó Alberto Fernández para que Ana María Figueroa pudiera continuar en el cargo judicial.
Asimismo, la Corte Suprema de Justicia definió que la magistrada debía jubilarse el pasado 9 de agosto en el momento que cumplió 75 años de edad, según lo que marca la Constitución Nacional como límite para ejercer el cargo.
Por caso, la permanencia de la jueza en el cargo formó parte de una disputa entre el Gobierno y la Corte Suprema, debido a que Ana María Figueroa es quien está a cargo de los expedientes de la causa Los Sauces – Hotesur y del memorándum con Irán, que tienen en la mira a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Dichos expedientes, debido a que consideraron que no había delito, se habían cerrado en 2021 en los dos tribunales orales en los que se tenía que enjuiciar a la Vicepresidenta, aunque luego del cese de actividades de Figueroa notificado por el máximo tribunal, se resolvió que la presidencia de la Cámara Federal de Casación quede a cargo de Mariano Borinsky.
De esta manera, la nueva autoridad del tribunal definió la reapertura de las dos causas contra Cristina Kirchner, por lo que la defensa de la vicepresidenta planteó la nulidad de los fallos debido a que las resoluciones se dictaron sin la intervención de la jueza Ana María Figueroa.
