Desde este jueves, rige el primer Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente de la Nación, Javier Milei, que conlleva la derogación de una batería de leyes nacionales con el objetivo de desregularizar la economía, pero que todavía tiene que ser revisado por el Congreso de la Nación para determinar la continuación de su vigencia.
Es preciso mencionar que, el DNU es una forma de norma existente, contemplada en el artículo 99 la Constitución Nacional, para que el Poder Ejecutivo, en situaciones de excepción, pueda promulgar iniciativas con la validez de una ley con la consulta obligatoria del Jefe de Gabinete de Ministros y de todos los funcionarios que encabecen las carteras.
Asimismo, los DNU no pueden abordar temas relacionados con la legislación penal, tributaria, electoral o régimen de partidos políticos, a la vez que, el Poder Legislativo, representado en el Congreso de la Nación, tiene la potestad de evaluar cualquier decreto y determinar su vigencia.
En ese sentido, el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, deberá presentarse ante la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, compuesta por ocho diputados y ocho senadores, en un plazo máximo de diez días, para que sea evaluado el DNU.
De esta forma, el DNU, que será tratado en el Congreso sin introducir modificaciones ni agregados, se podrá anular únicamente con el rechazo de la mayoría de los parlamentarios de ambas cámaras, por lo que, si no se trata, o lo acepta una sola Cámara, sigue vigente.
Por su parte, el abogado constitucionalista, Daniel Sabsay, explicó que “siempre se puede recurrir judicialmente, como control de legalidad o constitucionalidad, que puede ser interpuesto ante cualquier juez y terminar en la Corte Suprema, que tendrá la última palabra”.
Es preciso mencionar que, la Comisión Bicameral del Congreso no trabaja desde hace un año y tiene 100 DNU del expresidente, Alberto Fernández, sin tratar, por lo que, ante la magnitud de reforma del Estado de Milei, deberá emitir un dictamen en un período corto.
Vale recordar que, el DNU de Milei, dispone la derogación de las leyes de Alquileres, de Tierras y de Abastecimiento, así como también la flexibilización del mercado laboral y marca el terreno para la privatización de empresas públicas, como Aerolíneas Argentinas.
