En las últimas horas, el Juzgado del distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, en el que se tramita el juicio por la empresa Yacimientos Petrolíferos Federales (YPF), volvió a fallar contra la Argentina e indicó que debe “corregir los incumplimientos contractuales”.
En el fallo, la Justicia norteamericana indicó que “este tribunal debe hacer cumplir las promesas”, a la vez que destacó que “es absolutamente esencial” exigir “cuando se trata de gobiernos extranjeros y mercados financieros internacionales”.
Es preciso mencionar que, el juicio contra YPF, encabezado por el buffet de abogados Burford Capital, que compró los derechos de litigio a los accionistas, y fue favorecido por la Justicia norteamericana para cobrar una serie de intereses multimillonarios en el marco de la compra de la empresa por parte del Estado argentino.
“Las promesas de la República Argentina no fueron comentarios improvisados o acuerdos informales” destacó la Justicia norteamericana, que luego agregó que “fueron compromisos necesarios para brindar tranquilidad a los posibles inversores y permitir que una nación extranjera, con un pasado económico conflictivo, acceda a los mercados financieros de los Estados Unidos y recaude miles de millones de dólares privatizando YPF”.
A su vez, el documento judicial destacó que “si esas promesas pueden ser ignoradas impunemente, los demandantes serán perjudicados a corto plazo, pero todos, tanto los inversores como los gobiernos extranjeros, perderán a largo plazo”.
Es preciso recordar que, los titulares de Burford, semanas atrás, pidieron el reconocimiento de la sentencia de la jueza Loretta Preska, del tribunal de Nueva York, que el año pasado condenó al Estado argentino a pagar más de USD 16.000 millones por la expropiación de YPF en 2012.
En ese marco, se presentaron una decena de escritos de 30 páginas cada uno en concepto de “amicus curiae”, es decir, de apoyos de actores externos al juicio que dieron su postura en torno al caso de la expropiación de YPF y dieron su apoyo al Estado argentino.
De esta manera, los documentos llevan las firmas de los estados de Brasil, Uruguay, Ecuador y Chile, así como también de las provincias productoras de hidrocarburos como Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Río Negro, del Colegio Público de abogados de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros.
