Este jueves 19 de diciembre, más de 20 líneas que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) interrumpieron sus servicios debido a un paro de colectivos convocado por los propios choferes. La medida responde al reclamo del pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como medio aguinaldo, que aún no fue abonado en su totalidad.
Entre las empresas afectadas se encuentran MOQSA, Ideal San Justo y Metropol, que operan líneas clave en la región. A pesar de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Capital Humano el pasado miércoles, las empresas no retomaron las operaciones, dejando a miles de pasajeros sin transporte. Las líneas que no funcionan por el paro de colectivos incluyen: 4, 10, 22, 49, 86, 88, 96, 97, 148, 159, 176, 185, 193, 205, 219, 300, 372, 448, 500, 584, 603, 619 y 621.
A través de un comunicado, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) defendió el paro de colectivos y rechazó enfáticamente el pago del aguinaldo en cuotas. Al respecto, secretario General del gremio, Roberto Fernández, aseguró: “Nos encontramos ante un acuerdo salarial que ha sido suscripto y homologado, por tanto, debe ser cumplido”.
En la misma línea, el sindicato destacó que los choferes no aceptarán plazos ni modalidades alternativas para percibir el SAC. “El derecho a la percepción del sueldo anual complementario no admite quitas, esperas ni fraccionamientos”, remarcaron desde la UTA, enfatizando la necesidad de respuestas inmediatas.

Las cámaras empresariales que representan a las líneas del AMBA (AAETA, CEAP, CEUTUPBA y CTPBA) también expresaron sus demandas. El sector reclama una actualización del boleto mínimo, que desde agosto es de $371,13, o mayores subsidios para cubrir los costos operativos. Según las empresas, el costo real del boleto alcanzó los $1320 en octubre, pero el Estado solo reconoció $863 entre tarifas y subsidios, generando un déficit considerable.
Las empresas advirtieron que la firma del acuerdo paritario, que eleva el sueldo básico a $1,2 millones en enero, se realizó sin una definición sobre el ajuste de tarifas o subsidios por parte de las autoridades. “Sin estos ingresos adicionales, es imposible seguir adelante con los servicios”, señalaron.
Si bien se abonó una parte del aguinaldo pendiente, desde la Cámara de Transporte aseguraron que este pago fue un “esfuerzo extraordinario” y no una solución definitiva. “Gracias al entendimiento del personal, se están levantando las medidas de fuerza, pero el problema persiste”, admitieron fuentes empresariales.
Por su parte, el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, intercedió a pedido de la Cámara de Transporte que lidera Roberto Rodríguez, y solicitó una audiencia urgente con el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, para abordar los costos no reconocidos del sistema, que están atrasados desde julio.

El funcionario provincial reclamó una solución inmediata a los costos no reconocidos del sistema de transporte, que están atrasados desde julio de 2024. Asimismo, D’Onofrio también exigió al titular de la cartera de Transporte nacional que se liquide a las empresas la sobrestimación de recaudación, calculada en $28 mil millones, de los cuales una parte significativa sigue pendiente de pago.
Además, el ministro bonaerense advirtió que estos fondos son esenciales para garantizar el funcionamiento de las empresas y evitar una parálisis total del servicio, ya que sin estas transferencias desde Nación, las empresas no pueden cubrir sus costos ni cumplir con las obligaciones salariales, como el pago del aguinaldo. Mientras tanto, el conflicto sigue abierto y podría derivar en nuevas medidas de fuerza si no se alcanza una solución integral.
Paro de colectivos: “Estamos en una situación límite”
Este miércoles, más de 100 micros bloquearon las calles frente a la Casa de Gobierno bonaerense en La Plata. La medida, liderada por los empresarios del transporte, buscó reclamar la intervención del gobernador Axel Kicillof, y del ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, para mediar con el Gobierno nacional en el pedido de mayores subsidios para el sector.

“Llegamos a una situación límite, no podemos pagar el aguinaldo, se nos dificulta cumplir con los salarios mes a mes, y además Nación nos obligó a firmar un acuerdo laboral que aumenta los sueldos sin contemplar ese incremento en los costos reales”, denunció Luciano Messina, secretario general de la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA).
Los empresarios exigen que el Gobierno nacional ajuste los subsidios para cubrir el verdadero costo del pasaje de colectivo, que supera ampliamente lo reconocido actualmente. Según Messina, el plan de Nación subvalúa los costos operativos y afecta principalmente a las pequeñas y medianas empresas. “Todo está direccionado a una feroz concentración a favor de grandes grupos, que tienen la escala para soportar estos costos depreciados”, afirmó.
Messina advirtió que esta política busca reemplazar el sistema actual de colectivos con un modelo que favorezca a grandes empresarios y perjudique a los usuarios. “Persiguen un objetivo perverso y les está funcionando. Si no logramos el acompañamiento del Gobernador para reclamar los verdaderos costos, la alternativa es cerrar las empresas y dejar a más de cinco mil trabajadores en la calle”, sentenció.
El representante de la CTPBA destacó que las empresas enfrentan un déficit de $34 mil millones este mes debido a la diferencia entre los costos reales y lo cubierto por el Estado nacional. “El cálculo está devaluado y la diferencia la terminamos poniendo las empresas. ¿Cómo hacemos para asimilar ese golpe?”, cuestionó.

Además del pedido de subsidios, los empresarios criticaron la reciente desregulación del transporte anunciada por el gobierno de Javier Milei. Según Messina, esta medida permite que cualquier persona con un auto y una Verificación Técnica Vehicular (VTV), transporte pasajeros con todos los riesgos para la seguridad y el servicio que esto implica.
“El principal problema será cuando ocurra un accidente de tránsito. ¿Quién responderá por los pasajeros? Nación está habilitando un modelo que no garantiza la continuidad ni la seguridad como lo hace el transporte público tradicional”, advirtió Messina.
Desde las puertas de la Casa de Gobierno, Messina pidió a Kicillof que respalde el reclamo del sector ante Nación. Según el empresario, el sistema actual está diseñado para quebrar a las pequeñas y medianas empresas, favoreciendo a grandes operadores.
“El transporte público no puede ser reemplazado por servicios desregulados. Necesitamos políticas que reconozcan nuestros costos y protejan a los usuarios”, concluyó el secretario general de la CTPBA.





