Luego de la cuarta sesión ordinaria del año del Senado bonaerense que aconteció este martes, desde el bloque de Fuerza Patria aprovecharon el envión para preparar la convocatoria a una sesión especial para el jueves 15 de octubre, que servirá para despachar los dos proyectos de salud remitidos a la Legislatura por el gobernador Axel Kicillof.
Tras su paso por comisiones, las iniciativas nacidas en Gobernación que buscan crear una empresa de medicamentos y unificar el sistema sanitario quedaron en condiciones de ser debatidas en el recinto. Tal como indicó este medio, el plan de la bancada peronista era apurar los despachos de Salud Pública y de Legislación General para que ambas iniciativas ingresen a asuntos entrados y sean debatidas lo más pronto posible.
La gestión de Kicillof pudo haber acomodado sus propuestas en el temario de la sesión de esta tarde, pero eso hubiese significado que los textos deberían haber reunido las voluntades de los dos tercios del recinto para ser aprobados, un número muy complicado de alcanzar debido al fuerte rechazo de la oposición para con los dos proyectos.
Por el contrario, en la sesión de la semana que viene los articulados podrán ser votados por mayoría simple, cifra para nada complicada para el bloque de Fuerza Patria, que con sus 24 senadores puede inclinar la balanza a su favor sin la necesidad de conseguir votos de alguna bancada opositora.
La llegada de las iniciativas de Kicillof al recinto no se explica sin el acuerdo con La Cámpora, que en septiembre había bloqueado el tratamiento de los textos por varios artículos en pugna. La semana pasada, en la comisión de Salud, los senadores del Movimiento Derecho al Futuro hicieron caso a las peticiones del kirchnerismo y modificaron parte de las propuestas, lo que generó un alto al fuego en la interna peronista. Finalmente, el pasado lunes Legislación General les dio el despacho final para que ya puedan ser votadas en sesión.
Aunque las propuestas generaron un consenso dentro del peronismo, la oposición se abroqueló en contra de las normas. Tanto Hechos, la UCR, Unión y Libertad, el PRO y La Libertad Avanza cuestionaron que el Gobierno quiera crear nuevas estructuras sanitarias en la órbita provincial, y exigieron que el Ejecutivo se concentre en solucionar las falencias del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). Por ello, aunque se estima que el oficialismo aprobará los deseos de Kicillof, se espera una fuerte réplica de los espacios desertores.
Senado: los cambios que sufrió el proyecto para unificar el esquema de salud
En rigor, de la dupla de iniciativas sanitarias de Kicillof, el de mayor envergadura persigue la idea de crear un Sistema Integrado de Salud de la provincia de Buenos Aires (SIPBA), una reforma con la que el Ejecutivo busca reorganizar el sistema sanitario bajo un esquema de articulación entre los distintos efectores públicos y privados, garantizando el acceso a la atención en condiciones de igualdad.
Según marcaron desde la comisión de Salud, la modificaciones a este texto de Kicillof se orientaron a “precisar el alcance de las competencias del Estado provincial, establecer mayores garantías para los distintos actores del sistema y clarificar las condiciones de participación en la Red Bonaerense de Atención y Cuidados en Salud”.
En un primer momento, desde La Cámpora habían puesto bajo la lupa el modo de articular el ingreso de los privados con el esquema público, e incluso algunos efectores de salud, como la Asociación de Hospitales, Clínicas y Establecimientos de Alta Complejidad (ACLIBA) y la Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y Otros Establecimientos (FECLIBA), pidieron un cara a cara con el ministro Nicolás Kreplak por varios de los controles que impone la ley. “Por ejemplo, la norma indica que no podemos poner un consultorio de imágenes en frente de una clínica”, se quejaron.
Frente esa doble oposición, las patas legislativas de Kicillof quitaron algunos puntos que generaban discordias, como el artículo 6 inciso b, que permitía al Gobierno definir la ubicación de establecimientos sanitarios según las necesidades provinciales; y el artículo 8, que le daba facultades al Ejecutivo de determinar la necesidad sanitaria para incorporar establecimientos o tecnologías de salud, sobre la base de criterios geográficos, epidemiológicos y demográficos.
Otra de las críticas que más generó el SIPBA era que permitía que Provincia sobrepase las facultades de los municipios y las políticas sanitarias ordenadas por los intendentes. Por eso, los senadores eliminaron la exigencia de obtener una aprobación del SIPBA para construir hospitales y centros de salud y/o para incorporar servicios.
De la misma forma, los efectores miraban de reojo al SIPBA, principalmente porque la ley original contemplaba un artículo que establecía que las instituciones sanitarias tenían un “rol social”. Bajo esa excusa, la normativa le daba la potestad al Ejecutivo de, en casos excepcionales, exigirle al sector privado “realizar acciones sanitarias tendientes a paliar las circunstancias que motivan la demanda”, como lo puede ser el traslado de pacientes, ante la falta de camas en hospitales públicos. Ese postulado fue desechado esta tarde.
En la misma línea, se dejó en claro en el artículo 59 que la incorporación de los municipios a la Red Bonaerense de Atención y Cuidados en Salud es voluntaria, dado que desde la oposición había deslizado que, así como estaba la redacción, se podría dar a entender que los intendentes estaban obligados a participar. A la par, se agregó en el artículo 65 que los establecimientos privados podrán sumarse a esta Red.
También se eliminaron ejes relacionados al Consejo de Salud de la provincia de Buenos Aires (COSAPRO), el ámbito de deliberación y consenso de la política sanitaria dentro del SIPBA, y del Consejo Regional de Salud (CORESA), un espacio de coordinación en cada región sanitaria bonaerense.
Por un lado, se incorporó un artículo para que el Ministro de Salud de turno pueda convocar a otros actores del sistema a participar del COSAPRO cuando se considere necesario, y se suprimieron las atribuciones del organismo de articular con “instituciones públicas y privadas” para complementar los servicios de salud, y de definir los objetivos, metas y propósitos de la Red Bonaerense de Salud.
Por el otro, se eliminó la facultad de convocar a representantes del sector privado, obras sociales y cualquier otro actor a la integración del CORESA, que se conforma con autoridades sanitarias provinciales, directores de hospitales y secretarios de salud municipales.
Senado: los cambios que sufrió el proyecto para crear una empresa de medicamentos
El segundo proyecto busca crear una empresa de medicamentos de gestión estatal, un viejo deseo que nunca fue tratado en 2024 y que volvió a ser ingresado a la Legislatura este año. Promovido por el ministro Kreplak, el texto establece la fundación de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria para investigar, desarrollar, producir, importar, exportar, comprar, vender, distribuir y comercializar los productos relacionados a medicamentos.
Entre las principales razones que encontraron los senadores para modificar la redacción del proyecto de Kicillof, se encuentra la posibilidad de esta entidad de tomar deuda. En concreto, los senadores optaron por mantener el artículo para que la empresa de medicamentos pueda contraer préstamos y emitir títulos de deuda, pero se dejó en claro que “las operaciones deben estar vinculadas a su objeto social, contemplado dentro de su presupuesto y sujetos a los límites previstos en la Ley de Administración Financiera y Sistema de Control de Administración General del Estado”.
Como suele pasar en las entidades que tienen la facultad de buscar financiamiento por terceros, la oposición pidió crear una Comisión Bicameral de Seguimiento y Control, para que puedan solicitar informes, formular recomendaciones sobre el funcionamiento de la firma estatal, e intervenir en operaciones de endeudamiento extraordinario, como aquellos que excedan los límites de exposición cambiaria, superen los topes presupuestarios y comprometan activos esenciales.
Por último, tanto el peronismo como sectores de la oposición se habían mostrados reacios acerca de la idea de que el Centro de Industria Farmacéutica funcione como una SAPEM, es decir como una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria. Por ello, se incorporó un artículo para establecer expresamente que el Gobierno será titular del 99% del capital social de la empresa mediante acciones clase A, mientras que el 1% será de acciones clase B que podrán ser administradas por actores públicos o privados.
