La comisión de Salud del Senado bonaerense esta tarde despachó por mayoría los dos proyectos sanitarios enviados a la Legislatura por el gobernador Axel Kicillof, que tienen por objetivo la creación de una empresa de medicamentos y la unificación del sistema de salud. Para este resultado, fue vital la negociación entre La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro, que tuvo que cambiar algunos artículos para que las leyes sigan su camino.
Hace casi un mes, el 2 de septiembre, la comisión que preside el senador Pedro Borgini había dejado en estudio los dos proyectos de salud de Kicillof, gracias a la sorpresiva postura del kirchnerismo que se opuso a aprobarlos. Desde el ala cristinista de Fuerza Patria, pusieron reparos en parte de los articulados, lo que le bloqueó el número al Gobernador para despachar ambas iniciativas.
En esa oportunidad, los alfiles de Cristina Kirchner se hicieron eco de que el proyecto que apunta a unificar el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires deja la puerta abierta a que el Estado bonaerense pueda regular la actividad de efectores privados. También, los senadores de La Cámpora cuestionaron el ingreso de actores privados al esquema sanitario provincial y argumentaron que “la salud no es un negocio”. “No nos queda claro ese punto”, habían aludido.
Ante esa resistencia de propios y ajenos, el kicillofismo cedió y dio lugar a algunas de las peticiones solicitadas por el camporismo. De allí que ambas normas fueron despachadas con los votos a favor del dirigente del MDF Borgini, y de los cristinistas Mónica Macha, Mario Ishii, Roxana López y Sergio Berni, quien es el titular del bloque oficialista.
Por el contrario, rechazaron ambas propuestas los libertarios Betina Riva y Diego Valenzuela, el macrista Alex Campbell y la passaglista María Emilia Subiza. “Hoy por hoy el Estado provincial no está en condiciones de salir a subsidiar o a financiar una empresa nueva ni de comprar un sistema de salud”, aseguró la integrante del bloque Hechos.
Según pudo saber Diputados Bonaerenses, con este despacho la idea del oficialismo es que este dueto de propuestas sanitarias sea debatido el lunes que viene por la comisión de Legislación General, que preside el kicillofista Germán Lago y en donde el peronismo tiene mayoría. De recibir su último dictamen, los dos textos de Kicillof estarían en condiciones de ser votados en la sesión que venga después de la fechada para el martes de la semana que viene.
Senado: los cambios más importantes que negoció el kicillofismo en el sistema unificado de salud
En rigor, de la dupla de iniciativas sanitarias de Kicillof, el de mayor envergadura persigue la idea de crear un Sistema Integrado de Salud de la provincia de Buenos Aires (SIPBA), una reforma con la que el Ejecutivo busca reorganizar el sistema sanitario bajo un esquema de articulación entre los distintos efectores públicos y privados, garantizando el acceso a la atención en condiciones de igualdad.
Según marcaron desde la comisión de Salud, las modificaciones a la dupla de textos parlamentarios de Kicillof están orientados a “precisar el alcance de las competencias del Estado provincial, establecer mayores garantías para los distintos actores del sistema y clarificar las condiciones de participación en la Red Bonaerense de Atención y Cuidados en Salud”.
En un primer momento, desde La Cámpora habían puesto bajo la lupa el modo de articular el ingreso de los privados con el esquema público, e incluso algunos efectores de salud, como la Asociación de Hospitales, Clínicas y Establecimientos de Alta Complejidad (ACLIBA) y la Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y Otros Establecimientos (FECLIBA), pidieron un cara a cara con el ministro sanitario, Nicolás Kreplak, por varios de los controles que impone la ley. “Por ejemplo, la norma indica que no podemos poner un consultorio de imágenes en frente de una clínica”, se quejaron.
Frente esa doble oposición, las patas legislativas de Kicillof quitaron algunos puntos que generaban discordias, como el artículo 6 inciso b, que permitía al Gobierno definir la ubicación de establecimientos sanitarios según las necesidades provinciales; y el artículo 8, que le daba facultades al Ejecutivo de determinar la necesidad sanitaria para incorporar establecimientos o tecnologías de salud, sobre la base de criterios geográficos, epidemiológicos y demográficos.
Otra de las críticas que más generó el SIPBA, era que permitía que Provincia sobrepase las facultades de los municipios y las políticas sanitarias ordenadas por los intendentes. Por eso, los senadores eliminaron la exigencia de obtener una aprobación del SIPBA para construir hospitales y centros de salud y/o para incorporar servicios.
De la misma forma, los efectores miraban de reojo al SIPBA, principalmente porque la ley original contemplaba un artículo que establecía que las instituciones sanitarias tenían un “rol social”. Bajo esa excusa, la normativa le daba la potestad al Ejecutivo de, en casos excepcionales, exigirle al sector privado “realizar acciones sanitarias tendientes a paliar las circunstancias que motivan la demanda”, como lo puede ser el traslado de pacientes, ante la falta de camas en hospitales públicos. Ese postulado fue desechado esta tarde.
En la misma línea, se dejó en claro en el artículo 59 que la incorporación de los municipios a la Red Bonaerense de Atención y Cuidados en Salud es voluntaria, dado que desde la oposición había deslizado que, así como estaba la redacción, se podría dar a entender que los intendentes estaban obligados a participar. A la par, se agregó en el artículo 65 que los establecimientos privados podrán sumarse a esta Red.
También se eliminaron ejes relacionados al Consejo de Salud de la provincia de Buenos Aires (COSAPRO), el ámbito de deliberación y consenso de la política sanitaria dentro del SIPBA, y del Consejo Regional de Salud (CORESA), un espacio de coordinación en cada región sanitaria bonaerense.
Por un lado, se incorporó un artículo para que el Ministro de Salud de turno pueda convocar a otros actores del sistema a participar del COSAPRO cuando se considere necesario, y se suprimieron las atribuciones del organismo de articular con “instituciones públicas y privadas” para complementar los servicios de salud, y de definir los objetivos, metas y propósitos de la Red Bonaerense de Salud.
Por el otro, se eliminó la facultad de convocar a representantes del sector privado, obras sociales y cualquier otro actor a la integración del CORESA, que se conforma con autoridades sanitarias provinciales, directores de hospitales y secretarios de salud municipales.
Senado bonaerense: los cambios más importantes en la empresa de medicamentos
El segundo proyecto busca crear una empresa de medicamentos de gestión estatal, un viejo deseo que nunca fue tratado en 2024 y que volvió a ser ingresado a la Legislatura este año. Promovido principalmente por el ministro Kreplak, el texto establece la fundación de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria para investigar, desarrollar, producir, importar, exportar, comprar, vender, distribuir y comercializar los productos relacionados a medicamentos.
Entre las principales razones para modificar la redacción del proyecto de Kicillof, se encuentra la posibilidad de esta entidad de tomar deuda. En concreto, los senadores optaron por mantener el artículo para que la empresa de medicamentos pueda contraer préstamos y emitir títulos de deuda, pero se dejó en claro que “las operaciones deben estar vinculadas a su objeto social, contemplado dentro de su presupuesto y sujetos a los límites previstos en la Ley de Administración Financiera y Sistema de Control de Administración General del Estado”.
Como suele pasar en las entidades que tienen la facultad de buscar financiamiento por terceros, la oposición pidió crear una Comisión Bicameral de Segumiento y Control, para que puedan solicitar informes, formular recomendaciones sobre el funcionamiento de la firma estatal, e intervenir en operaciones de endeudamiento extraordinario, como aquellos que excedan los límites de exposición cambiaria, superen los topes presupuestarios y comprometan activos esenciales.
Por último, tanto el peronismo como sectores de la oposición se habían mostrados reacios acerca de la idea de que el Centro de Industria Farmacéutica funcione como una SAPEM, es decir como una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria. Por ello, se incorporó un artículo para establecer expresamente que el Gobierno será titular del 99% del capital social de la empresa mediante acciones clase A, mientras que el 1% será de acciones clase B que podrán ser administradas por actores públicos o privados.
