A través del Decreto 60/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno de Javier Milei inició el proceso de privatización total de la empresa Belgrano Cargas y Logística S.A. dónde establece que la compañía estatal será desintegrada verticalmente y transferida al sector privado mediante distintos mecanismos.
Según reza la disposición, este esquema busca garantizar la modernización y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria sin que el Estado tenga que destinar recursos adicionales. El material rodante será subastado en un remate público, y los fondos obtenidos se destinarán a un fideicomiso para financiar obras ferroviarias.
En paralelo, las vías y los inmuebles aledaños serán concesionados bajo la modalidad de obra pública, con licitaciones tanto nacionales como internacionales. En tanto, los talleres ferroviarios también pasarán a gestión privada a través de concesiones específicas, asegurando su continuidad operativa.
Una vez finalizados estos procedimientos, Belgrano Cargas y Logística S.A. será disuelta y liquidada, poniendo fin a su administración estatal. La ejecución del proceso de privatización de la empresa ferroviaria quedó en manos del Ministerio de Economía de la Nación y de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, liderada por Diego Chaher.
El modelo elegido para la privatización es el de “concesión de infraestructura de acceso abierto”, el cual implica que el concesionario deberá permitir el uso de las vías a cualquier operador de carga, con el objetivo de evitar monopolios y fomentar la competencia en el sector. De esta manera, el Gobierno busca atraer distintas empresas interesadas en la operación del servicio y promover una “mayor eficiencia”.
En ese sentido, el Estado mantendrá la propiedad de la tierra y de las vías ferroviarias, mientras que el resto de los activos serán transferidos a la gestión privada con el objetivo de atraer inversiones y mejorar la eficiencia del sistema de transporte de carga en el país.
Para los sectores productivos, la privatización podría representar una oportunidad para reducir costos logísticos y mejorar la competitividad en mercados internacionales. Sin embargo, algunos especialistas advierten sobre el riesgo de que la falta de un control estatal adecuado derive en un deterioro del servicio o en aumentos de tarifas que afecten a las economías regionales.
Vale recordar que el vocero presidencial, Manuel Adorni, ya había confirmado esta medida durante el fin de semana en su cuenta de “X”. “El Estado dejará de ser operador de los servicios ferroviarios de carga y de toda su infraestructura: material rodante, vías, talleres e inmuebles”, afirmó.
Al respecto, desde el Gobierno libertario argumentan que la empresa viene operando con un alto nivel de subsidios y que el traspaso al sector privado permitirá mejorar su desempeño financiero y operativo.
A diferencia de experiencias previas, el decreto no menciona la implementación de un programa de propiedad participada ni otorga preferencias a los empleados en el traspaso. La resolución oficial tampoco detalla qué ocurrirá con los puestos de trabajo actuales dentro de la empresa, un punto que genera incertidumbre entre los trabajadores del sector ferroviario, que en otras privatizaciones contaron con algún tipo de esquema de participación o indemnización especial.
En ese sentido, los distintos gremios involucrados ya expresaron su preocupación y analizan posibles medidas de reclamo ante la falta de certezas sobre el futuro laboral de los miles de empleados.
Belgrano Cargas: El Gobierno justifica la privatización por “déficit operativo” y “falta de inversión”
La empresa ferroviaria “Belgrano Cargas”, creada en 2013 durante la gestión de Cristina Kirchner, tenía el objetivo de unificar la operación de las principales líneas ferroviarias de carga del país: Belgrano, San Martín y Urquiza. La red abarca actualmente 17 provincias y cumple un rol clave en el transporte de granos para exportación.
No obstante, a pesar de su importancia estratégica, la actual conducción del Estado nacional considera que la gestión estatal no ha sido eficiente y que la inversión privada permitirá mejorar el servicio.
Belgrano Cargas forma parte del grupo de ocho empresas estatales incluidas en el plan de privatización del Gobierno, luego de la aprobación de la “Ley Bases”. La inclusión de la compañía ferroviaria en este paquete responde, según fuentes oficiales, a su déficit operativo y a la falta de inversiones en infraestructura ferroviaria, que ha limitado su capacidad de crecimiento en los últimos años.
Según el portavoz oficial del Gobierno, la empresa estatal requería financiamiento para operar y si bien recibió en el último año más de 112 millones de dólares del Estado, su eficiencia seguía siendo baja. “La distancia media transportada hoy es de 500 km, exactamente la misma que hace 50 años en la República Argentina”, sostuvo Adorni, quién remarcó que la falta de mejoras en el rendimiento del servicio no ha justificado las inversiones realizadas hasta ahora.
El artículo 7 de la Ley Bases también contempla la privatización de Intercargo SAU, Energía Argentina S.A. (Enarsa), Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA), Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Corredores Viales S.A. Estas medidas forman parte de la estrategia de reducción del Estado impulsada por Milei, quien sostiene desde su llegada al poder, una fuerte política de desregulación de la economía. Sin embargo, muchas de estas compañías fueron excluidas luego de una serie de negociaciones con bloques aliados y opositores.
