El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) tiene listo el informe anual que presentará este martes ante la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo del Congreso de la Nación.
Entre los puntos centrales el trabajo marca como "prioritario modificar la política criminal del Estado" y revela un “incremento de la superpoblación carcelaria en la provincia de Buenos Aires de más de un 30% entre 2016 y 2018".
En ese orden, el informe muestra que "la cantidad de personas privadas de la libertad está en crecimiento" con su "consecuente impacto en la sobrepoblación y hacinamiento".
El secretario ejecutivo del CNPT, Alan Iud, explicó que "en 2019 vimos que a nivel federal y en Provincia comenzó un amesetamiento en la cantidad de personas privadas de su libertad mientras que había habido un incremento de más de un 30% entre 2016 y 2018".
Entre las causas de ese incremento citó "modificaciones legislativas como la Ley de Ejecución Penal que restringió los accesos a libertades condicionales y salidas anticipadas, y la Ley de Flagrancias con la que crecieron las penas de menos de 3 años".
Esto derivó en la continuidad de la " tortura que existe hoy en la Argentina" que se da "cuando el privado de su libertad pasa por condiciones de hacinamiento graves o de enfermedad, y otras violaciones en sus derechos humanos básicos".
Entre las torturas "también impropias de períodos democráticos" aludió a "los métodos de ´ahogamientos secos, caballito o barquito´, este último consistente en atar a las personas y tirarlas para que se golpeen contra el piso", detalla el informe.
En cuanto al impacto del coronavirus, el trabajo sostiene que en pandemia "la tasa de contagios fue menor en los penales que la registrada en la sociedad en general, aunque el índice de letalidad fue superior".
En esa línea, se hicieron "relevamientos de medidas tomadas por diferentes jurisdicciones y se observó que la tasa de contagios, era inferior a la que presenta la sociedad argentina en general, pero la tasa de letalidad se duplica en los lugares de encierro".
“Se creyó que el colapso se iba a dar en las cárceles pero estuvo dado en los geriátricos", destaca el trabajo y recuerda que "toda persona en situación de encierro, en el sector nacional, provincial, público o privado tiene que tener garantizadas las buenas prácticas".
