En las últimas horas, el senador bonaerense de Unión por la Patria, Federico Fagioli, presentó un proyecto de ley que busca establecer un régimen de protección integral para repartidores y choferes de moto asociados a apps de delivery, con eje en la seguridad y el reconocimiento estatal.
“El objetivo es garantizar seguridad y prevención frente a siniestros, a través de un marco normativo que reconozca sus derechos y les brinde herramientas concretas”, argumentó Fagioli en los fundamentos.
Según precisó el senador bonaerense de Frente Patria Grande la iniciativa pone el foco en una problemática que crece al ritmo de la precarización, ya que miles de trabajadores que prestan servicios para apps de delivery como PedidosYa, Rappi o Uber Eats enfrentan riesgos y desprotección a diario.
El proyecto propone la creación de un registro voluntario para los trabajadores de apps de delivery, sean exclusivos o complementarios a otras actividades. A quienes se inscriban, el Estado provincial les proveería de forma gratuita dispositivos GPS, un seguro accesible contra accidentes a través del Banco Provincia y el acceso a una aplicación de alerta ante robos o hurtos, con respuesta inmediata por parte del Ministerio de Seguridad.
“La situación es alarmante. En los últimos meses vimos cómo trabajadores se organizaban por cuenta propia para recuperar motos robadas, exponiéndose a situaciones de violencia extrema. Es urgente que el Estado intervenga”, explicó Fagioli.
Además, la normativa instruye la asignación de recursos provinciales para ejecutar campañas de concientización sobre seguridad laboral y programas de capacitación orientados al sector.
“El reparto en moto o bicicleta dejó de ser una salida esporádica. Hoy es sustento para miles de familias, pero en condiciones extremadamente frágiles. El Estado tiene que garantizar un piso mínimo de seguridad y cuidado”, sostienen desde el entorno del legislador de Unión por la Patria.
En un contexto donde la informalidad, los robos y la falta de respaldo institucional son moneda corriente para repartidores y choferes, el proyecto de Fagioli propone una respuesta integral con un enfoque centrado en la seguridad, la inclusión y la dignidad laboral.
En esta línea, el senador bonaerense recordó que en abril de 2024, un grupo de repartidores de Ituzaingó debió recuperar por la fuerza una moto robada, mientras que en febrero, en La Matanza, decenas de trabajadores irrumpieron en una villa para rescatar un vehículo sustraído. “Ante la falta de herramientas estatales, se ven impulsados a ejercer justicia por mano propia”, alertó Fagioli.
La iniciativa se distancia de otros proyectos previos como el del senador MC, Omar Plaini, que plantea un registro obligatorio y una fuerte impronta regulatoria sobre las plataformas, con controles sobre horarios, ART, y certificaciones laborales. En cambio, el texto de Fagioli apunta más a la protección operativa y la asistencia inmediata, sin encorsetamientos burocráticos, en línea con la urgencia que expresan quienes trabajan en las calles sin cobertura ni apoyo.
Las diferencias entre los proyectos para los trabajadores de apps de delivery
El proyecto de Federico Fagioli
- Propone un registro voluntario para repartidores y choferes de moto asociados a plataformas digitales.
- Se enfoca en garantizar protección integral con eje en seguridad y prevención frente a siniestros para repartidores y choferes.
- Establece la provisión gratuita de GPS, una unidad de respuesta inmediata ante robos y un seguro accesible gestionado por el Banco Provincia.
- Asigna al Estado un rol activo y protector, con financiamiento para campañas de capacitación y concientización.
El proyecto de Omar Plaini
- Establece un registro único y obligatorio para trabajadores de aplicaciones (APP), tanto por cuenta propia como bajo relación de dependencia.
- Pone el acento en el reconocimiento de la relación laboral y el control sobre condiciones de trabajo, con obligaciones específicas para las plataformas.
- Exige que las plataformas informen horarios de conexión, ART contratadas y otros datos para el control estatal. No prevé provisión de elementos de protección ni asistencia inmediata.
- El enfoque está puesto en la fiscalización, control y sanción a las plataformas que no cumplan con sus obligaciones.
