Con un cuestionado Presupuesto 2027 por los brutales recortes para universidades, discapacidad y las provincias, el Gobierno nacional adelantó en las últimas horas que girará la ley de leyes a mediados de noviembre, por lo que podría prorrogar el período de sesiones ordinarias en el Congreso.
Es que, desde Casa Rosada habían proyectado votar el Presupuesto 2027 durante la primera semana de noviembre. Sin embargo, ante el retraso que acumuló la agenda legislativa y las demoras en la negociación con los aliados, desde la tropa violeta aplazaron el debate para la tercera semana de ese mes.
Si bien la decisión todavía no está formalizada, el Ejecutivo consideran que el calendario hace difícil terminar la agenda antes del 30 de noviembre, cuando concluye constitucionalmente el período ordinario. “La intención es extenderlo mediante un decreto presidencial y evitar una convocatoria a sesiones extraordinarias”, adelantaron.
El reacomodo de la agenda legislativa comenzó con el desplazamiento de otros proyectos que el oficialismo tenía previsto resolver a comienzos de octubre. Por caso, la nueva Ley de Discapacidad y la problemática de morosidad se tratarán en la sesión del próximo 21 de octubre junto a la Ley de Defensa de la Soberanía vinculada con Malvinas.
Sin embargo, en el temario quedan otras iniciativas de peso como la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la reforma electoral para eliminar, principalmente, las elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO), la Ley Hojarasca, la reforma de la Ley de Salud Mental, y del Código Penal, entre otras.
A la acumulación de proyectos pendientes, trabados por las propias dificultades del oficialismo para cerrar acuerdos parlamentarios, se suma la visita del Papa León XIV, prevista entre el 8 y 9 de noviembre, que alterará la actividad habitual y dejará al Congreso sin sesiones durante esos días.
Frente a este escenario, desde las huestes libertarias creen que el Presupuesto 2027 podría girarse el 17 de noviembre, aunque en el Gobierno no la dan por cerrada. La negociación todavía atraviesa una etapa inicial y el Ejecutivo debe resolver modificaciones reclamadas por los bloques que necesita para aprobar la iniciativa.
Presupuesto 2027: los puntos más cuestionados por los aliados
Entre los puntos cuestionados aparecen las partidas destinadas a Discapacidad, el financiamiento de las universidades nacionales, así como los pedidos de obras y recursos para los gobernadores. Por caso, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, ya recibió planteos de representantes del PRO, la UCR y bloques provinciales, que condicionan parte de su respaldo a cambios en esos capítulos.
La controversia se desató cuando trascendió que el Presupuesto 2027 eliminaba mecanismos vitales para las personas con discapacidad como la actualización de prestaciones, modificaba los criterios de acceso a las pensiones y habilitaba cambios en el sistema de aranceles que perciben los prestadores.
De hecho, la situación generó tal revuelo que, incluso, la propia titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado de la nación, Patricia Bullrich, salió a cuestionar la iniciativa enviada por el Ejecutivo nacional, además de atajarse de las modificaciones. “Me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz y llegó el Presupuesto con esta introducción de cambios en la ley de Discapacidad que no eran conocidos”, afirmó.
La situación impactó de lleno en las conversaciones que venía teniendo la ex ministra de Seguridad con el PRO, la UCR y los bloques provinciales para impulsar una alternativa a la actual Ley de Emergencia en Discapacidad. Frente a este escenario, desde Casa Rosada comenzaron a diseñar una salida negociada, adelantándole a los aliados que los puntos más cuestionados serían revisados.
Con este antecedente, desde el oficialismo consideran que el Presupuesto 2027 tiene altas posibilidades de avanzar, pero reconocen que el texto todavía no está suficientemente acordado como para acelerar la votación. Sin embargo, recalcan la importancia de tener aprobado el texto por su dimensión política de cara al año electoral: conseguir una ley de gastos funciona como una señal de gobernabilidad ante los mercados y los organismos internacionales.
