La diputada provincial de la Coalición Cívica (CC), Romina Braga, presentó en las últimas horas un proyecto de ley que solicita la creación de una Oficina de Consulta Popular para constituir un canal directo, ágil y accesible, entre la ciudadanía y la Legislatura bonaerense.
Según la legisladora, la iniciativa busca fortalecer los mecanismos de democracia participativa en la provincia de Buenos Aires mediante la creación de la Oficina de Consulta Popular, que funcionará bajo la órbita de la Secretaría Legislativa de la Cámara Baja.
“La sociedad exige ser escuchada, participar en la agenda pública y formar parte de la construcción de políticas que impactan en su vida cotidiana”, alegó en los fundamentos Braga, tras advertir la creciente distancia entre los representantes y los representados que solo puede reducirse promoviendo canales accesibles de diálogo.
En ese marco, la legisladora de Elisa Carrió remarcó la necesidad de que la Cámara de Diputados bonaerense promueva mecanismos que consoliden una relación más directa, transparente y receptiva con la sociedad. Por caso, la creación de la Oficina de Consulta Popular representa un paso concreto en ese sentido.
En detalle, Braga establece que la Oficina de Consulta Popular funcione como un mostrador para receptar propuestas legislativas de la ciudadanía, asista en la elaboración técnica de las mismas, organice audiencias públicas temáticas, desarrolle consultas digitales y articule con diversos sectores de la sociedad.
“Permitirá al Parlamento acercarse a la realidad cotidiana de la ciudadanía, garantizando que la pluralidad de voces tenga un cauce institucional donde puedan ser efectivamente escuchadas y consideradas”, subrayó la diputada bonaerense y cerró: “Reforzar la participación no es un gesto simbólico, es una necesidad democrática”.
Vale mencionar que, en la misma sintonía que este proyecto, la legisladora por la Quinta Sección Electoral también presentó una ley para crear una Oficina de Presupuesto, descentralizada de la Cámara de Diputados, con el fin de que realice análisis técnicos sobre el impacto fiscal de los proyectos.
