En las últimas horas, el diputado bonaerense del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, ingresó a la Legislatura un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo encabezado por Axel Kicillof brinde información sobre el control digital que deberá realizar sobre los votos en estas elecciones 2025.
En este sentido, la iniciativa de Garciarena apunta directamente al decreto que lleva la firma del Gobernador, en el que se designa a la Subsecretaría de Gobierno Digital como el órgano rector en materia de sistemas de información del Estado provincial, incluyendo el control informático del escrutinio electoral.
Por eso, el proyecto de Garciarena solicita precisiones sobre las funciones específicas que ejercerá esta subsecretaría durante el proceso electoral, qué áreas del Poder Ejecutivo estarán involucradas en el diseño, implementación y fiscalización del sistema electoral digital, y los protocolos técnicos y de seguridad que se utilizarán para la transmisión de datos desde los centros de votación al centro de cómputos.
En la misma línea, Garciarena pidió que el Ejecutivo bonaerense brinde detalles sobre posibles contrataciones de tecnología, software o servicios relacionados con el escrutinio provisorio y definitivo, al tiempo que exigió conocer si las contrataciones de cara a las elecciones 2025 se realizarán mediante licitación pública, contratación directa u otro mecanismo, y cuáles son las fechas previstas para la apertura y adjudicación de esos procesos.
Otro de los puntos centrales del pedido de informes es la exigencia de claridad sobre la existencia de auditorías externas. Es que, en el escrito, Garciarena señaló que es fundamental conocer si están previstas, quiénes las realizarán, con qué presupuesto y bajo qué criterios de independencia técnica y operativa.
A esto, se suma el reclamo de transparencia en las partidas presupuestarias asignadas por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires a la Subsecretaría de Gobierno Digital en el ejercicio 2025, así como eventuales reasignaciones y sus actos administrativos respaldatorios.
Por caso, el legislador bonaerense también busca dar a conocer el costo total proyectado del proceso para el desarrollo de las elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires, con un desglose detallado de los gastos previstos en logística, tecnología, recursos humanos, comunicación, infraestructura, escrutinio y difusión de resultados.
Asimismo, Garciarena requirió que la administración de Kicillof de a conocer si se contratará al Correo Oficial de la República Argentina S.A. para la logística y transmisión de los telegramas correspondientes a los comicios del 7 de septiembre, y si en tal caso este operará directamente o mediante subcontratistas.
Por otro lado, la solicitud contempla también el uso de tecnologías emergentes, ya que Garciarena requiere que se indique si se prevé la integración de inteligencia artificial, blockchain, sistemas en la nube u otras herramientas al proceso electoral, junto con información sobre la interoperabilidad del sistema de escrutinio con los registros oficiales de electores de la Justicia Electoral Nacional y Provincial.
Uno de los aspectos más sensibles abordados en el proyecto es la seguridad informática. Es que, el legislador de la UCR + Cambio Federal exige precisiones de las medidas adoptadas para prevenir hackeos, accesos indebidos o alteraciones de datos, así como los protocolos de contingencia en caso de fallas del sistema.
Garciarena incluyó en el pedido de informes la necesidad de garantizar el acceso de partidos políticos, universidades y organizaciones civiles a los sistemas, para su evaluación previa o auditoría, y preguntó si se prevé capacitación específica para el personal que operará el sistema de las elecciones 2025, y qué organismo estará a cargo de esa tarea.
En los fundamentos del proyecto, el legislador subraya que el decreto delega funciones críticas en una dependencia sin autonomía técnica ni operativa, lo que genera dudas sobre la independencia e imparcialidad del proceso electoral. Al mismo tiempo, Garciarena señaló que este esquema requiere de “transparencia absoluta”, especialmente en un contexto donde la digitalización electoral crece y la confirmación tardía del calendario electoral ya generó incertidumbre entre los actores políticos.
“La transparencia en materia electoral no solo constituye un principio rector del ordenamiento jurídico local, sino que responde a estándares internacionales de integridad democrática, que promueven la publicidad activa, la rendición de cuentas y la prevención de cualquier forma de opacidad o discrecionalidad en la gestión de los procesos electorales. La existencia de información pública, particularmente en temas sensibles como contratación de tecnología, diseño de sistemas, custodia de urnas, transmisión de datos y control del escrutinio, es una condición necesaria para garantizar la legitimidad y confiabilidad del resultado electoral”, concluyó Garciarena.
