El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad encabezado por Alejandra Monteoliva, formalizó el programa que permitirá a las provincias adherir al sistema federal de detección y bloqueo de teléfonos celulares en las cárceles, una medida instrumentada mediante la Resolución 806/2026 que establece un protocolo técnico y un modelo de convenio para que las jurisdicciones soliciten la aplicación del mecanismo.
La iniciativa, denominada Programa para la Detección y Bloqueo de Telefonía Móvil en Establecimientos Penitenciarios, alcanza al identificador único del dispositivo (IMEI), al identificador asociado a la tarjeta SIM (IMSI) y a la línea telefónica vinculada, con el objetivo de impedir el uso de celulares móviles dentro de las zonas restringidas de las cárceles, incluso ante un eventual cambio de tarjeta SIM.
En este marco, la Subsecretaría de Articulación Federal tendrá a su cargo la implementación del programa en las jurisdicciones que adhieran, para lo cual la resolución aprobó un modelo de convenio específico. A su vez, el Ministerio de Seguridad Nacional funcionará como ventanilla única para canalizar ante las empresas de telefonía los pedidos de bloqueo, por lo que las provincias no podrán solicitar directamente a las operadoras la inhabilitación de los dispositivos detectados.
El procedimiento para bloquear los celulares en las cárceles se apoya en la Ley 24.660, que prohíbe el uso de teléfonos móviles en establecimientos penitenciarios, y en la normativa del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que establece las obligaciones de las empresas prestadoras. Así, la resolución amplía a las unidades penitenciarias provinciales un mecanismo que hasta el momento estaba circunscripto únicamente al Servicio Penitenciario Federal.
Según informaron desde la cartera que conduce Monteoliva, el sistema para bloquear los celulares en las cárceles provinciales comenzará con la detección de los dispositivos móviles que se activen dentro de las áreas de detención o de acceso restringido, cuyos códigos IMEI e IMSI serán identificados y reportados al sistema federal para que el Ministerio de Seguridad formalice el pedido ante las compañías telefónicas.
De acuerdo con el protocolo, el organismo provincial con competencia penitenciaria será responsable de identificar los equipos celulares y remitir la información, mientras que el Servicio Penitenciario Provincial deberá monitorear de manera remota los dispositivos de detección y comunicar inmediatamente cualquier incidente. Una vez recibida la solicitud formal, las empresas de telecomunicaciones tendrán un plazo máximo de 48 horas para confirmar la ejecución del bloqueo tanto de la línea como del equipo.
En tanto, el manual contempla sectores específicos para la guarda de dispositivos pertenecientes a personas autorizadas a ingresar a los establecimientos, como agentes penitenciarios, magistrados, abogados, representantes de organismos de control y miembros diplomáticos o consulares, que deberán permanecer fuera de las zonas sometidas al sistema de detección. Además, se prevén auditorías periódicas y normas de confidencialidad para la información relacionada con los bloqueos.
Por último, las provincias que adhieran al programa para bloquear los celulares en las cárceles deberán cargar diariamente en un servidor habilitado por el Ministerio de Seguridad archivos en formato CSV con los IMEI e IMSI detectados, organizados según la empresa prestadora, mediante un esquema estandarizado que contempla dos archivos por cada una de las cinco operadoras previstas, uno para cada identificador.
