El Tribunal Oral Federal N°2 recibió 702 correos electrónicos con solicitudes para visitar a Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria. La avalancha de mensajes se produjo luego de que Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la expresidenta, publicara en redes sociales la dirección de correo institucional del tribunal e instara a los usuarios a enviar sus pedidos.
“Tenés que escribirle a los jueces y esperar que te autoricen. Como si fuera una reclusa peligrosa”, expresó Dalbón en su cuenta de “X”, en respuesta directa al fallo firmado por los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, quienes rechazaron el pedido de flexibilizar el régimen de visitas.
Como consecuencia del posteo, la casilla oficial del tribunal colapsó por la cantidad de mensajes recibidos. Así lo constató la secretaría del TOF N°2 en un informe elaborado este martes a las 15:30 horas, donde se dejó asentado que todos los correos solicitaban autorización para ingresar al domicilio de la calle San José 1111, donde Kirchner cumple su condena bajo arresto domiciliario.
Ante este escenario, los jueces decidieron no contestar ninguno de los correos y notificaron a los abogados defensores, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, que las solicitudes deben ser canalizadas exclusivamente por la propia Kirchner, quien debe incluir los datos personales de cada visitante. Además, entregaron a la defensa el listado completo con las 702 direcciones electrónicas, para que defina si desea incorporar a alguna de esas personas como visitante autorizada.
En paralelo, fuentes judiciales deslizaron que el envío masivo de correos podría haber tenido la intención de obstaculizar el funcionamiento del tribunal. “La situación generó un desgaste innecesario”, advirtieron desde Comodoro Py en condición de anonimato.
Por otro lado, desde la defensa señalaron que las restricciones impuestas al régimen de visitas afectan directamente “los derechos políticos y partidarios” de la exmandataria. Según explicaron, condicionar su vínculo con otros dirigentes a una autorización judicial previa interfiere con su actividad política, aun cuando no ejerce actualmente funciones públicas.
Asimismo, los representantes legales de Cristina advirtieron sobre el “desgaste jurisdiccional” que generaría la obligación de justificar cada encuentro por fuera del listado presentado, y reclamaron un esquema más ágil que contemple el rol político de la dirigente.
Finalmente, a pesar de estos planteos, el Tribunal ratificó su decisión y descartó modificar las condiciones actuales. Con la apelación en curso, la resolución final quedará en manos de la Cámara de Casación.
Casación definirá si Cristina Kirchner puede ampliar su régimen de visitas
El conflicto en torno al régimen de visitas a Cristina Kirchner se originó con la resolución judicial que le otorgó el arresto domiciliario. Por razones de seguridad, el Tribunal impuso una serie de restricciones, entre las cuales se estableció que únicamente pueden ingresar al domicilio sin autorización previa los familiares, custodios, médicos y abogados que hayan sido informados formalmente.
Ese listado de visitas regulares ya fue entregado por la defensa en un dispositivo electrónico, con el pedido de que su contenido se mantenga reservado. No obstante, los abogados apelaron la decisión del Tribunal que limita los encuentros, al considerar que la normativa vigente no autoriza a los jueces a imponer restricciones adicionales al régimen de prisión domiciliaria.
No obstante, los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu desestimaron el planteo y afirmaron que la defensa no logró refutar los argumentos que justificaron las condiciones impuestas al conceder el arresto domiciliario.
A pesar del rechazo, el Tribunal Oral habilitó la apelación, por lo que ahora deberá intervenir la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. El tribunal está integrado por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes ya confirmaron la condena contra Kirchner en la causa Vialidad, que incluye seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
