El diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Pablo Morillo, ingresó un proyecto de ley de integridad de la función pública para regular el trabajo de los estatales de la provincia de Buenos Aires al legislar conceptos como los conflictos de intereses, la capacitación laboral, la trasparencia, el uso adecuado del tiempo de trabajo.
Según explica Morillo en los fundamentos, en septiembre de 1999 el Congreso de la Nación sancionó la Ley 25.188, que estableció un Régimen de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, con el que se fijó deberes, prohibiciones, sistema de declaraciones juradas y otros elementos para el trabajo diario de los estatales. No obstante, su ámbito de aplicación no alcanza automáticamente a las provincias, las cuales deben sancionar su propia legislación en la materia.
“La provincia de Buenos Aires no cuenta desde hace más de dos décadas con un régimen integral de ética pública. Si bien se presentaron proyectos, ninguno ha llegado a consolidarse. Esta omisión normativa no es menor en un Estado constitucional de derecho, la integridad pública no es una opción política sino un mandato jurídico de nuestra Constitución”, mencionó el legislador.
En ese sentido, el dirigente de la Segunda sección argumentó que el proyecto no solo busca establecer un régimen de ética administrativa, sino avanzar hacia un esquema más amplio de “integridad pública”, concepto que el libertario definió como una herramienta institucional destinada a fortalecer la transparencia, prevenir irregularidades y fijar mecanismos concretos de control dentro de la administración bonaerense.
La iniciativa opositora establece una serie de principios generales que deberán regir para todos los funcionarios y estatales bonaerenses, independientemente de su jerarquía o modalidad de contratación. El texto también alcanza a entidades autárquicas, empresas del Estado, sociedades con participación estatal, instituciones de la seguridad social y organismos de regulación de servicios públicos.
Entre los principales puntos, el proyecto establece que la función pública deberá regirse por principios de integridad, justicia y templanza. La propuesta señala que los agentes estatales tendrán la obligación de actuar “de buena fe, con rectitud, prudencia y honradez”, además de defender los intereses de la provincia de Buenos Aires y administrar los recursos públicos con austeridad.
En tanto, el articulado incorpora obligaciones vinculadas a la capacitación permanente de los funcionarios, la evaluación de las consecuencias de los actos administrativos y la preservación de información sensible, con el objetivo de garantizar transparencia sobre la actividad estatal y resguardar la independencia de criterio en el desempeño de las funciones públicas.
Otro de los ejes centrales del proyecto presentado por Morillo apunta a posibles conflictos de intereses dentro de la administración bonaerense. Sobre este punto, el texto prohíbe que los funcionarios mantengan relaciones, acepten situaciones o desarrollen actividades cuyos intereses personales, económicos o laborales puedan interferir con sus responsabilidades públicas.
Por otra parte, la propuesta legislativa también incorpora una serie de restricciones vinculadas a la acumulación de cargos públicos. En concreto, la iniciativa impide que quienes ejerzan funciones dentro de la Administración Pública provincial puedan ocupar en simultáneo otro cargo remunerado en ámbitos nacionales, provinciales o municipales, salvo excepciones contempladas en regímenes especiales.
En la misma línea, Morillo incluyó un capítulo específico sobre el uso adecuado de bienes, recursos e información del Estado. En dicho apartado, el representante de LLA prohíbe utilizar herramientas, bienes o tiempo laboral para fines particulares y establece que los funcionarios deberán emplear el horario de trabajo exclusivamente para tareas vinculadas a sus responsabilidades públicas.
El proyecto también regula la recepción de regalos, obsequios y donaciones por parte de funcionarios públicos. De acuerdo al texto, los agentes estatales no podrán recibir bienes o servicios vinculados a sus funciones, salvo aquellos considerados de cortesía diplomática, los cuales deberán ser registrados y eventualmente incorporados al patrimonio estatal.
Finalmente, la presentación libertaria abre la posibilidad de denunciar hechos que puedan provocar perjuicios al Estado provincial o constituir delitos vinculados al ejercicio de la función pública. Bajo esa premisa, Morillo incorpora un régimen de protección especial para los denunciantes de “buena fe”, con el objetivo de evitar represalias laborales, personales o profesionales contra quienes informen irregularidades.
“Las denuncias que se formulen por presuntas violaciones a las disposiciones de la presente Ley podrán presentarse con carácter reservado donde la identidad del denunciante será considerada información confidencial y sólo podrá ser revelada por orden fundada”, explicitó el autor de la propuesta, quien además promovió ciertos mecanismos para resguardar la confidencialidad de las actuaciones y garantizar el derecho de defensa de las personas involucradas.
Finalmente, el planteo del diputado oriundo de Capitán Sarmiento contempla sanciones para los incumplimientos previstos en la norma. En los casos vinculados a irregularidades sobre fondos públicos provinciales, el Tribunal de Cuentas bonaerense tendrá competencia para intervenir, sustanciar actuaciones y aplicar penalidades conforme a la legislación vigente, según reza el articulado.
“El principio de integridad es condición implícita de la idoneidad porque no puede considerarse idóneo quien actúa en conflicto de intereses o utiliza el cargo en beneficio propio”, concluyó Morillo en los fundamentos del expediente, con el que busca que la provincia de Buenos Aires refuerce su normativa interna para prevenir y sancionar hechos de corrupción en la administración pública.
