El diputado bonaerense de Unión por la Patria, Juan Malpeli, formuló este jueves una denuncia penal contra la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, a quien acusó de ejercer “privación ilegítima de la libertad” de la funcionaria bonaerense Alesia Abaigar, al tiempo que pidió ser querellante en la causa.
En ese sentido, la denuncia de Malpeli hace foco en que la magistrada tuvo un “ejercicio abusivo de la función jurisdiccional, privando ilegalmente de la libertad” a Abaigar a quien la Justicia atribuyó de haber participado en un “escrache” en la casa del diputado nacional José Luis Espert con excremento de caballo. El expediente quedó sorteado en el Juzgado Federal N°2 de San Isidro.
Según precisó el legislador bonaerense por la Octava sección, las escalas penales de los delitos de daños y de averiguación de ilícito que se le atribuyen a Alesia Abaigar hacen “arbitraria y desproporcionada” la detención preventiva sin juicio previo, puesto que además no existe peligro real de fuga u obstaculización de la investigación.
“Conforme el artículo 18 de la Constitución Nacional, nadie puede ser detenido sin orden de juez competente basado en la comisión de un delito establecido en ley previa a la comisión del hecho. La particularidad más preocupante de la causa, es que la misma se encuentra en ‘secreto de sumario’ y se guarda la mayor hermeticidad a su respecto impidiendo el debido control del ejercicio de la potestad jurisdiccional”, añadió Malpeli.
Es preciso mencionar que, Sandra Arroyo Salgado, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de San Isidro, ordenó esta semana el traslado de la funcionaria de la Dirección de Sensibilización y Promoción de Derechos del Ministerio de Mujeres de la Provincia al penal federal de Ezeiza, una medida fuertemente cuestionada por varios actores políticos.
“Se le rechazó el pedido de excarcelación y se la trasladó al Penal de Ezeiza, a pesar de haber acreditado que padecía de una grave enfermedad pulmonar que, teniendo en cuenta la situación climática imperante resulta un agravamiento innecesario de su condición de detención”, añadió Malpeli.
Asimismo, el diputado bonaerense consideró que la detención de Alesia Abaigar es un hecho que, por las características de la persona detenida, posee ribetes políticos. “A través de diversas actuaciones penales, se ha utilizado la Justicia penal para perseguir y encarcelar ciudadanos, funcionarios y militantes opositores al Gobierno Nacional, con la que ha quedado evidenciado la existencia de elementos suficientes para llevar adelante una investigación penal al respecto”, consideró.
En ese marco, Malpeli también solicitó ser querellante en la causa en su carácter de representante del Poder Legislativo bonaerense, a efectos de poder peticionar en autos, solicitar medidas de prueba, ofrecer la prueba que considere pertinente. “Solicito ser tenido en tal carácter a efectos de tomar la intervención que por Ley corresponde en autos”, enfatizó.
Es preciso mencionar que el artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación establece que “toda persona con capacidad civil particularmente ofendida por un delito de acción pública tendrá derecho a constituirse en parte querellante y como tal impulsar el proceso, proporcionar elementos de convicción, argumentar sobre ellos y recurrir con los alcances” que el Código establezca.
Legislatura: crece el repudio por las detenciones y allanamientos “ilegales” a militantes
Los diputados y senadores bonaerenses de Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires, repudiaron a través de un comunicado las detenciones y allanamientos ilegales en los domicilios de militantes políticos en diversos municipios bonaerenses, que se llevaron a cabo por orden de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, que tiene a su cargo la investigación por la vandalización a la casa del diputado nacional José Luis Espert.
Según denunciaron los líderes de Unión por la Patria con banca en la Legislatura bonaerense, varios de los procedimientos aún continúan y hay al menos cinco personas que permanecen incomunicadas, entre ellas la concejal de Quilmes y militante de La Cámpora, Eva Mieri. “Es una maniobra de amedrentamiento judicial y política”, lanzaron los legisladores en el comunicado.
Es preciso mencionar que, además de Eva Mieri, permanece detenida en el penal de Ezeiza la militante Alesia Abaigar, que fue la primera de las siete personas en ser apresada. “Ninguna de las conductas llevadas adelante configura delito alguno, sin embargo la causa se mantiene bajo secreto de sumario y ni siquiera la defensa de Alexia tiene acceso al expediente”, indicaron.
Además, desde el espacio peronista denunciaron que se trata de “detenciones ilegales y antidemocráticas”, que responden a una “mafia judicial” alineada con intereses del poder económico, y que tiene como único objetivo generar miedo entre la militancia. “El comportamiento autoritario del Partido Judicial no conseguirá acallar las voces que todos los días denuncian las consecuencias de este modelo de exclusión”, agregaron desde el bloque de UxP.
