La Cámara Nacional del Trabajo, ratificó este lunes la declaración de nulidad del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 340/2025 del Gobierno nacional, a cargo de Javier Milei, que limitaba el derecho a huelga al ampliar la lista de servicios y actividades consideradas como esenciales.
Es que, a partir de un amparo presentado por al Confederación General del Trabajo (CGT), la jueza Moira Fullana ratificó la invalidez constitucional de los artículos 2 y 3 del decreto del Ejecutivo nacional, que incorporaba, entre otras actividades, a la marina mercante como servicio esencial.
Vale recordar que, la norma había sido dictada por el Poder Ejecutivo nacional para imponer límites a las medidas de fuerza que se llevan a cabo desde hace varios meses en los sectores claves como salud, educación y transporte. Sin embargo, la resolución de Fullana volteó una vez más la intención de la administración libertaria.
Entre los argumentos, la magistrada señaló que el DNU se dictó mientras el Congreso estaba en pleno ejercicio, tras alegar que la administración nacional no justificó lo suficiente “la necesidad y urgencia” que habría impedido el trámite legislativo ordinario, incurriendo en la usurpación de las facultades legislativas.
Además, Fullana consideró que la norma vulneró la libertad sindical, ya que el DNU ampliaba restrictivamente la lista de servicios esenciales, limitando el derecho de huelga en sectores como la marina mercante.
“En el presente proceso no está en debate qué servicios pueden ser o no ser considerados esenciales, sino el instrumento jurídico que se ha utilizado para modificar una ley de la Nación”, destacó la magistrada.
De esta forma, la Cámara cuestionó el fundamento del DNU relacionado a una “situación de crisis social y económica”, ya que bajo ese argumento el Congreso de la Nación “perdería su rol fundamental y para el que fue creado: sancionar las leyes de nuestro país”.
Cabe destacar que, semanas atrás, cuando la jueza dio a conocer la sentencia, en primera instancia, el vocero presidencial, Manuel Adorni, calificó a Fullana como una “militante”. “La mafia sindical consiguió que la casta judicial, en tiempo récord, le proteja nuevamente uno de sus privilegios”, escribió el funcionario nacional en su cuenta de X.
Es preciso mencionar que, el DNU 340/2025 había sido dictado el 21 de mayo y retomaba parte del contenido del DNU 70/2023, que está actualmente suspendido. Su objetivo era imponer reglas estrictas sobre los servicios mínimos durante medidas de fuerza en sectores como salud, educación, bancos, servicios públicos y producción de medicamentos, entre otros.
En total, la reglamentación del Gobierno nacional abarcaba 17 actividades consideradas esenciales o estratégicas. Algunas de ellas debían garantizar el 75% de su capacidad operativa incluso durante un paro. Además, la administración libertaria había defendido esta medida como una forma de “asegurar que no se vean afectados los servicios básicos” para la población.
Diputados repudiaron el DNU de Milei que limita el derecho a huelga
Diputados bonaerenses de Unión por la Patria y del radicalismo presentaron sendos de proyectos de rechazo al decreto de necesidad y urgencia (DNU) del gobierno de Javier Milei que limita el derecho huelga, al ampliar los servicios considerados esenciales.
En ese sentido, los diputados de Unión por la Patria Susana González y Carlos Puglelli, y la legisladora del bloque UCR + Cambio Federal, Belén Malaisi, ingresaron en las últimas horas a la Cámara baja bonaerense iniciativas en las que manifiestan el carácter “anticonstitucional” de la medida y que atenta “contra los principios del derecho internacional”.
En primer término, el proyecto de Susana González manifiesta su “expreso repudio a la inconstitucional limitación del derecho a huelga” que implementó el Gobierno nacional. “De ninguna manera pueden avanzar por DNU en la determinación del concepto de servicios esenciales, y menos establecerlos de forma taxativa”, indicó.
En detalle, la diputada bonaerense del Frente Grande citó en su iniciativa los artículos de la ley de Ordenamiento del Régimen Laboral, que identifica como servicios esenciales sólo aquellos cuya interrupción pueda poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población, tras lo cual sostuvo que el DNU de Milei “conlleva una limitación del principio de huelga flagrantemente anticonstitucional y que además colisiona con los principios del derecho internacional”.
Por su parte, el diputado Puglelli declaró “su más enérgico repudio al artículo 3° del DNU 340/25 emitido por el Ejecutivo nacional”, el cual amplía las actividades consideradas esenciales, y consideró que dicha disposición “representa un grave retroceso en materia de derechos laborales”.
En este marco, la diputada bonaerense del radicalismo, Belén Malaisi ingresó en la Cámara baja bonaerense un proyecto en el que manifestó su repudio al decreto. “El derecho constitucional a huelga es una herramienta que tienen todos los trabajadores de los estados democráticos para reclamar y peticionar lo que legítimamente les corresponde”, puntualizó.
