La diputada bonaerense del radicalismo, Belén Malaisi, presentó un proyecto en el que expresa “su más absoluto rechazo” al reciente decreto de necesidad y urgencia (DNU) del Gobierno nacional que limita el derecho huelga y declara a la educación como servicio esencial en los niveles de guardería, preescolar, primario y secundario.
En ese sentido, Malaisi sostuvo que el DNU de Milei “modifica inconstitucionalmente la Ley de Educación Nacional”, como así también “avasalla arbitrariamente el federalismo plasmado en la Ley 13.688 de la provincia de Buenos Aires” al considerar la educación como servicio y no como un derecho.
“En su naturaleza, el decreto esconde una trampa extremadamente peligrosa, como es vulnerar el derecho a huelga y sustituir el viejo principio de la educación como derecho universal por el de definirla simplemente como un servicio”, cuestionó la diputada bonaerense.
En los fundamentos del texto, Malaisi puntualizó que la Ley nacional 26.206 consagra, en consonancia con la Constitución, a la educación como un derecho fundamental y una prioridad, que se basa en pilares tales como la calidad educativa, igualdad de oportunidades, formación integral, participación comunitaria y formación docente. “El Gobierno nacional descree de todos estos principios”, indicó.
Asimismo, la legisladora argumentó que la administración mileísta desconoce “la potestad que las provincias tienen en el sistema educativo. “Nuestra Ley Provincial 13.688 también reafirma el concepto de la educación como derecho garantizado por el Estado, y no de un simple servicio”, añadió.
A través del decreto de necesidad y urgencia 340/2025, el Gobierno nacional limitó el derecho a huelga y amplió las actividades consideradas esenciales, es decir, las áreas de servicios que deberán garantizar de manera obligatoria un funcionamiento de entre 50 y 75% en caso de estar en conflicto.
Entre dichas actividades figuran la educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario; la aeronáutica comercial y el control de tráfico portuario; el transporte marítimo y fluvial de personas y/o mercaderías y/o carga, servicios conexos y operaciones costa afuera y la producción, transporte y distribución de gas y otros combustibles.
“Estamos en el intento por desmantelar el Estado en una nueva ofensiva contra la educación pública, que se traduce en una batería de decretos que, en forma ilegal, viene a bajarle el precio a la educación que para nosotros es un derecho universal irrenunciable”, criticó Malaisi.
Es preciso señalar que, el DNU provocó una inmediata respuesta de organizaciones gremiales, quienes lo calificaron de inconstitucional. “Esto equivale a cercenar el derecho constitucional a huelga. El movimiento obrero organizado dará las batallas que tenga que dar, sean en los tribunales, en la calle o en los puestos de trabajo, para garantizar este y otros derechos amenazados por el Gobierno nacional”, manifestaron desde la CGT.
En este marco, Malaisi también ingresó en la Cámara baja bonaerense un proyecto en el que manifestó su repudio al decreto. “El derecho constitucional a huelga es una herramienta que tienen todos los trabajadores de los estados democráticos para reclamar y peticionar lo que legítimamente les corresponde”, concluyó.
