El senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro, acompañado por otros once legisladores de Unión por la Patria (UxP), presentó un proyecto de ley para frenar la privatización total de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA). Esta iniciativa se formalizó tras la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 494/2025, que autoriza al Ejecutivo nacional a avanzar con la venta de la empresa estatal encargada del suministro de agua potable y del sistema de cloacas.
“La iniciativa busca garantizar que el agua siga siendo un derecho y no un negocio”, expresó de Pedro a través de sus redes sociales. En ese marco, el dirigente camporista afirmó que el agua potable “es esencial para la vida, la salud y el desarrollo de millones de argentinos” y advirtió que su administración “debe tender al bien común y no a la rentabilidad de nadie”.
En el cuerpo del proyecto, el bloque opositor advierte que la privatización de AySA significaría un retroceso en materia de acceso a los servicios, infraestructura y control público. Frente a ese diagnóstico, los legisladores impulsan dos acciones concretas: por un lado, anular el decreto firmado por el presidente, Javier Milei, y por otro, establecer la gestión estatal del agua como una política de Estado.
Durante la defensa de la iniciativa, de Pedro destacó los avances alcanzados desde la reestatización de la empresa en 2006, con especial énfasis en la gestión de Malena Galmarini al frente de AySA entre 2019 y 2023. Al respecto, el senador nacional detalló que, durante ese período, 4,5 millones de personas accedieron por primera vez al servicio de agua corriente y 3,6 millones a la red de cloacas.
Asimismo, el legislador de La Cámpora comparó el nivel de inversión pública con la etapa en que la empresa operaba bajo capitales privados, y enumeró una serie de resultados concretos. “Se invirtió 20 veces más que cuando estaba en manos de Aguas Argentinas. La cobertura pasó del 79% a más del 85% en agua potable, y del 60% al 70% en cloacas. Se construyeron nueve plantas depuradoras, una gran potabilizadora y se hicieron cientos de obras”, agregó.
En paralelo, el bloque de diputados de UxP ya había manifestado su rechazo al DNU mediante un proyecto encabezado por las legisladoras Sabrina Selva y Victoria Tolosa Paz, con el acompañamiento del presidente del bloque, Germán Martínez, y de otros integrantes del cuerpo legislativo como Leopoldo Moreau, Eduardo Valdés y Leandro Santoro.
Desde esa bancada advirtieron que el decreto impulsado por el Ejecutivo busca “desguazar las condiciones de control público sobre un servicio esencial”. En sintonía con esa postura, de Pedro recordó que AySA “ya había sido privatizada en los 90”, período que definió como regresivo. “Duplicaron tarifas, no invirtieron un peso y los residuos cloacales se volcaban al río sin tratamiento”, señaló.
Por último, el ex Ministro del Interior durante la gestión de Alberto Fernández, reafirmó la necesidad de sostener la gestión estatal del servicio y sostuvo que AySA “es de las y los argentinos”. “Defender la administración estatal de estos servicios públicos es defender la soberanía, el bien común, la salud y la vida de nuestro pueblo. Volver a privatizar sería retroceder tres décadas”, concluyó el referente camporista.
Cómo afecta la privatización de AySA en los hogares del Conurbano bonaerense
En las últimas semanas, el Gobierno de Javier Milei aprobó el plan de transición de la empresa estatal Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), que concluirá con la privatización de la compañía proveedora de agua y saneamientos. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 221/25 de la Secretaría de Obras Públicas, que aprobó el Plan de Acción de Transición 2024‑2026 orientado explícitamente hacia la venta o concesión del organo nacional.
Desde la asunción de Milei, AySA está inmersa en un proceso de reestructuración que incluyó la convergencia hacia el equilibrio económico‑financiero entre costos operativos, inversiones y tarifas, llevado a cabo mediante una fuerte suba tarifaria, recorte de obras e importantes despidos, mientras se registraron aumentos en los ingresos.
Además, en los últimos días, la administración libertaria reformó la normativa vigente, con el objetivo de permitir los cortes de servicio por falta de pago en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), otorgar mayores facultades a la concesionaria y sentar las bases legales para atraer inversión privada bajo un marco regulatorio redefinido
Cabe señalar que, AySA opera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 municipios del Conurbano bonaerense, donde residen 15,1 millones de personas, y según su reporte de sustentabilidad de 2023 abastece de agua potable a 11,3 millones y de cloacas a 9,4 millones de habitantes, lo que convierte a su privatización en un hecho con alcance social masivo.
