Diputados bonaerenses de la Coalición Cívica repudiaron el ataque violento contra su local partidario en Pilar, en el que un grupo de desconocidos ingresó por la fuerza, golpeó al sereno y dejó una amenaza dirigida al dirigente local, Matías Yofe, vinculada a sus denuncias por presuntas irregularidades en el sistema de fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV) que derivó en la salida del exministro provincial, Jorge D’Onofrio.
En ese marco, la titular del bloque de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados bonaerense, Maricel Etchecoin, fue una de las primeras en pronunciarse desde su cuenta de “X“. “Vamos a seguir denunciando la corrupción, siempre. No nos van a amedrentar los violentos. Mi total solidaridad con Matías Yofe y todo el equipo de la CC-ARI de Pilar. Que la Justicia actúe rápidamente para dar con los responsables”, expresó.
Por su parte, la legisladora Romina Braga se sumó al repudio y también hizo foco en las amenazas recibidas por el referente comunal, al tiempo que manifestó su solidaridad para con Yofe y la CC-ARI Pilar. “No podemos permitir que esta violencia quede impune. Aún con amenazas, siempre vamos a denunciar la corrupción con la frente en alto y luchar por una Provincia más justa”, sostuvo.
En la misma línea, el diputado bonaerense, Luciano Bugallo responsabilizó al oficialismo provincial por el ataque y sumó un mensaje de apoyo al pilarense. “Las mafias del PJ, las que se apoderan del Estado para hacer negocios y convertir en millonarios a tipos que nunca laburaron, creen que con aprietes y amenazas pueden hacer que alguien de la CC-ARI tiemble y abandone su lucha. No nos conocen”, sostuvo.
Las expresiones de apoyo llegaron luego de que el propio Yofe hiciera pública la denuncia por el ataque a la sede partidaria. Según relató el dirigente lilito, un grupo de desconocidos irrumpió en el local durante la madrugada, golpeó al sereno del lugar y dejó una amenaza explícita vinculada a las denuncias que él impulsa por supuestas maniobras de corrupción relacionadas con las fotomultas y la VTV bonaerense.
Según el relato del sereno, antes de golpearlo, los agresores hicieron alusión a las denuncias impulsadas por la Coalición Cívica durante 2024, que derivaron en la renuncia del exministro Jorge D’Onofrio. “Dejate de joder con la VTV y las fotomultas”, advirtieron. De inmediato, Yofe repudió el ataque a través de sus redes sociales y expresó: “Atacar la sede de un partido, golpear, amedrentar, con el único fin de que dejemos de trabajar por un Buenos Aires y un Pilar más justo no nos va a frenar”.
En ese contexto, Yofe reafirmó su compromiso con las investigaciones y, si bien reconoció su preocupación por su seguridad personal y la de su familia, remarcó. “Vamos a ir a fondo, y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, porque no podemos permitir que las mafias se impongan. No voy a dejar de hacer lo que tenga que hacer”, concluyó.
El hecho se enmarca en una causa judicial que investiga un entramado de corrupción en el sistema de multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires. Este escándalo provocó la salida de Jorge D’Onofrio del Ministerio de Transporte bonaerense y su posterior imputación por parte de la Justicia Federal, junto con la exconcejal de Pilar, Claudia Pombo, y otras personas vinculadas políticamente.
La Coalición Cívica responsabilizó a D’Onofrio en el escándalo de fotomultas
La Justicia provincial investiga un posible esquema de corrupción en el sistema de multas de tránsito que compromete a exfuncionarios del Ministerio de Transporte bonaerense. La causa involucra al exministro Jorge D’Onofrio, dirigente del Frente Renovador, y se originó a partir de una denuncia particular, que luego tomó impulso por la intervención de la Coalición Cívica.
El fiscal penal de La Plata, Álvaro Garganta, lidera una investigación central que busca reconstruir el accionar de una presunta organización conformada por funcionarios, abogados y gestores vinculados a la cartera provincial de Transporte, quienes habrían operado de forma ilegal para reducir o eliminar multas de tránsito a cambio de dinero.
Según la hipótesis judicial, los implicados accedían al sistema informático provincial que centraliza las multas de tránsito para beneficiar a ciertos conductores y reducir las sanciones hasta en un 50%, en plazos anormalmente breves y con penas mínimas. “La diferencia de esa ganancia se sospecha que era repartida por los gestores hacia distintos funcionarios que realizaban el trabajo de condenar a penas mínimas a los infractores”, explicó el fiscal Garganta.
Las irregularidades que investiga la Justicia abarcan desde 2022 hasta fines de 2024, y los investigadores sospechan que la red operaba tanto en el ámbito provincial como en juzgados de faltas municipales. En estos últimos, las dependencias provinciales habrían intervenido los sistemas locales para aplicar el mismo procedimiento irregular.
