La investigación judicial por el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) avanza con nuevas medidas luego de los allanamientos que sacudieron a la Casa Rosada. La causa se originó tras la filtración de audios del exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, en los que detallaba supuestos retornos millonarios por contratos con la droguería Suizo Argentina y mencionaba a dirigentes cercanos al presidente, Javier Milei.
El juez federal, Sebastián Casanello, autorizó más de diez allanamientos a pedido del fiscal, Franco Picardi. Los operativos terminaron con el secuestro de documentación, dispositivos electrónicos y sobres con dinero en efectivo que, según los investigadores, podrían ser clave para determinar si existió un circuito de coimas en el área de Discapacidad.
Entre los elementos más sensibles se encuentran los teléfonos de Spagnuolo; del exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini, y del accionista de la droguería Suizo Argentina, Emmanuel Kovalivker. Sin embargo, ninguno de ellos entregó las contraseñas, lo que complica el peritaje y retrasa la posibilidad de acceder a mensajes, audios y archivos.
En el caso de Garbellini, se logró avanzar gracias a que el propio exfuncionario entregó la clave de desbloqueo. Distinta fue la situación de Spagnuolo, a quien le incautaron dos teléfonos en su casa de Pilar, y de Kovalivker, cuyo dispositivo aún no pudo ser desencriptado. La expectativa de la Justicia es recuperar los audios originales que confirmen la existencia de los supuestos sobornos.
El hallazgo de sobres con 266 mil dólares y 7 millones de pesos en poder de Kovalivker, además de una máquina de contar billetes en la casa de Spagnuolo, encendió las alarmas en los tribunales. El origen del dinero será parte de la pesquisa, aunque por el momento el empresario farmacéutico no fue citado a declarar.
Mientras tanto, otro equipo judicial trabaja en la revisión de documentación secuestrada en la sede de la ANDIS y en propiedades de los implicados. El objetivo es rastrear si hubo contratos estatales direccionados hacia Suizo Argentina y, en ese marco, si existió un pedido de sobornos a proveedores.
Los audios de Spagnuolo, difundidos la semana pasada, dieron cuenta de un entramado donde los retornos habrían llegado a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei. El exfuncionario incluso mencionó a Eduardo “Lule” Menem y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. “Estamos hablando de entre medio palo y 800 lucas de medicamentos por mes”, se lo escucha decir en una de las grabaciones.
Spagnuolo y Garbellini fueron desplazados de sus cargos y el Gobierno designó a Alejandro Vilches como interventor en la ANDIS, con la instrucción de realizar una auditoría interna.
Escándalo político por el ANDIS
El caso no solo golpeó de lleno a la gestión libertaria, sino que también alteró el escenario electoral. La oposición en la Cámara de Diputados reclamó explicaciones urgentes, mientras que sectores del oficialismo buscan enmarcar la causa en una supuesta maniobra política para perjudicar al Presidente.
Desde el kirchnerismo, la exvicepresidenta, Cristina Kirchner, reapareció con fuertes críticas. En un extenso posteo en redes sociales, aseguró que el caso “es infinitamente peor” que la causa Vialidad y apuntó directamente contra Karina Milei y Lule Menem.
En paralelo, referentes como Martín Menem y Guillermo Francos salieron a defender a la hermana del Presidente, asegurando que se trata de un “operativo de desgaste” en plena campaña electoral. “Pegarle a Karina Milei es pegarle al Presidente”, sostuvo el jefe de Gabinete.
A pesar de las defensas internas, el escándalo es considerado por analistas y opositores como la peor crisis política del gobierno libertario desde su asunción. Los próximos pasos de la Justicia, en especial el peritaje de los celulares secuestrados, marcarán el rumbo de una causa que combina denuncias de corrupción, internas políticas y el inicio de la campaña bonaerense.
