Este jueves, el diputado bonaerense Luciano Bugallo criticó con firmeza un proyecto impulsado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales y advirtió que, aunque la iniciativa suene bien en primera instancia, si llega a manos equivocadas podrá instrumentarse como herramienta de persecución política y económica contra el campo.
Según Bugallo, la propuesta declara que la protección del suelo y agua es de “interés público”, lo que podría otorgar al Estado “potestades superiores sobre tierras privadas desplazando el derecho de propiedad y la persecución política y económica contra el campo”. En su análisis, el legislador de la Coalición Cívica sostuvo que cualquier decisión del productor podría quedar sujeta a intervención, fiscalización o prohibición.
Otro punto que Bugallo señaló como controversial es la obligación impuesta a productores y privados de “colaborar” con prácticas obligatorias de conservación, lo que a su entender elimina la autonomía del productor bonaerense, que ya no podría decidir libremente cómo usar su tierra sino que estaría obligado a acatar planes de manejo sujetos a supervisiones burocraticas.
En su posteo en redes sociales, Bugallo también cuestionó que los planes de uso y manejo solo puedan ser firmados por ingenieros agrónomos matriculados en el Colegio, lo que configuraría un “monopolio gremial” que podría convertir a los productores en rehenes de una corporación que cobra honorarios obligatorios. En su análisis, el escrito “mina el principio de libre contratación entre productor y profesional de su elección”.
Otro elemento que despertó el rechazo del legislador y producción es la creación de Distritos de Cuidado del Suelo y Agua definidos por el Estado, que a su entender obligarían a los productores a integrarse en consorcios forzados cuando el Estado lo considere necesario. Este punto fue remarcado por el diputado por “atentar contra el principio de asociación libre”, ya que los planes con proyecciones a cuatro años, catálogos oficiales de prácticas y aprobación estatal, limitarían la planificación independiente del cultivo, la rotación y el manejo interno del lote.
Es preciso mencionar que, el proyecto que empuja el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales explicita que aquellos que acaten la iniciativa obtendrían beneficios fiscales, mientras que para aquellos que lo ignoren se prevén sanciones como multas, exclusión de planes o pérdida de beneficios.
En este sentido, Bugallo consideró que ese esquema convierte al productor en un súbdito del poder político, en un sistema de premios y castigos. Por añadidura, se plantea la creación de organismos colegiados con profesionales, ONGs y representantes estatales que podrían intervenir en los planes, lo que potenciaría la burocracia y la influencia de agendas externas alertada por el diputado bonaerense.
El proyecto también propone un fondo especial, nutrido con el 0,08 % del presupuesto provincial, multas y donaciones administrado como fideicomiso público en conjunto con una mesa provincial. Sobre ese punto, Bugallo sostuvo que implicaría “nuevos impuestos y recursos destinados a sostener estructuras administrativas discrecionales”.
En síntesis, el diputado planteó que el proyecto del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales limita la propiedad privada al declarar la tierra de “interés público”, crea un monopolio gremial para los ingenieros agrónomos, obliga a la asociación forzosa de productores, impone planificación centralizada de cultivos, incrementa la burocracia y el gasto público, e instala un régimen de premios y castigos que puede servir de herramienta de persecución política y económica contra el campo.
Bugallo: “La eliminación temporal de retenciones es parecida al dólar soja de Massa”
La semana pasada, el diputado bonaerense de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo, salió a advertir que la eliminación temporal de las retenciones al campo fue una medida “improvisada y electoralista”, similar al dólar soja implementado por Sergio Massa cuando se desempeñaba como ministro de Economía.
Si bien Bugallo indicó que toda baja o reducción de las retenciones “se celebra”, también consideró que la eliminación temporaria obedeció únicamente a una necesidad fiscal de la administración de Javier Milei. “No las eliminan porque piensen que son un impuesto distorsivo, sino lo extenderían en el tiempo”, manifestó el legislador en diálogo con este medio.
“La medida no se hace por el bien de la producción, sino sólo por una necesidad fiscal del Gobierno y termina siendo otra especie de dólar soja al estilo de Massa. Es improvisado y a los productores que liquidaron la semana pasada los embromaron olímpicamente, justamente porque no hubo previsibilidad”, consideró el legislador lilito.
En detalle, la eliminación temporal de las retenciones que anunció el vocero presidencial Manuel Adorni alcanza a la soja, el maíz, el trigo, el girasol y otros cultivos, como así también a las exportaciones de carnes bovinas y avícolas con el objetivo de favorecer el ingreso de divisas y reforzar las reservas del Banco Central.
