Este martes, el Gobierno nacional de Javier Milei promulgó las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica en todo el país, pero postergó su aplicación por lo que ambas normas quedan sin efecto operativo a pesar de haber sido aprobadas y publicadas en el Boletín Oficial.
La medida fue instrumentada a través de los decretos 759/2025 y 760/2025, y difundidos en la madrugada de este martes. Según se desprende de los textos oficiales, el Poder Ejecutivo argumentó que la entrada en vigencia de las leyes generaría un impacto fiscal insostenible para las cuentas públicas en ausencia de partidas específicas.
Es preciso recordar que, la Ley de Financiamiento Universitario había sido aprobada tras el rechazo al veto presidencial previo, y busca garantizar la actualización automática de los gastos de funcionamiento del sistema universitario nacional, así como la recuperación salarial del personal docente y no docente. El mecanismo previsto fija un ajuste bimestral según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
De acuerdo a las proyecciones incorporadas en el decreto que lleva la firma de Milei, la actualización acumulada del IPC entre mayo y diciembre de 2024 representa un 34,89%, lo que implicaría un costo adicional estimado de $123.358.213.085 solo para el ejercicio vigente. En tanto, para 2025 el gasto total ascendería a $1,06 billones y para 2026 a más de $2 billones.
En materia salarial, el Ejecutivo detalló que la inflación acumulada desde diciembre de 2023 fue del 220,45% frente a una recomposición salarial del 128,49%, por lo que la equiparación demandaría un incremento del 40,25% para alcanzar el nivel inflacionario. A ello se sumaría la incorporación al básico de sumas no remunerativas y no bonificables, con un costo proyectado de $178.984 millones en 2025 y de $490.459 millones en 2026.
Además, la ley de financiamiento universitario también contempla la actualización de los programas de becas estudiantiles Manuel Belgrano y Progresar, que deberían reajustarse conforme al IPC. Así, el crédito vigente asciende a $33.041 millones, pero su adecuación supondría desembolsos adicionales superiores a los $149.454 millones.
En paralelo, la Ley de Emergencia Pediátrica apunta a fortalecer las partidas para los hospitales infantiles, garantizar insumos y recomponer los salarios de los profesionales, además de eximir del impuesto a las ganancias a los trabajadores de especialidades críticas. En tanto, el Gobierno de Milei calculó que la puesta en marcha del régimen exigiría una inversión de $196.270 millones, un monto que supera la disponibilidad presupuestaria del Ministerio de Salud y que equivale al 30% del total nacional destinado a medicamentos y tecnología sanitaria.
Es preciso mencionar que, en los decretos la Casa Rosada remarcó que el Congreso “no identificó de manera expresa las fuentes de financiamiento” de las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, lo que contraviene la Ley 24.156 de Administración Financiera, y sostuvo que “no se avanzará con la ejecución de ninguna de las dos normas” hasta que haya previsión presupuestaria definida.
La CONADU cargó contra Milei por la postergación de la ley de financiamiento universitario
Luego de que se dieran a conocer los decretos, la secretaria general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), Clara Chevalier, cuestionó que el Gobierno haya demorado la plena vigencia de la ley de financiamiento universitario aun después de haber sido promulgada y ratificada por las dos cámaras. Según explicó, las federaciones universitarias consideran que la suspensión constituye una forma de incumplimiento normativo y, en esa línea, activaron un plan de medidas de fuerza.
En una comunicación radial, Chevalier sostuvo que “es gravísimo que una vez lograda la insistencia del Congreso, el Gobierno nacional distorsione una ley que debiera estar vigente”, y denunció que la estrategia oficial replica lo ocurrido con la emergencia en discapacidad, donde se promulgó la norma pero se frenó la puesta en marcha hasta que se identificaran los fondos.
En tanto, la dirigenta de la CONADU aseguró que el problema central es que la ley de financiamiento universitario “devuelve la paritaria como mecanismo institucional”, y que el Ejecutivo no cumple con los plazos formales de promulgación y aplicación. En esa línea, Chevalier explicó que las federaciones definieron 48 horas de protesta, con paro de gremios no docentes y docentes en días consecutivos.
En última instancia, la representante de la CONADU advirtió que el cuadro afecta el normal cierre del cuatrimestre, y que las organizaciones gremiales deberán evaluar cómo continuar con las medidas, ya que el esquema actual “no solo posterga la ley sino que desconoce la situación salarial y las condiciones laborales del sistema universitario”.
