El viernes pasado, la Cámara de Diputados bonaerense apuró el pasaje en comisiones de la ley consensuada por el peronismo, el radicalismo y el PRO para reformar el esquema del Tribunal Fiscal de Apelaciones. Si bien la normativa establecía una ampliación en su sistema de autoridades, un cambio de último momento modificó por completo la naturaleza de la iniciativa sobre el órgano encargado de resolver los conflictos entre los contribuyentes y la administración fiscal de la provincia de Buenos Aires.
La propuesta, que será votada en el recinto este martes, lleva la firma del titular del bloque peronista, Facundo Tignanelli, del presidente de la bancada radical, Diego Garciarena, del líder del PRO, Alejandro Rabinovich, y del referente de Unión y Libertad, Martín Rozas. El proyecto tiene el objetivo de “optimizar el funcionamiento jurisdiccional” del organismo y “dotarlo de herramientas que contribuyan a una prestación más eficiente del servicio de justicia administrativa tributaria”.
En un principio, la iniciativa buscaba ampliar de 1 a 3 la cantidad de relatores que asisten a los nueve vocales integrantes del organismo, por lo que se crearían 18 nuevos puestos laborales. “Cada vocal será asistido por hasta tres relatores, con título de abogado o contador, teniendo al menos uno de ellos título profesional diferente al de quien asista”, establecía anteriormente el proyecto.
Sin embargo, los diputados decidieron retirar ese punto y engrosar la nueva “Tasa de Actuación ante el Tribunal Fiscal de Apelación”, una carga impositiva contemplada en el proyecto que se calculará sobre el importe de los saldos del impuesto determinado en la apelación y/o el monto correspondiente a multas aplicadas. De esta forma, la alícuota para calcular esta tasa pasó del 0,60% al 0,75%.
“Su configuración responde a la naturaleza propia de las tasas retributivas de servicios. La cuantía prevista procura mantener una incidencia económica razonable y proporcional respecto de la pretensión discutida, evitando que constituya un obstáculo para el acceso a la jurisdicción administrativa tributaria”, argumentaron los diputados de Fuerza Patria, el PRO, UCR y Unión y Libertad.
Esta tasa es la base troncal financiera del proyecto, que tiene como eje blindar los salarios de los miembros del Tribunal Fiscal de Apelaciones sin tocar ninguna cuenta provincial. Sucede que, el principal postulado de la ley establece que los integrantes de esta entidad tendrán un “tratamiento remunerativo” y un “régimen previsional idéntico” a los que perciben los vocales del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires.
Otra de las modificaciones que los diputados agregaron durante el trabajo en comisiones, fue el agregado de un articulado para establecer que los recursos del “Fondo de Jerarquización y Especialización Técnico-Tributaria (FOJET), un pozo creado por este texto, solo sirvan para financiar los gastos del proyecto, y así evitar que el Ejecutivo deba producir erogaciones para implementar esta ley.
La tasa también viene a atender otra gran problemática que atraviesa el Tribunal Fiscal de Apelaciones, como lo son sus vacantes. Hasta diciembre del año pasado, el organismo funcionó con un solo vocal, Carlos Carballal, y las otras 8 sillas fueron ocupadas durante años por abogados y contadores a través de un sistema rotativo.
La ley vigente contempla un esquema de reemplazos del que forman parte representantes del Colegio de Abogados y contadores. Como las vacantes se extendieron en el tiempo, en los últimos años el Tribunal Fiscal no mantuvo una postura unificada en sus fallos dado que constantemente cambiaba de integrantes.
En esta línea, durante la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, el massista Alexis Guerrera detalló la importancia de crear una tasa al mencionar los casos de los matriculados profesionales que tuvieron que cesar su ejercicio para formar parte del Tribunal Fiscal de Apelaciones.
“Ellos renunciaron a ejercer como abogados y a ejercer como contadores, y la Provincia les paga $1.400.000. Hay muchos que vienen del interior de la Provincia. En su momento los que estaban antes cobraban como un juez de Cámara. Hoy tratamos esta ley para que tengan algo más, por lo menos para pagar el viaje, el almuerzo, para que puedan vivir”, marcó el Vicepresidente 1° de Diputados.
Dentro del proyecto, se contempla que ni los vocales subrogantes ni los conjueces podrán percibir remuneración adicional por el ejercicio de dicha función, por lo que la tasa viene a ser un “plan B” para que los abogados y contadores que actúen temporalmente en el Tribunal sean recompensados. De hecho, la distribución de lo recaudado se efectuará en las formas y condiciones que determine el propio organismo mediante un “acuerdo extraordinario de vocales”.
Entre otras modificaciones, con esta ley ahora el Tribunal dejará de obligar a sus miembros a expedirse “en minoría”, como ocurre en el trabajo legislativo. Esto quiere decir que, si de tres vocales, dos se expresan de la misma forma, el vocal en discordia podrá elegir si expresa o no su discrepancia a través de un escrito en el que mostrará sus fundamentos.
Además, el proyecto establece que ahora los secretarios, prosecretarios y los relatores de vocalía tendrán las mismas “inhabilidades e incompatibilidades” que las establecidas para los vocales del Tribunal: no podrán ejercer el comercio, realizar actividades políticas o profesionales, ni desempeñar otro empleo a sueldo nacional o provincial, excepto la comisión de estudios y la docencia.
Diputados: la historia de la ley para modificar el Tribunal Fiscal de Apelaciones
La Cámara de Diputados bonaerense este martes tratará el proyecto de ley consensuado por el peronismo, el radicalismo y el PRO para reformar el esquema del Tribunal Fiscal de Apelaciones, en donde se contempla la creación de una tasa recaudatoria en la órbita de esta entidad.
Para entender por qué el proyecto encontró rápido tratamiento, dado que fue presentado el pasado 26 de agosto y recibió apenas un mes después, basta con remontarse a diciembre del año pasado. En medio de los acuerdos para aprobar el pedido de endeudamiento, Kicillof accedió a cubrir cargos en diversos organismos, como el Banco Provincia, el Consejo General de Educación y el Tribunal Fiscal de Apelación.
En este sentido, Fuerza Patria, la UCR abadista y el PRO, que se vieron beneficiados en el reparto de sillas en el Tribunal Fiscal de Apelaciones, motorizaron un proyecto que vendría a ser la continuación de las negociaciones que permitieron que la Legislatura bonaerense sancione el endeudamiento.
En concreto, el Tribunal Fiscal de Apelación es un organismo autárquico que funciona como una suerte de “árbitro” especializado entre el Estado y los contribuyentes. Cuando la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) reclama una deuda impositiva o aplica una multa a una empresa o a un particular y estos no están de acuerdo, pueden recurrir al organismo. Su función es revisar el caso y resolver la controversia dentro del ámbito administrativo, actuando como un filtro antes de que el conflicto llegue a los tribunales ordinarios y derive en un proceso judicial más largo y costoso.
En concreto, esta ley se produce en el marco de un debate mucho más amplio promovido por la Suprema Corte de Justicia y otras áreas judiciales, que pujan para que su agenda tenga más lugar en la Legislatura. Entre ellos, se encuentran la creación del Tribunal Electoral (que fue postergado en comisiones) y la obligatoriedad de una audiencia preliminar para agilizar la agenda de juicios.
