El gobernador Axel Kicillof le contestó al Gobierno de Javier Milei que, a través de su jefe de Gabinete Manuel Adorni, amenazó con aprobarle un tramo de la solicitud de endeudamiento de hasta USD 3.685 millones, pero no la totalidad por ser considerada “deuda nueva”. En su respuesta, el Gobernador habló de la negociación por los cargos en organismos clave que también sancionó la Legislatura bonaerense.
“No es un sobre endeudamiento, no se presentó nada extra a los recursos para los municipios que aprobamos todos los años y los cargos que corresponden a la oposición”, referenció Axel Kicillof en una entrevista con C5N.
En el Gobierno nacional pretenden autorizar al mandatario a “rollovear”, lo que implica renovar los vencimientos de deuda ya existente, pero sin asumir nuevos compromisos financieros que aumenten el pasivo. “No hay nueva deuda. Le recordamos al gobernador que, sin déficit, no hay nueva deuda”, lanzó Adorni en conferencia de prensa.
Luego de la respuesta, Kicillof abordó el tema de la negociación por los cargos en el directorio del Bapro, en el Consejo de Educación y en el Tribunal Fiscal, que acompañaron la sanción de su ley de endeudamiento. “Hay unos cargos en la provincia de Buenos Aires que corresponden a la oposición, al peronismo durante la gestión de (María Eugenia) Vidal”, dijo.
El gobernador peronista se metió en la interna opositora que estalló en la búsqueda de consensos. “Hoy a la oposición que está muy fragmentada. La Libertad Avanza son dos o tres sectores, el PRO también, los radicales”, se quejó el mandatario, que cedió ocho sillas en esos organismos clave para conseguir la sanción de la “ley de financiamiento”.
En rigor, en el peronismo también conviven tres grandes sectores, el de Kicillof, La Cámpora de Máximo Kirchner y el Frente Renovador de Sergio Massa.
“Son cargos que corresponden a la oposición y después recursos que provienen de este financiamiento para los municipios, como lo hicimos en todos los presupuestos”, añadió Kicillof.
En la ley de endeudamiento, el Gobernador incluyó el equivalente a $350.000 millones para los municipios de la provincia de Buenos Aires, los cuales serán distribuidos en un 70% a través del Coeficiente Único de Distribución (CUD) y el otro 30% por programas provinciales que refieran proyectos de infraestructura.
En la sesión en la que se aprobó la ley, el jefe de uno de los bloques radicales, el diputado Diego Garciarena, defendió el acuerdo político. “La construcción de mayorías en un cuerpo legislativo requiere necesariamente de acuerdos. ¿Dónde está lo oscuro? Lo oscuro sería que un diputado vaya a pedir plata por una ley”, dijo y agregó: “Esas son las reglas del juego, acá y en cualquier parlamento del mundo”.
El reparto de cargos en la Legislatura bonaerense
La Legislatura bonaerense prestó acuerdo para la cobertura de cargos en el Consejo de Educación, el directorio del Banco Provincia y el Tribunal Fiscal de Apelaciones. Tras semanas de negociación, el oficialismo y la oposición lograron acordar un esquema que reparte sillas entre intendentes, referentes territoriales, gremios docentes, sectores internos del peronismo y bloques opositores fragmentados.
En el Consejo de Educación, donde se definen los ejes centrales de la política educativa, confluyeron representantes sindicales de la FEB y Suteba, dirigentes del massismo, de La Cámpora, funcionarios de la estructura de Axel Kicillof y representantes radicales y del PRO.
La negociación más áspera pasó por el Banco Provincia, donde se amplió el directorio y se habilitó la llegada de intendentes del Frente Renovador, referentes del Movimiento Derecho al Futuro, dirigentes camporistas, figuras ligadas a Martín Insaurralde y representantes de bloques opositores como el PRO, la UCR y los libertarios dialoguistas.
El Tribunal Fiscal de Apelaciones, antesala administrativa de la justicia en materia tributaria, también renovó su composición con nombres del kirchnerismo, de intendentes peronistas, del massismo y de los espacios opositores.
