En las últimas horas, la Justicia dictó una medida cautelar que frena de manera inmediata la habilitación de nuevas construcciones en altura en el partido bonaerense de Tigre, y sostuvo que los proyectos no podrán avanzar hasta que el Concejo Deliberante apruebe un nuevo Código Urbano o hasta un máximo de seis meses, lo que deja en pausa 103 desarrollos que estaban próximos a obtener autorización y genera un quiebre en el ritmo de crecimiento del distrito.
Es preciso mencionar que, la decisión se tomó a partir de un amparo ambiental que denunció la falta de estudios de impacto urbano, ambiental y social en el municipio liderado por Julio Zamora, que además registró la ausencia de audiencias públicas y de un proceso administrativo claro.
En tanto, el fallo judicial fue impulsado por el concejal electo Sebastián Rovira, de Fuerza Patria, junto a la ONG Compromiso con Tigre, fundada por Malena Galmarini. Es que, ambos sectores plantearon que el boom de construcciones en altura avanzaba sin cumplir los requisitos que exige la legislación vigente, y remarcaron que los emprendimientos se multiplicaron en zonas donde ya se registran reclamos de vecinos por saturación de servicios básicos, problemas en las cloacas, tensión sobre las redes eléctricas, aumento del tránsito y una creciente falta de transparencia en el otorgamiento de permisos municipales.
En ese marco, el juez dio lugar al planteo y ordenó frenar nuevas habilitaciones, al sostener que el Municipio reconoció la necesidad de actualizar el Código Urbanístico, un marco regulatorio que lleva más de treinta años sin cambios profundos pese a la transformación demográfica y territorial que atravesó Tigre en las últimas décadas.
En ese sentido, el magistrado que dictó la medida cautelar afirmó que existían indicios claros de impactos negativos derivados del crecimiento en altura, y consideró que no hubo estudios técnicos que permitieran evaluar las consecuencias ambientales y sociales de los desarrollos proyectados.
Por caso, el fallo cuestionó que la expansión urbana de Tigre no estuviera acompañada de audiencias públicas ni de informes sobre riesgos, circulación vial, infraestructura hídrica o abastecimiento de servicios, todos aspectos que deben ser considerados antes de permitir nuevos emprendimientos. Según la resolución, la falta de esos instrumentos impide garantizar un crecimiento equilibrado y genera un escenario de incertidumbre para los vecinos, que vienen manifestando problemas crecientes en los corredores más desarrollados del distrito.
El intendente Julio Zamora había intentado frenar el avance de las torres con el Decreto 935/25, que estableció un límite temporal para las construcciones superiores a los ocho pisos. Sin embargo, el juez señaló que esa medida no se apoyó en evaluaciones técnicas ni abordó el problema de fondo: la ausencia de una planificación urbana integral que ordene tanto el crecimiento en altura como el uso del suelo y las cargas sobre los servicios públicos. Para la Justicia, era necesario un freno más amplio y con sustento legal hasta que el municipio establezca una normativa acorde a la realidad territorial de Tigre.
Tras conocerse el fallo, Sebastián Rovira sostuvo que la decisión representa “un primer paso enorme” y apuntó contra los mecanismos de habilitación vigentes. “Necesitamos un crecimiento que sea para todos, no solo para los bolsillos de algunos funcionarios y desarrolladores. Ahora vamos por un nuevo Código Urbano que ordene y dé reglas claras a la ciudad”, afirmó el dirigente, quien presentó los expedientes cuestionados y llevó el reclamo a los medios antes de judicializarlo.
En tanto, el sector inmobiliario reaccionó de manera inmediata y con opiniones divididas. Mientras algunos desarrolladores aseguraron que la suspensión genera incertidumbre sobre el valor de la tierra y el futuro de las inversiones en curso, otros evaluaron que el fallo expresa una demanda creciente de los vecinos y de distintas organizaciones sociales por discutir reglas más claras para el desarrollo urbano. En todos los casos, destacaron que la definición del nuevo Código será clave para conocer el rumbo del mercado en los próximos años.
Es que, el crecimiento demográfico de Tigre explica parte de la presión sobre los servicios y sobre el ordenamiento territorial. Según el último Censo, el municipio alcanzó los 446.949 habitantes, lo que representa un incremento del 18,7% que no se dio únicamente en barrios privados, como ocurrió en décadas anteriores, sino también a través de edificios y torres en corredores como Camino de los Remeros, zonas cercanas a Nordelta y áreas donde se multiplicaron los proyectos residenciales y de oficinas impulsados por la demanda habitacional y por la valorización del suelo.
Así, la suspensión dictada por la Justicia abre ahora una etapa de definiciones políticas y técnicas en el Concejo Deliberante, ya que el cuerpo deberá discutir un nuevo Código Urbano que incorpore criterios ambientales, garantías de participación ciudadana y lineamientos de desarrollo sostenible, y que permita ordenar la expansión del distrito en un contexto de fuerte presión inmobiliaria.
En este sentido, la discusión será central para el futuro de Tigre, ya que determinará cómo crecerá el municipio y qué impacto tendrá ese crecimiento sobre la calidad de vida de sus habitantes.
Tigre: los resultados electorales de septiembre
- La Libertad Avanza: 45,91 %
- Fuerza Patria: 38,00%
- Frente de Izquierda: 5,23 %
- Propuesta Federal para el Cambio: 2,78 %
- Alianza Provincias Unidas: 2,21 %
- Partido Nuevo Buenos Aires: 1,20 %
