En el marco de la comisión investigadora por las más de 100 muertes que causó el fentanilo contaminado, diputados de la oposición presentarán este martes el informe final del cuerpo parlamentario que buscó conocer en detalle qué paso a través del relevamiento de todos los casos confirmados, probables y sospechosos.
Además, el cuerpo legislativo pretendía investigar la cronología del brote, identificar sus causas y establecer responsabilidades dentro del sistema de salud, tanto público como privado, en un plazo de 4 meses, hasta el 9 de diciembre de 2025. Sin embargo, el documento se conocerá una semana antes.
“Queremos poder acompañar la situación de las víctimas, poder aclarecer estos hechos y hacer propuestas que eviten futuras situaciones como las que han pasado”, expresó la titular de la comisión investigadora, la diputada de Encuentro Federal, Mónica Fein, durante la primera sesión del cuerpo.
Durante el transcurso de la investigación, los legisladores llevaron a cabo un total de 10 reuniones, a las que asistieron médicos del Hospital Italiano de La Plata, especialistas, biotecnólogos, farmacéuticos, representantes de laboratorios, integrantes del Observatorio de Víctimas de Delitos, así como familiares de las víctimas del fentanilo contaminado.
Asimismo, el 3 de noviembre pasado, la comisión investigadora realizó una reunión en el Consejo Municipal de Rosario con familias de esa localidad, mientras que una comitiva se reunió con el juez federal de La Plata, Ernesto Krepak, para conocer los detalles de la causa del fentanilo contaminado.
No obstante, los diputados no tuvieron la misma suerte con los funcionarios públicos, ya que el ministro de Salud, Mario Lugones, y la titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología, Agustina Bisio, se excusaron en dos ocasiones de asistir a las convocatorias.
Con respecto a las demandas de los familiares de las víctimas por el fentanilo contaminado, los mismos reclamaron por una ley exhaustiva de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, que incluye obligatoriamente al fentanilo y opioides sintéticos dentro de un sistema de trazabilidad digital integral.
Asimismo, los familiares solicitaron un registro individual de cada una de las unidades de producción hasta la administración al paciente, obligar al laboratorio, droguerías y hospitales a informar electrónicamente cada movimiento del medicamento garantizando auditoría pública y judicial para que no haya nuevamente una violación de los controles cruzados.
Por su parte, los legisladores propusieron la digitalización y centralización de la información sanitaria, garantizar la interconexión de las historias clínicas electrónicas a la trazabilidad clínica de los medicamentos administrados, crear un sistema nacional de alerta y notificación inmediata e incorporar sanciones específicas para los establecimientos de salud o laboratorios que omitan, demoren o falseen información.
Fentanilo contaminado: la crisis sanitaria más importante de los últimos años
La Justicia confirmó que más de 33.731 dosis del lote de fentanilo contaminado fueron aplicadas a pacientes internados en hospitales y clínicas de todo el país. Si bien de ese total 64.003 unidades ya fueron recuperadas y 56.796 se encuentran custodiadas judicialmente, hay aún 11.405 ampollas que permanecen con paradero desconocido.
Por caso, el Cuerpo Médico Forense determinó que en 12 casos existe un “nexo concausal” entre la administración del fentanilo contaminado y el estado infeccioso que complicó el cuadro clínico de los pacientes, e indicaron que, aunque no se puede asegurar un nexo directo en todos los casos, en esas historias clínicas la adulteración del fármaco tuvo un aporte claro al desenlace fatal, que fueron al menos 76.
Por su parte, el Colegio de Médicos bonaerense declaró el estado de alerta ante la circulación del fentanilo contaminado y exigió un fortalecimiento inmediato de los controles sobre la producción y distribución de medicamentos. En un comunicado, los profesionales de la salud recordaron que el fentanilo es un opioide de uso hospitalario con margen terapéutico estrecho, y que cualquier adulteración puede resultar letal con mínimos cambios en su composición.
Finalmente, el Ministerio de Salud de la Nación fue apartado como querellante en la causa por decisión judicial, bajo el argumento de que sus exposiciones no eran suficientes para mantener la legitimación como acusador particular. Esa decisión provocó críticas al rol institucional de la cartera sanitaria y puso foco en la ANMAT, el organismo regulador que debe auditar y controlar la calidad de los medicamentos.
