El Congreso se prepara para una semana de alta intensidad legislativa, con actividad plena en ambas Cámaras para avanzar con parte del temario convocado durante el período de sesiones extraordinarias. Tras una primera semana marcada por el recambio legislativo y la presentación del proyecto de reforma laboral, el oficialismo buscará recuperar el tiempo y activar el tratamiento de las iniciativas centrales antes de fin de año.
Si bien el período extraordinario quedó formalmente inaugurado el 10 de diciembre, los días posteriores estuvieron concentrados en el análisis inicial de la reforma laboral presentada por el Poder Ejecutivo el jueves 11. En ese marco, no se activaron las comisiones como se había previsto, lo que postergó el inicio del debate del Presupuesto 2026 y de la ley de Inocencia Fiscal en la Cámara de Diputados.
La expectativa inicial del Gobierno era aprovechar esa primera semana para poner en marcha las comisiones y llegar con dictámenes al recinto, pero sobre la marcha se decidió también avanzar con la agenda del Senado, especialmente con la reforma laboral. Esa definición complejizó el cronograma y retrasó el tratamiento de los proyectos más relevantes.
En concreto, este lunes se realizarán reuniones constitutivas de las comisiones de Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, previstas para las 16 y 17 horas respectivamente. Allí se definirán las fechas de tratamiento del Presupuesto 2026 y de la ley de Inocencia Fiscal, con la intención de emitir dictamen en forma rápida.
La estrategia de La Libertad Avanza apunta a que, una vez firmados los dictámenes el martes 16, los proyectos sean llevados al recinto en sesiones previstas para el miércoles 17 y jueves 18, o bien concentrar el debate en una sesión maratónica. El objetivo es completar la agenda de Diputados antes de las fiestas y dejar el tramo final en manos del Senado.
En paralelo, la Cámara alta tendrá este martes una reunión de Labor Parlamentaria para organizar el trabajo de las próximas semanas. Allí se definirá la integración de las comisiones necesarias para tratar la Modernización Laboral, el Presupuesto y otros proyectos incluidos en extraordinarias, como la modificación de la Ley de Glaciares y reformas al Código Penal.
El tratamiento de la reforma laboral aparece como uno de los ejes más sensibles en el Senado. El interbloque de Unión por la Patria anticipó que buscará extender el debate mediante la realización de reuniones informativas, mientras que el oficialismo pretende acotar la cantidad de expositores para acelerar la firma del dictamen.
Desde el Gobierno nacional, Patricia Bullrich advirtió que muchos de los actores ya participaron de instancias previas como el Consejo de Mayo y ratificó la intención de avanzar con un tratamiento rápido. La exministra asumirá esta semana la presidencia de la comisión de Trabajo y Previsión Social, donde se definirá el cronograma del debate.
En ese contexto, el oficialismo enfrenta el desafío de reunir los votos necesarios en la Cámara alta, donde cuenta con 21 senadores propios y necesita sumar aliados para alcanzar la mayoría. La discusión del Presupuesto 2026 en Diputados aparece como una pieza clave para negociar apoyos con los gobernadores, en un escenario atravesado por tensiones fiscales y demandas de las provincias.
Gremiales marchan al Congreso
El viernes pasado, la CTA de los Trabajadores y la Autónoma se declararon en estado de movilización permanente ante el envío al Senado del proyecto de reforma laboral y denunciaron que la iniciativa “no moderniza el mercado de trabajo, sino que busca precarizar el empleo”.
En ese contexto, las organizaciones sindicales convocaron a una movilización nacional el 18 de diciembre, junto a la Confederación General del Trabajo (CGT), en Plaza de Mayo y en todas las plazas del país, con el fin de exigir que el Congreso rechace la reforma laboral.
En su pronunciamiento, las dos centrales obreras remarcaron que el proyecto oficial pretende transferir al Estado los costos de despido, desfinanciar el sistema previsional y permitir un “manejo más flexible” de las relaciones laborales por parte de los empleadores, lo que, en su análisis, constituye un retroceso de décadas en materia de protecciones laborales.
