La oposición peronista encarnada en la coalición de Fuerza Patria, cuestionó el nuevo esquema tarifario que impulsa el gobierno de Javier Milei, y advirtió que los usuarios sin subsidio podrían pagar por encima del costo real de la energía. La polémica se activó tras la Resolución 484/2025, que abrió una consulta pública sobre las tarifas de electricidad y gas, a partir del próximo año.
En ese marco, la diputada del Frente Renovador, Jimena López, presentó observaciones formales al texto oficial y sostuvo que el rediseño habilita cargos adicionales dentro de las boletas. Según planteó la legisladora nacional, el esquema excede un reordenamiento de subsidios y avanza sobre una lógica impositiva que no pasó por el Congreso.
“No se trata de un simple reordenamiento de subsidios, sino de la instalación de un impuesto encubierto dentro de la boleta de luz y gas”, sostuvo López, quien además apuntó contra la definición de “usuarios sin subsidio” y denunció que el esquema prevé un cobro superior al costo mayorista del servicio.
El Informe Técnico que acompaña la resolución, proyectó que en el 2026 los usuarios de mayores ingresos y los consumos que excedan el bloque básico abonarían, en promedio, el 103,4% del costo mayorista. El documento justificó esa diferencia como una contribución destinada a cubrir costos fijos del sistema, infraestructura y programas de eficiencia energética.
En tanto, desde la Secretaría de Energía que conduce María Tettamanti rechazaron la interpretación y desmintieron la existencia de sobrecargos en las tarifas. En ese sentido, funcionarios de la cartera nacional aclararon que el nuevo porcentaje surge de una estimación técnica incluida como anexo de trabajo, y no de una decisión tarifaria concreta.
“Ese 103,4% no es un cargo ni una decisión tarifaria. La decisión del Gobierno es clara: los usuarios N1 y los excedentes de consumo no van a pagar más del 100% del costo de la energía”, señalaron desde el área oficial.
Sin embargo, el organismo admitió que la discusión se da en el marco de una recomposición de precios tras años de subcobertura del sistema eléctrico que reconoció solo una fracción del costo real, y defendió la actualización como parte de una normalización gradual.
Finalmente, especialistas del sector explicaron que la controversia surge de la diferencia entre los cálculos estimados y los costos reales finales. Al respecto, el economista del Instituto Argentino de Energía Gral. Mosconi, Julián Rojo, señaló que los valores fijados por CAMMESA pueden arrojar resultados superiores al 100% sin implicar una decisión explícita de recargo.
El cálculo del costo energético vuelve a tensar el esquema de tarifas y subsidios
Vale recordar que a fines de noviembre, el Gobierno nacional abrió la etapa de consulta pública para implementar el nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados, que reemplazará desde este 1° de enero de 2026 a la segmentación por niveles N1, N2 y N3. La Secretaría de Energía, habilitó por quince días un canal para que usuarios y entidades presenten observaciones sobre el esquema que redefinirá el alcance de tarifas y subsidios.
La actual conducción libertaria explicó que el nuevo régimen dividirá a los hogares entre quienes recibirán subsidio y quienes pagarán tarifa plena, en función de los ingresos, el patrimonio y la situación socioeconómica. Según precisaron las autoridades nacionales, los beneficiarios accederán a una bonificación sobre el precio de la energía, mientras que el resto de los usuarios afrontará el costo pleno del servicio.
En tanto, el Ejecutivo de Javier Milei también confirmó que la asistencia alcanzará a los hogares con ingresos inferiores a tres canastas básicas totales, equivalentes a $3.641.397 mensuales, y que la aplicación será automática. La administración nacional aclaró que el cruce de datos se realizará a través del Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE), sin necesidad de trámites adicionales por parte de los usuarios.
En paralelo a la consulta pública, el Gobierno dispuso un aumento del precio mayorista del gas que se trasladará a las boletas desde enero de 2026, a partir de una resolución oficial. La medida volvió a poner en agenda el esquema de tarifas y subsidios, ya que incluso los usuarios alcanzados por bonificaciones podrían sentir el impacto, en un contexto de transición hacia un modelo más acotado de asistencia estatal.
