La Cámara de Diputados se prepara para tratar esta semana la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, que ya obtuvo media sanción en el Senado, mientras el Gobierno nacional busca acelerar el cronograma para convertirla en ley antes del inicio de las sesiones ordinarias.
Por eso, el proyecto de reforma laboral que ya cuenta con el visto bueno del Senado será debatido el miércoles en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados y, de obtener dictamen, pasará al recinto al día siguiente, en un escenario atravesado por objeciones opositoras y negociaciones a contrarreloj con los bloques aliados y los gobernadores del interior.
Es que, la estrategia de La Libertad Avanza contempla un plenario conjunto de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda convocado para el miércoles 18 de febrero a las 14, con el objetivo de firmar dictamen y habilitar su tratamiento de la reforma laboral en el recinto el jueves. En tanto, el oficialismo cuenta con 95 diputados propios, por lo que necesita al menos 34 legisladores adicionales para garantizar quórum y aprobación, un número que obliga al Ejecutivo articular acuerdos con bloques aliados y espacios provinciales.
El antecedente inmediato es la media sanción obtenida en el Senado, donde el respaldo se consiguió tras intensas gestiones políticas encabezadas por el ministro del Interior, Diego Santilli, quien negoció apoyos con representantes provinciales, mientras algunos senadores peronistas optaron por la abstención. En la Cámara baja, la Unión Cívica Radical (UCR), que cuenta con seis diputados, adelantó que su acompañamiento sería probable al considerar que “el debate se agotó en la Cámara alta”.
No obstante, los diputados del PRO, aliado estratégico del oficialismo, anticiparon que insistirá en introducir modificaciones en el artículo que obliga a las empresas a depositar los salarios exclusivamente en cuentas bancarias, lo que impediría el cobro a través de billeteras virtuales. Desde la Casa Rosada argumentan que las fintech no cuentan con estándares de solvencia ni con responsabilidad patrimonial equiparable a la de los bancos, y que el salario, por su carácter alimentario, requiere la máxima protección para el trabajador.
La controversia por los pagos digitales se profundizó luego de que el oficialismo decidiera retirar el artículo 35 del proyecto, que habilitaba el cobro mediante billeteras virtuales, luego de que la Cámara Argentina de Fintech sostuviera que nueve de cada diez argentinos respaldan esa modalidad y que entre los jóvenes ocho de cada diez la consideran más práctica, al tiempo que afirmó que “el salario pertenece al trabajador”, y que la decisión sobre dónde cobrarlo debería ser personal.
En contraposición, la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABBAPRA) cuestionó la posibilidad de habilitar cuentas virtuales para el pago de haberes, al señalar que esas herramientas no tienen respaldo del Banco Central ni capacidad financiera suficiente para garantizar los salarios en caso de demoras o insolvencia empresarial, un argumento que fue central para que el oficialismo excluyera la disposición del texto final que llegará al recinto.
Otro de los puntos que genera tensión en el texto de la reforma laboral es el régimen de licencias por enfermedad, ya que el artículo 44 del texto aprobado por el Senado establece que los trabajadores que sufran accidentes o enfermedades no vinculadas al trabajo percibirán el 50% de su salario básico durante tres o seis meses, según tengan personas a cargo.
Además, la reforma laboral contempla la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que implica descuentos en contribuciones patronales para financiar indemnizaciones, así como la derogación del Estatuto del Periodista y otros estatutos profesionales a partir del 1° de enero de 2027, junto a una reducción parcial del sistema indemnizatorio.
Por su parte, los bloques de diputados opositores de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda y los Trabajadores ya anticiparon su rechazo a la reforma laboral, mientras que Provincias Unidas analiza objeciones específicas vinculadas al FAL, al Régimen de Incentivo a Medianas Empresas y a la desfinanciación del INCAA, pero no descarta acompañar la aprobación del proyecto en general.
Hasta el momento, el Ejecutivo mantiene su postura de no aceptar cambios sustanciales y apunta a sancionar el proyecto en Diputados antes del 1° de marzo, fecha de apertura de sesiones ordinarias, con la intención de exhibir la aprobación como uno de los hitos legislativos de la agenda de reforma laboral que impulsa la administración de Milei, en un clima parlamentario que combina negociaciones intensas, diferencias internas en los bloques aliados y una oposición que ya anticipa un debate áspero en el recinto.
Con la reforma laboral a mitad de camino, el Gobierno busca aprobar un financiamiento universitario
En las últimas horas, el Gobierno nacional ordenó prorrogar el período de sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero y comenzó a presionar para incluir en el debate una reforma del financiamiento universitario, a fin de priorizar la “vialidad fiscal” de los presupuestos de las casas de altos estudios.
Es que, a principios de febrero, había trascendido que el Ejecutivo nacional había comenzado a negociar con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) una reforma en el financiamiento universitario, con el objetivo de garantizar su viabilidad fiscal y darles respuesta a los reclamos del sector.
La rueda de negociaciones habría comenzado a mediados de enero, en la previo del ciclo lectivo 2026, con la idea de evitar una nueva serie de conflictos, tras la polémica por el veto a la ley de financiamiento universitario que desembocó en varias marchas federales durante 2025.
En ese contexto, la administración de Milei confirmó que incorporará un proyecto de financiamiento universitario al temario de las sesiones extraordinarias, luego de que el Ejecutivo apelara la resolución del juez Martín Cormick, quien ordenó la actualización de los fondos previstos por la ley de financiamiento vigente.
