El Gobierno nacional, a cargo de Javier Milei, vuelve a reavivar la contienda con las casas de altos estudios, al negociar una nueva ley de reparto de fondos a fin de priorizar la “vialidad fiscal” de los presupuestos universitarios.
Según trascendió de Casa Rosada, el Ejecutivo habría comenzado a negociar con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) una reforma en el financiamiento de los presupuestos universitarios, a fin de garantizar su viabilidad fiscal y darles respuesta a los reclamos.
La rueda de negociaciones habría comenzado a mediados de enero, en la previo del ciclo lectivo 2026, con el objetivo de evitar una nueva serie de conflictos, tras la polémica por el veto a la ley de financiamiento universitario que desembocó en varias marchas federales.
Vale recordar que, el conflicto escaló notablemente entre 2024 y 2025, cuando masivas movilizaciones estudiantiles y gremiales tomaron las principales ciudades, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y réplicas en distintas provincias.
En una segunda Marcha Federal Universitaria, en octubre de 2024 y una nueva protesta el 17 de septiembre de 2025 bajo el lema “Si hay veto, hay marcha”, cientos de miles de personas salieron a las calles para rechazar la decisión del jefe de Estado libertario.
Ahora, para encauzar la situación y evitar una profundización del conflicto tanto en el plano legal como en el judicial, la estrategia oficial apunta a elaborar una ley que no derogue el esquema financiero actual, sino que lo modifique, buscando los consensos políticos.
Así, desde la Secretaría de Educación, bajo la órbita del super Ministerio de Capital Humano, que comanda Sandra Pettovello, subrayaron su compromiso“por alcanzar una solución que otorgue no solo recursos, sino también seguridad jurídica a las universidades”.
En este contexto, el secretario de Educación Carlos Torrendel y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron una reunión con Carlos Greco y Franco Bartolacci, presidente y vicepresidente del CIN, para comenzar a tejer respaldos institucionales al proyecto antes de su presentación parlamentaria.
Durante el encuentro, Greco calificó la reunión como “de acercamiento en la dirección correcta”. “Nos vamos con expectativa de que podremos avanzar en la resolución de algunos de las demandas que tenemos”, señaló.
Por su parte, Bartolacci destacó que persisten “muchos temas que quedan por resolver”, aunque consideró el diálogo “un paso en la dirección correcta”, en lo que respecta a los presupuestos universitarios.
En efecto, la nueva ley pretende responder a la demanda de previsibilidad fiscal, reclamada por el Gobierno, y de garantías jurídicas, solicitadas por el sector universitario.
Para agilizar el trámite y evitar nuevas confrontaciones públicas, el Gobierno busca la sanción de una norma que resuelva la negociación presupuestaria y cierre los frentes legales en una única instancia parlamentaria.
El recorte de Milei a los presupuestos universitarios: los detalles
Desde su asunción, la administración mileísta redujo de manera sostenida los recursos destinados a la educación superior en general. Por caso, con la sanción del Presupuesto 2026, los presupuestos universitario serán uno de los más bajos de las últimas dos décadas.
En detalle, los presupuestos universitarios sufrirán una caída real de alrededor del 34% respecto a 2023 y una disminución de fondos incluso frente a 2025, pese a aumentos nominales.
En efecto, el Estado destinaría aproximadamente 0,47% del PBI a las universidades, un porcentaje históricamente bajo, al mismo tiempo que el Ejecutivo realizará fuertes reducciones en becas, ciencia y tecnología.
A esta crítica situación, se le suma la caída sostenida del gasto real universitario, que ya había registrado descensos de más del 30% respecto a 2023, con recortes puntuales como la reducción de transferencias directas a las casas de estudio por miles de millones de pesos en 2025.
También, desde las universidades denunciaron recortes de hasta 30% en presupuestos de hospitales universitarios, lo que desembocó en marchas de toda la comunidad educativa, que advirtió que los recortes comprometen el funcionamiento, el salario real de docentes y el acceso a una educación pública de calidad.
