Mientras la Cámara de Diputados nacional debate el Presupuesto 2026 en sesiones extraordinarias, las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) denunciaron que sus hospitales universitarios recibirán 30% menos de fondos en términos reales según la “ley de leyes impulsada” desde el oficialismo.
En ese sentido, el Consejo Superior de la UBA manifestó su preocupación por el normal desempeño en el año que viene de instituciones emblemáticas, como el Hospital de Clínicas General San Martín, el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo y el Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari, que cada año asisten a más de 700.000 pacientes y funcionan también como espacios claves de formación.
Según la casa de altos estudios, el insuficiente incremento nominal destinado a los gastos de funcionamiento, sumado al recorte del 30% y a la proyección de una nueva caída en los salarios, profundizará una situación de “ahogo presupuestario que desde hace meses mantiene en emergencia a la universidad y a buena parte de las casas de estudio del país”.
Asimismo, en la resolución del Consejo Directivo de la UBA se puso el foco en la declaración previa de emergencia salarial y señaló que la suma de desactualización en las partidas y el ajuste sobre hospitales puede socavar irreversiblemente la calidad de la educación universitaria y el acceso a servicios de salud esenciales.
A modo de ejemplo el secretario de Hacienda de la UBA, Matías Ruiz, explicó que el dictamen de mayoría fija para todo el sistema de hospitales universitarios una partida inferior a los $80 mil millones, una cifra que resulta incluso menor, en términos nominales, a lo que recibió solo la entidad universitaria durante este año.
El repudio al proyecto de derogación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario (Ley 27.795) también ocupa un lugar central en el comunicado institucional. Según la universidad, dar marcha atrás con esa norma “agravaría aún más” la ya crítica situación de las universidades nacionales y representaría un retroceso en derechos y transparencia presupuestaria que costó décadas de debates parlamentarios y movilización social conquistar.
En detalle, proyecto de Presupuesto 2026 proyecta un crecimiento del PBI del 5% para 2026 y una inflación anual de 10,1%. No obstante, uno de los cambios a la redacción original que más polémica causó entre la oposición fue la incorporación de un artículo, que propone la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitaria, votadas este año por el Congreso.
Es preciso mencionar que, la ley de financiamiento universitario tenía como objetivo recomponer los salarios docentes y no docentes según la inflación; la actualización de los gastos de funcionamiento y la creación de fondos destinados a infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas.
Presupuesto 2026: La Libertad Avanza busca la media sanción
Al inicio de la sesión de este miércoles, la oposición reclamó que el tratamiento en particular del proyecto de Presupuesto 2026 se vote de forma nominal, artículo por artículo, para que el referido artículo 75, que deroga las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, no quede mezclado con otros artículos relacionados con subsidios al gas o la actualización de las prestaciones por discapacidad.
Según manifestó el diputado de Fuerza Patria, Germán Martínez, “hay que ir a una votación por artículo a demanda de los legisladores; así se trabaja con el presupuesto”. “No hay que camuflarse más para perjudicar a los discapacitados, la comunidad universitaria y las escuelas técnicas”, indicó.
No obstante, la moción presentada por el jefe del bloque libertario en la Cámara baja nacional, Gabriel Bornoroni, terminó siendo aprobado por 130 votos afirmativos contra 112 en contra, por lo que la votación del Presupuesto 2026, que se espera para cerca de la medianoche, será por capitulos.
Además de la ley de leyes, el temario de este miércoles en Diputados incluye también los expedientes de “inocencia fiscal” y el que castiga con penas de prisión a los gobiernos distritales y legisladores que aprueben y eleven presupuestos con déficit fiscal.
