Docentes nucleados en la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) vuelven a encabezar este miércoles un paro nacional, luego de que el presidente Javier Milei promulgará sin aplicación la ley de financiamiento universitario.
En la misma línea, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) inició este martes un paro nacional de 48 horas, acompañado de una marcha a Plaza de Mayo de la que también participarán jubilados y personal de salud del Hospital Garrahan.
“La dilación del Gobierno sólo genera más tensión y malestar”, advirtió el secretario general de la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Exactas, Naturales y Tecnología (FAGDUT), Ricardo Mozzi, quien confirmó que las 30 facultades de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) suspenderán las clases durante los dos días de medida.
En esa línea, el dirigente gremial remarcó que “la ley está aprobada y el veto fue rechazado, el presidente tiene la obligación de promulgarla, no puede ignorar al Congreso”. “Más de la mitad de los docentes universitarios viven por debajo de la línea de pobreza”, amplió Mozzi.
En tanto, desde la Universidad de Buenos Aires (UBA), los gremios de docentes y nodocentes anunciaron que también se plegarán a las medidas de fuerza. “Ante el incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo Nacional, los trabajadores nucleados en la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales realizamos un PARO de 24 HORAS”, ratificaron.
Además, desde la casa de altos estudios adelantaron que iniciarán acciones legales de forma coordinada con el Consejo Interuniversitario Nacional y el Frente Sindical Universitario “a los efectos de la plena aplicación real y efectiva de la ley”, al tiempo que convocaron a la manifestación en Plaza de Mayo.
De esta manera, se espera que docentes, estudiantes y organizaciones sociales encabecen una nueva multitudinaria marcha para que el Ejecutivo haga efectiva la ley que ratificó semanas atrás el Congreso, por amplia mayoría.
Paro nacional: Milei posterga las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica
El Gobierno nacional de Javier Milei promulgó las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica en todo el país, pero postergó su aplicación por lo que ambas normas quedan sin efecto operativo a pesar de haber sido aprobadas y publicadas en el Boletín Oficial.
La medida fue instrumentada a través de los decretos 759/2025 y 760/2025, y difundidos en la madrugada de este martes. Según se desprende de los textos oficiales, el Poder Ejecutivo argumentó que la entrada en vigencia de las leyes generaría un impacto fiscal insostenible para las cuentas públicas en ausencia de partidas específicas.
Es preciso recordar que, la Ley de Financiamiento Universitario había sido aprobada tras el rechazo al veto presidencial previo, y busca garantizar la actualización automática de los gastos de funcionamiento del sistema universitario nacional, así como la recuperación salarial del personal docente y no docente. El mecanismo previsto fija un ajuste bimestral según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
De acuerdo a las proyecciones incorporadas en el decreto que lleva la firma de Milei, la actualización acumulada del IPC entre mayo y diciembre de 2024 representa un 34,89%, lo que implicaría un costo adicional estimado de $123.358.213.085 solo para el ejercicio vigente. En tanto, para 2025 el gasto total ascendería a $1,06 billones y para 2026 a más de $2 billones.
En materia salarial, el Ejecutivo detalló que la inflación acumulada desde diciembre de 2023 fue del 220,45% frente a una recomposición salarial del 128,49%, por lo que la equiparación demandaría un incremento del 40,25% para alcanzar el nivel inflacionario. A ello se sumaría la incorporación al básico de sumas no remunerativas y no bonificables, con un costo proyectado de $178.984 millones en 2025 y de $490.459 millones en 2026.
Además, la ley de financiamiento universitario también contempla la actualización de los programas de becas estudiantiles Manuel Belgrano y Progresar, que deberían reajustarse conforme al IPC. Así, el crédito vigente asciende a $33.041 millones, pero su adecuación supondría desembolsos adicionales superiores a los $149.454 millones.
En paralelo, la Ley de Emergencia Pediátrica apunta a fortalecer las partidas para los hospitales infantiles, garantizar insumos y recomponer los salarios de los profesionales, además de eximir del impuesto a las ganancias a los trabajadores de especialidades críticas.
En tanto, el Gobierno de Milei calculó que la puesta en marcha del régimen exigiría una inversión de $196.270 millones, un monto que supera la disponibilidad presupuestaria del Ministerio de Salud y que equivale al 30% del total nacional destinado a medicamentos y tecnología sanitaria.
Es preciso mencionar que, en los decretos la Casa Rosada remarcó que el Congreso “no identificó de manera expresa las fuentes de financiamiento” de las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, lo que contraviene la Ley 24.156 de Administración Financiera, y sostuvo que “no se avanzará con la ejecución de ninguna de las dos normas” hasta que haya previsión presupuestaria definida.
