Un puñado de gobernadores rechazó el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y convocó a las fuerzas políticas a votar en contra de la iniciativa en el Congreso. Los mandatarios de la provincia de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja y La Pampa calificaron la propuesta como un retroceso en materia de derechos laborales.
A través de un escrito oficial titulado “Trabajo, federalismo y desarrollo: el camino hacia una verdadera modernización”, Axel Kicillof, Gustavo Melella, Gildo Insfrán, Elías Suarez, Ricardo Quintela y Sergio Zilliotto fijaron su posición y sostuvieron que la reforma libertaria, “debilita derechos individuales y colectivos en un contexto nacional y mundial de creciente incertidumbre laboral”.
Si bien los firmantes aclararon que no rechazan cualquier cambio en la normativa vigente, sí diferenciaron el paquete en debate de otras posibles reformas. Los dirigentes peronistas sostuvieron que una eventual reforma laboral debe actualizarse frente a los cambios tecnológicos, productivos y sociales, aunque advirtieron que ninguna transformación puede implicar el desmantelamiento de derechos ya conquistados.
En ese sentido, los gobernadores señalaron que la llamada Ley de Modernización Laboral, que ya obtuvo media sanción en el Senado y este jueves se tratará en la Cámara de Diputados, consolida la desprotección de los trabajadores. Al mismo tiempo, los mandatarios provinciales recordaron que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya fijó lineamientos claros para una actualización laboral basada en más derechos, mayor formalización y diálogo social, en sentido contrario a la iniciativa libertaria.
Por otra parte, los líderes del interior también cuestionaron los argumentos del oficialismo sobre la creación de empleo al asegurar que experiencias previas de flexibilización laboral no generaron más trabajo, ni tampoco promovieron la formalización. Además, los opositores del gobierno de Javier Milei advirtieron que el proyecto facilitará despidos y trasladará riesgos e incertidumbre hacia los trabajadores.
Vale recordar que, una de las principales preocupaciones de la oposición y el sector sindical radica en la posibilidad de habilitar reducciones salariales o limitaciones de derechos en situaciones de enfermedad. Sobre este punto, los gobernadores señalaron que este tipo de disposiciones representan retrocesos en estándares de protección construidos durante décadas, por lo que llamaron a frenar la iniciativa.
En otro tramo del documento, los mandatarios definieron la reforma laboral libertaria como “profundamente antifederal”, puesto que entre sus principales modificaciones establece efectos que impactarán de manera directa sobre las economías regionales y las provincias productivas, sin contemplar particularidades territoriales ni abrir instancias de diálogo con los gobiernos subnacionales.
Finalmente, los firmantes vincularon la iniciativa con el rumbo económico de la actual gestión nacional. Por caso, los gobernadores afirmaron que el plan económico que impulsa Luis Caputo provocó la caída de 21 mil empresas y casi 300 mil puestos de trabajo, y concluyeron con su rechazo a la reforma laboral al sostener que la Argentina necesita ampliar derechos y promover empleo formal en el marco del diálogo democrático.
Milei apura la reforma laboral, mientras crece el conflicto con los Gobernadores
El gobierno de Javier Milei busca sancionar la reforma laboral el próximo 27 de febrero y activó un cronograma legislativo contrarreloj para cumplir con su objetivo. El oficialismo aceptó introducir modificaciones al texto aprobado por el Senado y el proyecto deberá volver a la Cámara alta para su sanción definitiva.
La Libertad Avanza decidió eliminar el artículo 44, que limitaba las licencias médicas, luego de la presión de bloques opositores y de aliados como el PRO y parte del radicalismo. El Ejecutivo libertario encontró resistencia en sectores dialoguistas a aprobar sin cambios el artículo que modifica el régimen de accidentes y enfermedades de la Ley de Contrato de Trabajo, por lo que resolvió suprimirlo.
El conflicto se centró en el punto que establecía que, ante una enfermedad o accidente no vinculado al trabajo, el empleado cobraría el 50% de su salario durante tres meses, o seis si tiene personas a cargo, si la imposibilidad surgía de una actividad voluntaria y riesgosa. En ese marco, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, intervino en el debate público, mientras que la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, reconoció que la redacción fue “un error” del Gobierno.
Finalmente, las filas libertarias buscan obtener dictamen en Diputados y aprobar el proyecto en el recinto para remitirlo nuevamente al Senado, donde intentarán cerrar el trámite antes del 1° de marzo, cuando el Presidente dé inicio al período legislativo ordinario. Por su parte, La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados y 21 senadores, por lo que dependerá del respaldo de bloques dialoguistas para alcanzar los 129 votos en la Cámara baja y los 37 en la Cámara alta.
