Durante la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados, el oficialismo y parte de la oposición despachó el proyecto de ley consensuado por el peronismo, el radicalismo y el PRO para ampliar el esquema del Tribunal Fiscal de Apelaciones y para crear una nueva tasa recaudatoria en la órbita de ese organismo. La iniciativa será votada en la sesión de la semana que viene.
La normativa lleva la firma del titular del bloque peronista, Facundo Tignanelli, del presidente de la bancada radical, Diego Garciarena, del líder del PRO, Alejandro Rabinovich, y del referente de Unión y Libertad, Martín Rozas. El texto tiene su origen en diciembre de 2025, cuando se produjeron las negociaciones para aprobar el pedido de endeudamiento de Axel Kicillof. De ahí la novedad de una propuesta consensuada por el oficialismo y el ala dura de la oposición.
El proyecto tiene el objetivo de “optimizar el funcionamiento jurisdiccional” del órgano de revisión encargado de resolver los conflictos entre los contribuyentes y la administración fiscal de la provincia de Buenos Aires, y “dotarlo de herramientas que contribuyan a una prestación más eficiente del servicio de justicia administrativa tributaria”. Asimismo, instituye la aplicación de la Tasa de Actuación del 0,60% como contraprestación por el servicio de jurisdicción administrativa especializado.
Durante la reunión en comisiones, el diputado de La Libertad Avanza, Pablo Morillo, comentó las razones de por qué su bloque votó en contra de la iniciativa, a contramano de todas las bancadas que componen el cuerpo, que se manifestaron a favor. “Consideramos que el proyecto amplía los cargos y beneficios del Tribunal Fiscal sin justificar su necesidad eh ni estimar su costo”, manifestó.
En esa línea, el alfil libertario también cuestionó la creación de una nueva tasa al alegar que su aplicación “puede limitar el derecho de defensa de PyMES y personas humanas”, y sostuvo que la falta de pago de esa carga impositiva “convertiría la apelación en un recurso en un recurso ante la propia autoridad“. En otras palabras, Morillo asegura que, si el individuo no puede pagar la tasa para acceder al Tribunal Fiscal de Apelaciones, se produciría una contradicción ya que quedarían condicionados a recurrir a ARBA, que es la autoridad fiscal que dictó la resolución cuestionada.
Ante estas críticas, la titular de la comisión, la kicillofista Lucía Iañez, salió a aclarar que estas tasas ya existen en otras provincias y que servirán para actualizar los salarios del organismo, sin la necesidad de que el Gobierno produzca nuevas erogaciones para financiar los sueldos del Tribunal Fiscal de Apelaciones. Justamente, una de las modificaciones en relación al texto original, es la redacción de un nuevo artículo para que lo recaudado por la carga impositiva solo sirva para pagar remuneraciones.
“Este tema fue bastante charlado, está firmado por muchos bloques el proyecto, hay otros tribunales que tienen esa tasa. Estamos hablando de muy pocas empresas que tienen incidencia, que en general son las mismas que litigan ante el Tribunal Fiscal. Cada vez que vas al Tribunal de alguna manera evitas o estás apelando la consideración respecto al pago de una determinación de oficio”, explicó Iañez.
En esa línea, el massista Alexis Guerrera detalló la importancia de crear una tasa al mencionar los casos de los matriculados profesionales que tuvieron que cesar su ejercicio para formar parte del Tribunal Fiscal de Apelaciones. Sucede que, hasta antes de diciembre, el organismo funcionó con un solo vocal, Carlos Carballal, y las otras 8 sillas fueron ocupadas durante años por abogados y contadores a través de un sistema rotativo.
“Ellos renunciaron a ejercer como abogados y a ejercer como contadores, y la Provincia les paga $1.400.000. Hay muchos que vienen del interior de la Provincia. En su momento los que estaban antes cobraban como un juez de Cámara. Hoy tratamos esta ley para que tengan algo más, por lo menos para pagar el viaje, el almuerzo, para que puedan vivir”, manifestó el Vicepresidente de la Cámara de Diputados.
Según Iañez, la ley contempla un sistema de reemplazos del que forman parte representantes del Colegio de Abogados y contadores. Como las vacantes se extendieron en el tiempo, en los últimos años el Tribunal Fiscal no mantuvo una postura unificada en sus fallos dado que constantemente cambiaba de integrantes.
“Es muy importante la seguridad jurídica del Tribunal Fiscal, es el grado de apelación de las determinaciones de oficio de la Provincia, en el caso de de particulares pero principalmente de las empresas. Si no salen los fallos, la Provincia no recauda, se prescriben las deudas, incluso en condiciones en muchos casos de enorme evasión por parte de algunas empresas. Se completan con otros actores que no tienen nada que ver con el tribunal”, precisó la oriunda de La Plata.
De qué trata la reforma del Tribunal Fiscal de Apelaciones que será tratado en Diputados
En primer término, la propuesta, que será votada en el recinto el próximo martes 29 tras también recibir el despacho de la comisión de Presupuesto, aumenta de 1 a 3 la cantidad de relatores que asisten a los nueve vocales integrantes del organismo, por lo que se crearían 18 nuevos puestos laborales. “Cada vocal será asistido por hasta tres relatores, con título de abogado o contador, teniendo al menos uno de ellos título profesional diferente al de quien asista”, establece el proyecto.
Asimismo, la reforma al decreto ley 7603/70 contempla la incorporación de un mecanismo que permite prescindir del tercer voto cuando exista coincidencia de fundamentos entre los dos primeros vocales. Según precisaron los diputados del oficialismo y la oposición, este cambio se inspira en el funcionamiento de los tribunales colegiados del Poder Judicial bonaerense. “Redunda en una mayor celeridad sin menoscabo de las garantías del debido proceso”, indicaron.
En detalle, el Tribunal Fiscal de Apelación de la provincia está compuesto de nueve vocales, los cuales son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de ambas Cámaras, y divididos en tres salas, integradas por dos abogados y un contador público. Entre sus funciones, está la de resolver apelaciones referidas a la imposición de multas o reclamos vinculados al Catastro provincial.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de la “Tasa de Actuación ante el Tribunal Fiscal de Apelación”, que se calculará sobre el importe de los saldos del impuesto determinado en la apelación y/o el monto correspondiente a multas aplicadas. En detalle, fija una alícuota general del equivalente al 0,60% aplicable sobre la base imponible determinada.
“Su configuración responde a la naturaleza propia de las tasas retributivas de servicios. La cuantía prevista procura mantener una incidencia económica razonable y proporcional respecto de la pretensión discutida, evitando que constituya un obstáculo para el acceso a la jurisdicción administrativa tributaria”, argumentaron los diputados de Fuerza Patria, el PRO, UCR y Unión y Libertad.
Por último, el proyecto crea el “Fondo de Jerarquización y Especialización Técnico-Tributaria (FOJET)” para el personal del Tribunal Fiscal de Apelación, donde el 100% de lo recaudado por la tasa de actuación será destinado a “financiar procesos de modernización tecnológica, adquisición de equipamiento y capacitación continua de magistrados y agentes”.
En concreto, el Tribunal Fiscal de Apelación es un organismo autárquico que funciona como una suerte de “árbitro” especializado entre el Estado y los contribuyentes. Cuando la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) reclama una deuda impositiva o aplica una multa a una empresa o a un particular y estos no están de acuerdo, pueden recurrir al organismo. Su función es revisar el caso y resolver la controversia dentro del ámbito administrativo, actuando como un filtro antes de que el conflicto llegue a los tribunales ordinarios y derive en un proceso judicial más largo y costoso.
