Durante una conferencia llevada a cabo en el municipio de Olavarría, el juez de la Suprema Corte bonaerense, Daniel Soria, emitió una señal de alerta por la falta de avances en la Legislatura bonaerense para tratar los pliegos que permitan cubrir las cuatro vacantes del máximo tribunal provincial.
“La ley orgánica establece que son siete y hace tiempo ya que está con vacantes. Hoy no existe es doctrina legal, y la Suprema Corte bonaerense tiene que fijar jurisprudencia dar certidumbre y seguridad jurídica. Eso con una integración aleatoria no se puede lograr”, manifestó el magistrado.
En ese sentido, Soria manifestó la necesidad de cubrir en el corto plazo las vacantes en la Corte bonaerense al indicar que la Constitución provincial fija claramente el plazo para remitir las propuestas: “Es exiguo, son 15 días después de producida cada vacante, son cargos críticos”. Actualmente, y como solución transitoria, el tribunal está obligado a convocar a jueces de Casación para que integren fallos.
En un mensaje por elevación hacia la Legislatura bonaerense, el juez de la Suprema Corte indicó que “a veces los acuerdos políticos no se dan y hay que esperar que se tome conciencia que un cuerpo político como la Corte que necesita pluralidad de voces, de especialidades y miradas se integre”. “Deberían haberse efectuado las propuestas y hay que tratarlas”, remarcó.
Tras la salida del ministro Luis Genoud en junio de 2024, la Corte bonaerense está próximo a cumplir dos años con sólo tres de los siete integrantes. Esto dejó al órgano reducido y con presión institucional para su recomposición. “Es necesario dar certidumbre, seguridad jurídica y eso con una integración aleatoria no se puede lograr” concluyó Soria.
La designación de nuevos jueces requiere del aval del gobernador bonaerense, en este caso, Axel Kicillof y del voto afirmativo de la mayoría absoluta del Senado provincial, tal como lo establece el artículo 175 de la Constitución de la provincia, sin embargo, las internas dentro del oficialismo y las diferencias entre los bloques de la oposición han impedido que se avance en ese proceso.
Es preciso mencionar que, las palabras del magistrado fueron en el marco de una recorrida junto al intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, por las obras del Polo Judicial en el municipio que ya se encuentra en la etapa final de obra. Allí tendrán funciones las dependencias del Ministerio Público.
La Corte bonaerense oficializó el convenio con el Ministerio de Seguridad
La Suprema Corte bonaerense oficializó este jueves la aprobación del “Convenio de Coordinación Interinstitucional” con el Ministerio de Seguridad provincial, un convenio que establece el protocolo para la “custodia y seguridad” en edificios judiciales.
En ese sentido, la resolución publicada en el Boletín Oficial fue firmada por los tres integrantes de la Corte bonaerense: Hilda Kogan (presidenta) y los ministros Sergio Torres y Daniel Soria.
De esta manera, los organismos judiciales y/o funcionarios de la Jurisdicción Administración de Justicia que actualmente cuenten con servicios de seguridad prestados por personal policial deberán adecuaren los próximos 15 días su situación a los términos del convenio de Coordinación Institucional con la cartera de Seguridad.
Es preciso mencionar que, el convenio avanzó tras el reciente ataque por un grupo de 20 personas contra el edificio donde funcionan los Juzgados de Garantías N° 4 y N° 5 de San Martín, el cual incluyó amenazas a trabajadores y contra el magistrado a cargo de esa dependencia, Nicolás Schiavo.
En detalle, el convenio entre el máximo tribunal provincial y la cartera de Seguridad tiene el propósito de establecer las pautas “para formalizar los requerimientos y la asignación del personal policial destinado a la prestación del servicio de custodia y seguridad en los edificios donde funcionan las distintas dependencias judiciales”.
Según establecen las cláusulas del acuerdo, los magistrados podrán solicitar con directamente al Ministerio a cargo de Javier Alonso con carácter excepcional el servicio de seguridad, “debiendo informar de manera inmediata dicha gestión a la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales”.
“La Corte bonaerense se compromete a concentrar los requerimientos de personal policial necesarios para la cobertura del servicio de custodia y seguridad en las dependencias judiciales y a transmitirlos al Ministerio por los canales, procedimientos y formalidades que se establezcan en los protocolos que se definan al efecto”, añade la resolución oficializada este jueves.
