La Confederación General del Trabajo (CGT) formalizó una presentación judicial para intentar frenar la reforma laboral aprobada por el Congreso y promulgada por el Gobierno nacional. La central obrera interpuso un amparo ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo del juez Enrique Lavie Pico, con el objetivo de que la norma sea declarada inconstitucional.
El planteo fue impulsado por la conducción de la CGT y está firmado por los integrantes del triunvirato que encabeza la organización, junto a referentes de distintos sindicatos que integran la central. La acción judicial se presentó luego de la movilización que dirigentes gremiales realizaron hacia los tribunales de la calle Talcahuano para expresar su rechazo a la normativa.
Durante esa jornada, el cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, sostuvo que la central decidió recurrir a la Justicia para cuestionar la legalidad de la reforma laboral. “Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, afirmó el dirigente ante los medios presentes en el lugar.
El recurso de amparo solicita que se revise la constitucionalidad de la ley sancionada por el Senado y promulgada posteriormente por el Poder Ejecutivo. Según el planteo gremial, varios artículos de la normativa afectan derechos consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, además de disposiciones contempladas en tratados internacionales con jerarquía constitucional.
En un comunicado difundido tras la presentación judicial, la central obrera señaló que la reforma laboral vulnera principios reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por el Pacto de San José de Costa Rica. “La mal llamada ‘modernización’ significa una afectación grave de derechos colectivos e individuales, que violan expresamente principios constitucionales”, indicaron desde la organización sindical.
El escrito también advierte sobre la posible afectación del principio de progresividad en materia laboral, que establece la imposibilidad de adoptar medidas que impliquen retrocesos injustificados en derechos adquiridos. Desde la CGT sostuvieron que el nuevo régimen podría modificar garantías vinculadas a la estabilidad laboral, la negociación colectiva y la libertad sindical.
Entre los puntos cuestionados por la central obrera se encuentran los cambios en la jornada laboral y en el sistema de indemnizaciones por despido, al tiempo que la norma habilita esquemas que podrían extender la jornada de trabajo y alterar el sistema de horas extras, con impacto en el salario de los trabajadores.
La conducción sindical también objetó modificaciones vinculadas al pago de indemnizaciones y a la eliminación de sanciones para empleadores que incumplan obligaciones laborales. De acuerdo con la CGT, estas disposiciones debilitan herramientas legales que históricamente buscaron equilibrar la relación entre trabajadores y empleadores.
En ese contexto, la central obrera anticipó que continuará con acciones gremiales y judiciales contra la reforma laboral, al considerar que el nuevo marco normativo implica cambios significativos en el sistema de relaciones laborales vigente en el país.
La reforma laboral comenzó a regir para el empleo privado
Mientras la CGT avanzaba con su presentación judicial, el Gobierno nacional completó el proceso de promulgación de la reforma laboral aprobada por el Congreso. La normativa quedó formalizada como la Ley Nº 27.802, luego de la publicación del Decreto 137/2026 en el Boletín Oficial.
La medida fue firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Con esa disposición, el Ejecutivo estableció la entrada en vigencia inmediata del nuevo régimen laboral para el sector privado.
Entre las modificaciones incluidas en la ley se encuentran cambios en el cálculo de indemnizaciones por despido, la organización de la jornada laboral y aspectos vinculados a la negociación colectiva. El nuevo esquema también introdujo incentivos para la formalización del empleo y beneficios fiscales destinados a promover inversiones productivas.
Además, la normativa estableció nuevos parámetros para el pago de indemnizaciones derivadas de sentencias judiciales, habilitando su cancelación en cuotas bajo determinadas condiciones. Estos cambios forman parte del paquete de reformas que el Gobierno impulsó con el objetivo de modificar el régimen laboral vigente.
